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Brasil y China

China y Brasil, dos de los competidores globales más importantes de México, están viviendo fuertes terremotos políticos ocasionados por la corrupción. Hasta febrero de este año, la purga de Beijing sumaba más de 1496 personas que han sido despedidas, investigadas o consignadas por casos de corrupción. En las 31 provincias chinas, el equivalente a nuestros estados, ha habido oficiales que han enfrentado "medidas disciplinarias graves", el eufemismo burocrático que engloba distintos tipos de transas.

En un principio se percibió que la campaña era una purga contra los adversarios políticos del premier Xi Jinping que llegó al poder a finales de 2012. Sin embargo, el empeño anticorrupción ha tocado distintas esferas de poder, sectores de la economía y todas las regiones del país más poblado del mundo. El propio Xi describió que la razón principal de esta campaña era preservar la gobernabilidad y atajar el enojo colectivo en contra de los abusos de poder: "Si fracasamos en enfrentar este asunto (la corrupción) puede provocar... el desplome del Estado".

La campaña ha atacado, en palabras de Xi, tanto a los tigres como a las moscas. La taxonomía burocrática del jefe de Estado chino equipara a los felinos con oficiales de alto rango, mientras que los insectos voladores son burócratas de jerarquía modesta.

Los Panama Papers han puesto un enorme signo de interrogación sobre el alcance y la sinceridad de los empeños anticorrupción de Beijing. La revelación periodística vincula a familiares del Politburó, el mayor órgano de autoridad del gobierno chino, con fortunas imposibles de forjar desde un cargo público. Durante muchos años la corrupción fue un elemento sustantivo de la vida política china. Como sostiene María Amparo Casar para el caso mexicano, los unos se tapaban a los otros. El pacto de impunidad generalizada parecía tan sólido, como la basta muralla que es el monumento histórico más importante de aquel país. Hasta que un día la cacería de adversarios por motivos de corrupción se convirtió en la mejor manera de ganar el aplauso público y tomar las riendas del poder gubernamental.

Mientras lees este texto, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, enfrenta un proceso de destitución en el Congreso. La acusación en su contra no es por corrupción, sino por firmar decretos de créditos adicionales para tapar el agujero fiscal del gobierno brasileño, antes de las elecciones presidenciales. Dilma es acusada de violar principios legales de estabilidad financiera, no de favorecerse personalmente del ejercicio del poder. Sin embargo, el maremoto político derivado de la persecución masiva de casos de corrupción y la profunda crisis económica han erosionado todo el capital político de la mandataria brasileña. La ridícula paradoja es que de los 513 legisladores que decidirán el futuro político de Dilma y de Brasil, 53 han sido acusados penalmente y otros 100 se encuentran bajo investigación. El líder de los diputados y principal impulsor de la destitución presidencial, Eduardo Cunha, es acusado de tener ingresos por sobornos que rebasan los 5 millones de dólares y haberle mentido al Congreso sobre supuestas cuentas en Suiza. Para cuando leas este texto probablemente Dilma habrá dejado de ser presidenta de Brasil.

En Brasil y en China había sólidos pactos de impunidad que permitían mantener altos niveles de corrupción con estabilidad política. En ambos países, cambiaron las condiciones que permitían este disfuncional equilibrio. La acumulación de casos de corrupción y la proporcional indignación popular derivó en sismos que tendrán consecuencias por varios lustros. En España, no se puede formar un nuevo gobierno por la pulverización del sistema tradicional de partidos a causa de los escándalos de corrupción y la crisis económica.

La moraleja china, brasileña y española nos dice que la impunidad sistemática en casos de corrupción es el mejor invernadero de una profunda crisis política.

Publicado por Reforma
17-04-2016