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Célula Básica

La mayor parte del debate correspondiente a la situación competitiva del País gira en torno a los cambios que se deben hacer a nivel nacional para fortalecer la economía. Indiscutiblemente hay mucho que hacer en este nivel, pero lo cierto es que aún cuando de pronto se atendieran todos esos pendientes, habría una multitud de acciones adicionales que realizar. La gran mayoría corresponde a los municipios, que son la célula básica de organización territorial de México.

Cuando un organismo biológico está sano también lo están sus células. Por ello, en medicina hay una escuela de pensamiento que sugiere analizar el estado de salud de los pacientes revisando el estado en que se encuentran las células de sus órganos. Esta idea es útil para entender el estado de salud del País.

México está compuesto de más de 2400 municipios libres. A éstos corresponde plantear soluciones a una serie de retos básicos de gobierno cuya mayoría tiene que ver con la provisión de servicios públicos como la potabilización y distribución de agua, el transporte público y el alumbrado. Pero también les corresponde el cuidado de lo que los economistas denominamos bienes públicos (bienes indivisibles que todos consumimos, pero que no se agotan cuando alguien los consume). Ejemplos son la seguridad pública, la defensa común contra riesgos de la naturaleza, el cuidado del medio ambiente, y varios otros.

El Articulo 115 de la Constitución establece las funciones, atribuciones y responsabilidades de los gobiernos municipales. Con un breve repaso de algunas de ellas descubrimos que los municipios que hoy conocemos no cuentan ni con las pericias técnicas ni la objetividad institucional requerida para una ejecución ordenada y eficiente.

Por ejemplo, la Constitución hace a los gobiernos municipales responsables de la planeación del desarrollo y zonificación de los territorios urbanos con el fin de optimizar el uso que se da a los suelos disponibles.  Delegar esta función al nivel municipal descansa sobre un razonamiento que parece sencillo y contundente: ¿Habrá una autoridad más legítima y objetiva que la local para interpretar los sentimientos de una comunidad sobre su mejor alternativa de desarrollo territorial?

La respuesta no es tan obvia como parece en primera instancia. Si el gobierno local actuara imparcialmente, recogiendo las opiniones de los afectados e incorporando en sus decisiones todas las cuestiones técnicas que deben ser consideradas, la decisión de delegar esta facultad al nivel local es inobjetable.  Pero, cuando el gobierno local es susceptible de captura o no cuenta con las pericias técnicas necesarias para proponer un ordenamiento urbano apropiado, delegar estas decisiones al nivel más bajo propicia más errores que aciertos.

Todas las decisiones que toman los gobiernos municipales tienen efectos tangibles e inmediatos en el patrimonio e ingresos de los habitantes de un territorio: las decisiones que orientan el crecimiento de la infraestructura urbana en una dirección u otra crean y destruyen patrimonios a una velocidad asombrosa; cada vez que un ayuntamiento otorga o niega permisos de construcción/operación crea o destruye oportunidades de negocios; la provisión de servicios urbanos tales como el transporte, la distribución de agua, la seguridad pública y el mantenimiento de calles, afecta la calidad de vida de los habitantes y tiene un enorme impacto sobre el valor de las propiedades. En suma, las decisiones de las autoridades locales son las que más pesan en la vida cotidiana de los ciudadanos y sin embargo, son las que menos atención reciben en los medios y en el debate público.

La evidencia objetiva es contundente: Las células básicas que componen al País no funcionan como debieran. Unas cuantas han encontrado la manera de resolver algunos de los retos que les corresponden, pero no hay una sola entidad en el País que cumpla todas sus funciones con excelencia. Una gran distancia separa las intenciones normativas que se plantean en la Constitución y la realidad cotidiana. Las capacidades operativas e institucionales de los gobiernos municipales simplemente no corresponden al reto de proveer entornos urbanos adecuados para una vida segura y la generación de riqueza.

Es urgente reconocer esta realidad y poner en marcha un proceso que proponga qué cambios operativos y de gobernanza se requieren: si no, seguiremos recreando entornos inadecuados.

La heterogeneidad de los municipios en el País es tal, que debemos estar dispuestos a reconocer que no hay una varita mágica para resolver este reto. Actualmente, la diferencia de población entre el municipio más grande (Ecatepec) y más pequeño (Santa Magdalena Jicotlán) es de 16500 veces. Por ello, lo que Ecatepec requiere no se parece a lo que hace falta en Santa Magdalena. De lo que no hay duda es, que si los municipios siguen sobre la trayectoria actual de desarrollo institucional, la competitividad de México seguirá siendo muy baja.

Roberto Newell G. es Economista y Director General del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.
Las opiniones en esta columna son personales.