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Chihuahua vs. SHCP

Cada 5 de febrero le cantamos las mañanitas a la Constitución mexicana. En el discurso y la narrativa histórica, la Carta Magna es la base jurídica sobre la cual se construye nuestra casa común. Sin embargo, hay otra norma menos famosa que no recibe la atención e inciensos de la Constitución, pero que en la práctica funciona como el cemento que mantiene unido al territorio de la República: la Ley de Coordinación Fiscal. En este texto jurídico se establecen las reglas para repartir las rebanadas del tesoro público entre los tres niveles de gobierno. Las fórmulas matemáticas para distribuir las bolsas de ese pastel aparecen detalladas entre los 52 artículos de dicha norma.

La semana pasada, la Secretaría de Hacienda intentó dar respuesta a la denuncia sobre la cancelación de transferencias al gobierno de Chihuahua. El comunicado de la SHCP es una demostración de que se puede contar una gran mentira diciendo sólo la verdad. En su informe semanal, el vocero sostiene que Chihuahua: "Recibió 43,056 millones de pesos por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales. Esto implicó 2,000 millones de pesos adicionales respecto al Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados". Todo esto es cierto. La SHCP se felicita a sí misma por cumplir la Ley de Coordinación Fiscal. Los recursos adicionales no son generosidad de nadie, sino simplemente el resultado de ingresos superiores a los originalmente presupuestados.

Hay fiestas, de mal gusto, donde la mayoría de los invitados tiene acceso a viandas y bebidas medio chafas, mientras que un grupo selecto de comensales es agasajado con las exclusivas joyas de la cava del anfitrión. Para el común de las entidades, se aplican puntualmente las fórmulas de distribución de la Ley de Coordinación Fiscal, pero el meollo de la bronca con Chihuahua está en el Ramo 23, una bolsa de dinero distinta que opera al margen de normas y criterios preestablecidos.

La organización México Evalúa ha hecho un seguimiento puntual de esta bolsa de discrecionalidad. En 2016, en el presupuesto, el Ramo 23 recibió 146 mil millones de pesos, pero al final del año fiscal obtuvo un 74% más del dinero originalmente aprobado. Esta cifra, 255 mil millones de pesos, es mayor al presupuesto total del Estado de México para aquel año. Imagina el poder político que implica disponer de un pastel de ese tamaño para distribuirse entre aliados y adversarios en todos los rincones del país. Con datos de México Evalúa, uno se puede dar cuenta de la dimensión de ese poder. La Chihuahua de César Duarte recibió, en 2016, 1,531 millones de pesos, pero la Chihuahua de Javier Corral recibió, hasta el tercer trimestre de 2017, sólo 61 millones de pesos.

Hacienda tiene más recursos de presión política que la Secretaría de Gobernación. Si se quiere amedrentar a un gobernador que lucha contra la corrupción, el Ramo 23 ofrece las herramientas de la zanahoria y el garrote. Cuando se escriba la historia de este sexenio y se quiera analizar la firmeza del gobierno federal ante las cleptocracias de Roberto Borge en Quintana Roo o los Duarte de Veracruz y Chihuahua, habría que hacer un seguimiento puntual a las entregas del Ramo 23 en estas entidades.

Es una desgracia que ese poder de influencia y financiamiento no se haya utilizado para modernizar las policías preventivas estatales o capacitar a los ministerios públicos a nivel nacional. Los recursos discrecionales del Ramo 23 se podrían someter a distintos concursos para juzgar el diseño de proyectos y la capacidad de ejecución de los gobiernos estatales y municipales. En plena campaña presidencial sería importante escuchar las propuestas de los candidatos para mejorar el impacto y reducir el uso discrecional del Ramo 23. Especialmente interesantes serían las ideas de un aspirante presidencial que ha sido dos veces secretario de Hacienda.

Publicado por Reforma
21-01-2018