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Castillo de naipes

Si en México se aplicara la ley, el sistema político se colapsaría mañana temprano. La impunidad es el cemento que sostiene este castillo de naipes. El edificio es en apariencia frágil, pero ha probado ser profundamente resiliente. Escándalos de corrupción, cambios políticos y profunda indignación ciudadana pero la estructura de cartas sigue ahí en pleno desafío al Estado de Derecho y las leyes de la gravedad. La Constitución y las normas que de ella emanan son el tapete para limpiarse los zapatos a la entrada del castillo de naipes. Dos encabezados del periódico Reforma de la semana pasada son el sustento para las afirmaciones del párrafo que termina en este renglón.

Miércoles, 14 de junio: Desvía Borge 200 millones de pesos al PRI. Jueves, 15 de junio: Da también Duarte mil 300 millones de pesos al PRI. Estos titulares son dos versiones de la misma coreografía, una en Quintana Roo y la otra en Veracruz. Los gobernadores del PRI usan sus facultades de discrecionalidad y opacidad para financiar la campaña de su partido. Los candidatos que aceptan la donación ilegal se transforman súbitamente en cómplices del ciclo de corrupción. La impunidad del gobernador saliente se convierte en una prioridad de supervivencia política. El triunfo electoral del PRI no es sólo un mecanismo para ganar el poder, sino una garantía de que el gobernador saliente no pisará la cárcel. En Veracruz y Quintana Roo se rompió la secuencia, cuando los votantes decidieron cambiar el final de la película y votar por la oposición.

Ambos casos tienen elementos en común: el uso de dinero en efectivo para el desvío de fondos con fines electorales y la investigación en curso de la FEPADE. El dinero en efectivo debería ser considerado por la ley como el medio de pago para la evasión fiscal, el crimen organizado y las personas que permanecen marginadas del sistema bancario. Un gobierno que mueve altos volúmenes de dinero en efectivo es un gobierno corrupto. No hay de otra. La consultora Integralia reporta que en las elecciones federales de 2012, el flujo de billetes y monedas en circulación aumentó 5% con respecto a años no electorales. Aún no hay evidencia disponible para las elecciones estatales, pero el propio Banxico en sus comunicaciones oficiales ha reconocido que existe un "efecto temporal... sobre la demanda de dinero" en periodos electorales. Países como Bangladesh, India o Kenia, ya nos llevan muchos años de ventaja en la reducción de uso de efectivo como medio de pago. En México estamos en pañales y los mapaches electorales son los grandes beneficiarios de este atraso.

El trabajo de la FEPADE se puede definir como una fiscalía especializada en delitos de corrupción donde la malversación de recursos públicos se utiliza para fines electorales. La FEPADE es uno de los organismos más importantes, pero más abandonados del Estado mexicano. En el Presupuesto de Egresos 2017 apenas se le asignaron 160 millones de pesos. Los presuntos desvíos de Javier Duarte y Roberto Borge para las elecciones en sus estados representan nueve años del presupuesto total de la FEPADE. Con sólo cuatro días de gasto del INE, la FEPADE podría duplicar su presupuesto para perseguir mapaches y ratas. Dentro de los privilegiados habitantes de la casa de las cartas a nadie le interesa tener un Ministerio Público fuerte, que investigue, fundamente y persiga a los delincuentes electorales. La hebra que está jalando el fiscal de la FEPADE, Santiago Nieto, en Veracruz y Quintana Roo está atada a uno de los naipes en la base de la pirámide.

Dentro de la PGR, la FEPADE tiene la misma jerarquía jurídica que la Fiscalía Especial en Anticorrupción (FEA). Antes de rasgarse las vestiduras porque no se ha nombrado a un fiscal para bailar con la más FEA, habría que preguntarse por los obstáculos que tiene la FEPADE para realizar un trabajo fundamental, en una democracia donde no sólo escasean los demócratas, sino que abundan los delincuentes.

Publicado por Reforma
18-06-2017