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Captura y calidad educativas

En materia de educación hay cosas que celebrar. Después de 40 años de hablar de la necesidad de una Reforma Educativa y posponerla por motivos políticos, el presidente Peña Nieto mostró sensibilidad ante una situación educativa tan inocultable como inaceptable y ante las demandas de la academia y de las organizaciones de la sociedad civil que no se cansaron de documentar con datos duros en la mano que el derecho a la educación universal y de calidad era un simple artículo de la Constitución que, como tantos otros, carecía de asidero en la realidad.

Peña Nieto adquirió el compromiso con la educación, formuló una iniciativa y concitó la voluntad de prácticamente todas las fuerzas políticas para que fuera aprobada a menos de un mes del inicio de su gestión. Vinieron después las leyes generales y secundarias que obligaron a su adopción a nivel nacional y a precisar los lineamientos generales de política pública que debían acompañarlas.

La reforma ha tenido logros indiscutibles. Las evaluaciones de los maestros tienen ahora consecuencias. Se hizo público el padrón de docentes. Se centralizó la nómina magisterial para eliminar o, al menos, disminuir los pagos ilegales o irregulares. Se terminó con la práctica corporativa de heredar o vender plazas. Se concursaron más de 85 mil plazas para directores, supervisores y asesores-técnicos pedagógicos en educación básica y media superior.

Si el Poder Ejecutivo elaboró las iniciativas en materia educativa y el Congreso las aprobó, la Suprema Corte de Justicia también jugó un papel activo. Ante cientos de juicios de amparo contra la Reforma Educativa declaró su constitucionalidad. No sólo eso, reconoció el interés legítimo de una iniciativa ciudadana (Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero) para impugnar actos de autoridad que violen el derecho a la educación.

Todo esto es lo que puede lograrse cuando las tres ramas de gobierno trabajan de manera conjunta y con la sociedad civil. Cada una desde su ámbito de acción, pero todas en una misma dirección.
A pesar de estos logros, la reforma aún no rinde frutos en su misión principal: la educación de calidad. La mayoría de los maestros obtiene calificaciones que eufemísticamente se caracterizan como “no idóneas”, o sea “reprobatorias”. No se ha instituido un sistema nacional para preparar a los maestros que tienen una formación deficiente, los programas de estudio no han sido revisados, la velocidad a la que se evalúan los maestros no es suficiente. La infraestructura es más que precaria. Según la Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA), en casi cinco de cada diez escuelas primarias se carece del conjunto de servicios básicos como agua, luz y drenaje. Casi la mitad (46%) no cuenta con una cancha deportiva. Solamente en cuatro de cada diez escuelas se puede acceder a una computadora que funcione y sólo en 23% de los planteles hay acceso a internet.

Todo esto se traduce en que no se están logrando los aprendizajes esperados que serán, al final del camino, los indicadores del éxito de la reforma.
Recientemente fue publicado el Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa Estatal 2016 que ofrece un comparativo “justo” entre las entidades. “Justo” porque hace un ajuste de las condiciones de inercia heredadas de un pasado con desarrollo desigual y no exige lo mismo a la Ciudad de México que a Chiapas que tienen un punto de arranque muy distinto.

En el ranking que presenta este estudio se mide el cumplimiento de la responsabilidad educativa-estatal, el aprendizaje y permanencia de los alumnos y las condiciones educativas. Aguascalientes es el estado con mayor puntaje (7.4 sobre 10), seguido de Zacatecas, Colima y la Ciudad de México. Los tres últimos lugares los ocupan Michoacán, Oaxaca y Chiapas.

El índice no mide la captura de las secretarías de educación locales por intereses ajenos a la labor educativa, pero podría hacerlo. Sería interesante introducir un indicador de captura y relacionarlo con el ejercicio del derecho a una educación de calidad. Pero no se necesita ser muy perspicaz para darse cuenta de que es precisamente en Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Guerrero (que ocupa el quinto lugar en el índice) en donde la autoridad y los procesos educativos están capturados por la CNTE. En estos estados, la autoridad educativa no cumple con sus funciones, el aprendizaje y la permanencia son los más bajos, los maestros presentan la preparación inicial menos adecuada, las condiciones materiales son las más precarias y la participación de las familias es prácticamente inexistente.

Recuperar la rectoría estatal de la educación fue uno de los principales objetivos de la reforma, y el Estado mexicano está obligado a lograr ese objetivo. No tiene que hacerlo con violencia, pero tiene que hacerlo. Un sindicato puede y debe estar obligado a mejorar las condiciones de trabajo y el nivel de vida de sus agremiados, pero no a preservar los privilegios políticos y económicos de sus líderes, mucho menos a costa de la educación y de los derechos de la población en general.
Publicada por Excélsior
06-07-2016