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Brújula de la incompetencia

“¿México tiene un capitalismo de cuates, donde las influencias políticas y los monopolios pesan más que la innovación y el talento empresarial?”. Hace pocas semanas, me hicieron esta pregunta en un foro en Nueva York. En el auditorio había banqueros e inversionistas que veían a nuestro país como un destino potencial para hacer negocios. Intenté elaborar una respuesta sensata y constructiva: “México sí tiene problemas importantes de monopolios públicos y privados, pero hay una masa crítica de ciudadanos, funcionarios y algunos legisladores que buscan cambiar el actual estado de cosas. De hecho en abril de 2010, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de Competencia Económica que fortalece las capacidades de nuestro organismo antimonopolios. Espero que en breve, el Senado le dé su aprobación definitiva”.
Qué equivocado estaba mi optimismo. No hay que subestimar la capacidad del senador Manlio Fabio Beltrones por descarrilar una iniciativa que estorba sus cálculos políticos. Desde la primavera, los diputados habían aprobado una legislación que le daba a la Comisión Federal de Competencia (CFC) herramientas similares a las que tienen organismos antimonopolios en países desarrollados. El Senado se negó a convocar a un periodo extraordinario de sesiones para aprobar la ley durante el verano. En noviembre se abría otra ventana para aprobar una de las reformas económicas más relevantes del sexenio.
Manlio Fabio Beltrones aprovechó esa oportunidad para meter su cuchara. Después del “éxito” de transformar a los consejeros del IFE en emisarios de los partidos políticos, el senador del PRI quería repetir el mismo modelo para los cinco comisionados que conforman la CFC. La contaminación política del órgano de competencia le hubiera dado evidencias renovadas a los inversionistas extranjeros que ven a México como un capitalismo de cuates. Imaginemos un escenario, en año de elecciones presidenciales, donde el pleno de la CFC tiene que decidir si una de las empresas más grandes del país incurrió en prácticas monopólicas. Con una CFC politizada se abren todas las puertas para las presiones y el chantaje. Ése era el modelo que le gustaba al senador Beltrones. Afortunadamente no se salió con la suya. Sin embargo, México aún tiene una Ley de Competencia más cercana al contexto de un país bananero que al de una nación que aspira a competir en la economía global.
El problema de la falta de competencia en México no es el resultado de una mala ley o de la debilidad estructural de la CFC. Como afirma Roberto Newell, director del IMCO, echarle la culpa a la CFC de la falta de competencia es como señalar al portero como responsable de que su equipo no meta goles. La débil competencia económica en nuestro país es el resultado de una constelación de normas y hábitos que tocan a todas las autoridades del Estado y diversos sectores de la economía.
Si México tuviera una política de Estado a favor de la competencia, las leyes que aprueba el Congreso y las sentencias que emiten los tribunales tendrían una brújula muy sencilla: ¿esta decisión favorece a los consumidores mexicanos al brindarles más y mejores alternativas? La respuesta a esta pregunta debería ser un faro guía para orientar la voluntad del presidente de la República, el Congreso y los ministros de la Suprema Corte.
En la práctica las cosas suceden de manera distinta. La Suprema Corte admitió una controversia para obstaculizar el apagón analógico en televisión que hubiera multiplicado la oferta de canales para los televidentes. Un alud de amparos frenó la licitación de espectro que hubiera generado mayor competencia en el concentrado mercado de telefonía celular. Y, como postre, los senadores del PRI nos dejaron una Ley de Competencia a la medida de los intereses monopólicos. ¿Cómo vamos a defender a México la próxima vez que nos acusen de tener un capitalismo de cuates