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Crisis bancaria española

La crisis bancaria de España ha creado un dilema económico para su gobierno. La disyuntiva es si salvar primero a los bancos (y en especial a Bankia) vía una emisión de deuda soberana, o si dar prelación a cuestiones fiscales de las regiones autónomas (especialmente Cataluña, que se encuentra al borde del precipicio) de España.

Los bancos españoles entraron en crisis por el mismo camino que siguieron Estados Unidos e Irlanda. Los bancos y cajas de ahorro financiaron un crecimiento masivo de la oferta inmobiliaria. En pocos años se construyeron cientos de miles de viviendas residenciales más de lo que el mercado español demandaba. Una proporción elevada de estas casas se construyó a lo largo del litoral Mediterráneo. Se preveía que el mercado para estas casas serían las familias acomodadas de España y del norte de Europa que usarían estas residencias como lugares de veraneo. La oferta de financiamiento fue tan generosa que en poco tiempo se acumuló un inventario de más de medio millón de casas sin vender.

La solución ortodoxa a este problema hubiera sido dejar que el mercado inmobiliario resolviera la sobreoferta vía ajustes a los precios de estas viviendas, pero esto hubiera significado que quebraran los promotores de estas viviendas (muchos de ellos políticamente conectados e influyentes) y que las instituciones que los financiaron sufrieran los quebrantos correspondientes. Pero la burbuja era tan grande que habría causado la bancarrota de una parte significativa del sistema bancario.

El gobierno español trató de resolver este problema con una estrategia cuyo fin era desinflar la burbuja especulativa gradualmente. Incentivó a los bancos para que reestructuraran las deudas de los promotores inmobiliarios. También promovió la fusión de instituciones financieras y la inversión de capital fresco en los bancos.

La estrategia de las autoridades españolas buscaba lanzar los problemas del sector inmobiliario hacia el futuro, usando el tiempo disponible para reducir los costos de operación de los bancos vía la eliminación de sistemas de distribución redundantes y recortes de personal, hasta que los bancos quedaran del tamaño correcto para la oportunidad de negocios disponible.

Esta estrategia habría funcionado si la evaluación de las condiciones de la cartera inmobiliaria hubiera sido realista. Pero resultó que los problemas en el mercado inmobiliario eran mucho más grandes de lo que se suponía. Ni España ni todo el norte de Europa tienen las condiciones económicas y demográficas necesarias para absorber los excedentes de la oferta inmobiliaria.

Dadas las condiciones actuales, ¿qué se puede y debe hacer? Bueno, si España no estuviera enfrentando la crisis fiscal de las Autonomías simultáneamente, la solución obvia sería que el gobierno nacional emitiera deuda soberana y utilizara los recursos resultantes para adquirir la cartera bancaria con problemas a descuento. Esta solución es parecida a la que instrumentaron los americanos e irlandeses para rescatar a sus bancos. Equivale a provocar un reajuste de los precios de las viviendas en todo el mercado inmobiliario; también significa obligar a los accionistas -y algunos depositantes- a absorber pérdidas y diluir el valor de sus inversiones.

Obviamente, instrumentar esta solución no sería del agrado de las personas que invirtieron en Bankia y otras instituciones que están en los mismos problemas, pero dar este paso tendría varias ventajas: Primero, como no toda la banca española está tan enferma como Bankia (Santander y BBVA, por ejemplo, pueden enfrentar el ajuste de precios inmobiliarios con base en sus utilidades de operación), dar este paso permitiría concluir el salvamento de la banca española de una buena vez. También permitiría reactivar el mercado de activos inmobiliarios, pero a precios más bajos. Correspondería al gobierno español decidir qué tan bajos, puesto tendría que decidir qué hacer con el inventario de viviendas que adquiriría al instrumentar esta solución: podría rematar las viviendas en subastas públicas al mejor postor, o manejar un inventario de viviendas que se podría ir vendiendo poco a poco, inclusive podría decidir proteger el valor del resto del acervo inmobiliario destruyendo las casas que no se pudieran vender a los precios más bajos.

Es probable que esta sea la mejor solución para enfrentar la crisis financiera de España, pero dar este paso implica agravar el problema fiscal del país justo cuando el gobierno de Rajoy está tratando de convencer al gobierno de Alemania y al Banco Central de Europa que España tiene la voluntad política requerida para enfrentar sus problemas fiscales y mantener su lugar dentro de la zona del euro. A España se le juntaron dos problemas enormes: uno fiscal y el otro bancario. Cualquiera que sea el paquete de solución que se instrumente, los costos serán altos y afectarán su bienestar durante varios años.

Roberto Newell G. es Economista y Vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.

Las opiniones en esta columna son personales.