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    Autor: Juan E. Pardinas | Medio: Reforma

    Presunta justicia

    Juan E. Pardinas | @JEPardinas | Reforma

     

    Pocas señales tan ominosas sobre el futuro de México como el juicio que enfrentan Layda Negrete y Roberto Hernández, los productores del documental Presunto culpable. Dos mexicanos valientes que denunciaron el laberinto kafkiano de los tribunales ahora se convierten en sus nuevas víctimas. Un Poder del Estado encargado de garantizar la justicia se ha convertido en un dispensador de la venganza.

    Presunto culpable salvó la vida de su protagonista y sembró millones de esperanzas entre los que asistimos a las salas de cine. Gracias a los testimonios que conforman el documental, Antonio Zúñiga se salvó de pasar una buena parte de su existencia pagando un crimen que no cometió. Al ver la película muchos espectadores intuimos que la denuncia cinematográfica catalizaría un cambio acelerado en nuestros jueces y tribunales. La película se convirtió en un fenómeno social y en un evento político. Suspirantes presidenciales, secretarios de Estado, gobernadores y congresistas compartían su indignación ante el cruel absurdo que retrata la cinta. El entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, anunció que buscaría introducir cámaras para grabar los juicios y contribuir a la implementación del sistema de juicios orales. Ahora, tres años después, Negrete y Hernández están impedidos de grabar el juicio donde se les acusa de daño moral por 3 mil millones de pesos. Quienes aplaudieron Presunto culpable, hoy abandonan a sus creadores a merced de la presunta justicia del Tribunal Superior del Distrito Federal (TSJDF).

    La calidad de una institución se puede medir por medio de la calidad de sus liderazgos. Edgar Elías Azar, presidente del TSJDF, se ofendió al ver Presunto culpable. Sin embargo, el motivo de su agravio no era que un inocente fuera a la cárcel y que un asesino estuviera en la calle, sino la imagen retratada de los jueces: “Se presenta una película editada, mutilada, manipulada. Esta película no corresponde a la realidad”. Habrá que explicarle al docto magistrado que todas las películas son editadas e incluso la Academia de Artes Cinematográficas de Hollywood entrega un premio Oscar en esta categoría. En manos de un hombre con visión y liderazgo, Presunto culpable hubiera sido el acicate perfecto para reformar el sistema de justicia del Distrito Federal. Ante la delgada piel de la mediocridad, la película resulta un improperio.

    Elías Azar tenía un obvio interés creado en defender el pundonor de su mancillado gremio. Los propios jueces son los electores que votan por quien será el presidente del Tribunal. En diciembre de 2011, diez meses después del estreno de la película, Elías Azar ganó la reelección con 61 de 79 votos posibles. Entre sus promesas de campaña, el juez-candidato se comprometió a instalar cámaras en cada uno de los juzgados penales, como un método para combatir la corrupción. Sin embargo, en el juicio en contra de Negrete y Hernández se lleva a cabo a puerta cerrada sin acceso a medios de comunicación. Elías Azar encabeza un sistema de justicia donde hay juicios sin jueces, acusaciones sin pruebas, detenciones sin orden de aprensión y mecanógrafos que omiten testimonios en los expedientes. A pesar de estas carencias, el 95% de las sentencias son condenatorias.

    Por cada inocente condenado, hay un criminal impune. Mientras no se reformen las perversiones que denunció Presunto culpable, no podremos tener una ciudad y un país seguros. Mientras los jueces no rindan cuentas de sus actos y omisiones, el derecho a la justicia será sólo una aspiración ingenua en las letras de la Constitución. El juicio contra Layda y Roberto es una batalla contundente entre dos Méxicos, el que aspira a cambiar y el que se empeña por seguir igual. Si ellos reciben una sentencia adversa, los condenados somos todos.

    Publicado por Periódico Reforma.

     

     

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