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Cleptocracia

La transición democrática mexicana fue una borrachera de expectativas. En aquella juerga de ingenuos supusimos que la democracia nos ayudaría a tener mejores gobiernos, un federalismo funcional y una economía que creciera más rápido. La desmesura de la esperanza siempre es proporcional a la escala del desengaño. La frustración se afincó en el ánimo de la república, cuando descubrimos que la democracia no era una aspirina mágica que aliviaba súbitamente las principales jaquecas de la patria. Uno de los peores desengaños fue la supuesta capacidad de la democracia para reducir o controlar la corrupción.

La hipótesis de la utopía suponía que la competencia electoral y la alternancia en el poder serían desincentivos suficientes contra el moche y la uña larga.
Nuestra transición a la democracia se transformó en la transición a la cleptocracia. Como evidencia fresca van dos notas periodísticas de la últimas semanas. Jorge Castillo Díaz, operador del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, forjó una fortuna personal de 7,400 millones de pesos durante el mandato de su jefe (El Financiero, 16-V-2016). En la Oaxaca de Cué, todo el sexenio fue un año de Hidalgo. El nivel de impunidad en México es tal que Castillo Díaz no se molestó en crear una sofisticada operación financiera con transferencias internacionales al estilo de los Panama Papers. Los 7,400 millones de pesos están distribuidos en 26 cuentas en bancos nacionales, donde Castillo Díaz aparece como titular o principal beneficiario.

En Veracruz, Animal Político y Mexicanos contra la corrupción realizaron una minuciosa investigación periodística sobre la desaparición de más de 600 millones de pesos, de ese desastre también conocido como el "gobierno" de Javier Duarte. Los guaruras administrativos del Nerón jarocho responden a la acusación con un lugar común de la impunidad mexicana: Todo fue legal. Desaparecen 645 millones de pesos y no se violó ninguna ley. No hay delito, ni falta que perseguir. La vida sigue a la espera del próximo escándalo.

En una democracia donde se respeta la ley, estos escándalos hubieran generado la reacción inmediata de las autoridades y los partidos políticos. ¿Cómo sería un México sin cleptocracia? La PGR haría un anuncio público: "Leímos con preocupación las notas periodísticas sobre la probable malversación de fondos en dos entidades de la República. Hoy hemos iniciado una investigación para fincar probables responsabilidades en el caso de que estos fondos sean recursos federales". La Secretaría de Hacienda reaccionaría pocas horas después: el uso del dinero en efectivo complica el rastreo y auditoría de los fondos públicos. Estamos trabajando para elaborar una iniciativa de Ley General, para restringir los pagos en efectivo en los tres órdenes de gobierno. Para fortalecer la integridad en el ejercicio del presupuesto, debemos migrar a un sistema de pagos donde las autoridades estén obligadas a utilizar el sistema bancario en todas sus transacciones. Los partidos políticos vinculados con estos clepto- gobernadores anunciarían una investigación paralela para ratificar o rechazar las afirmaciones de la prensa. En caso de confirmarse las acusaciones se procedería de inmediato a la expulsión de sus respectivos partidos políticos.

El párrafo anterior es una postal de un México imaginario donde hay menos impunidad, un país que no existe, donde los gobiernos funcionan mejor, el federalismo no es feudal y la economía crece más rápido. No es un México imposible. Como afirma Max Kaiser, el movimiento de la Ley 3 de 3 le quitó a la clase política los monopolios de cuándo, cómo y qué discutir sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, la decisión final de desmantelar o preservar los andamios de la cleptocracia corresponde exclusivamente a senadores y diputados. Los legisladores tienen enfrente una oportunidad histórica. Donde falte voluntad política se tendrá que llenar ese vacío con la energía de la presión ciudadana.

Publicado por Reforma
29-05-2016