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De Bell a Pénjamo

Bell, una pequeña ciudad de California, ha sido el escenario de uno de los grandes escándalos de corrupción en Estados Unidos. En 1993, Robert Rizzo fue contratado como administrador de servicios urbanos con un sueldo de 72 mil dólares anuales. Diecisiete años después, en 2010, Rizzo fue obligado a dejar su cargo. Para entonces su salario original se había multiplicado por más de diez. Si los incrementos salariales se hubieran mantenido al ritmo de la inflación, su paga anual hubiera llegado a los 108 mil dólares. Sin embargo, su estipendio como servidor público municipal alcanzó los 787 mil dólares anuales, casi cuatro veces lo que gana el gobernador de California y el doble de lo que gana el presidente de EU.

Las abullonadas quincenas del señor Rizzo no eran un beneficio exclusivo. Cuatro de los cinco concejales de Bell ganaban 100 mil dólares al año, cuando el ingreso promedio por un cargo semejante en otros ayuntamientos de California es de apenas 4 mil dólares anuales. ¿Cómo fue que la elite burocrática de este suburbio logró servirse con la cuchara grande del presupuesto público?

La historia de Bell está narrada a detalle en el libro El manual del dictador de Bruce Bueno de Mezquita y Alastair Smith. En 2005, el Congreso de California aprobó una ley para limitar los salarios de los concejales de las ciudades del estado. Para saltarse esta tranca, la cleptocracia municipal de Bell convocó una elección especial para convertir a este suburbio de Los Ángeles en una charter City, que toscamente se podría traducir en ciudad autónoma. Para fortalecer el federalismo y el poder local, la Constitución de California permite que sus ciudadanos elijan su sistema "ideal" de gobierno urbano. Una opción implica adherirse a las leyes del estado para las autoridades municipales, pero existe la alternativa de ponerse a experimentar con sus propios sistemas de organización política a nivel de ciudad. Bell tiene cerca de 36,000 habitantes, pero con un abstencionismo monumental y el voto de sólo 336 ciudadanos, la autoridad de la ciudad fundó su propio sistema de usos y costumbres.

Al amparo del federalismo y la autonomía municipal, las autoridades de Bell crearon un opaco sistema contable para esconder sus ingresos reales. A pesar de este oneroso mecanismo de cuchupos, las finanzas de Bell estaban sanas, ya que los contribuyentes pagan uno de los impuestos prediales más altos del estado. Con malos servicios y tributos altos, Bell se podía dar el lujo de tener una de las burocracias locales mejor pagadas del planeta.

¿Cuántos municipios como Bell tenemos en México? La verdad es que no lo sabemos. En noviembre pasado el diario Reforma destapó el escándalo blanquiazul de los "moches", donde diputados panistas que negociaban las asignaciones presupuestales exigían a los ayuntamientos contratar a ciertas compañías para efectuar contratos de obra pública municipal. Hoy sabemos muy poco sobre la manera en que se gastan los dineros públicos a nivel de los ayuntamientos.

El IMCO publicó en diciembre pasado su Índice de Información Presupuestal Municipal 2013. Los resultados son para preocupar. En San Francisco, Aguascalientes, el pago de tres bonos representa 9 millones de pesos, más de un tercio de todo el gasto en nómina del ayuntamiento. En Pénjamo, Guanajuato, un presupuesto de 877 millones de pesos queda resumido para legisladores y ciudadanos en un documento de una sola cuartilla. Esta capacidad de síntesis también ocurre en Benito Juárez, Quintana Roo, mejor conocida como Cancún, sólo que aquí el presupuesto de una página comprime el gasto de 2,300 millones de pesos. Guadalajara, el municipio más endeudado de la República, no presenta en su presupuesto información sobre las tasas y los plazos a los que tiene contratados sus créditos. Si un caso como Bell pudo ocurrir en uno de los países con mayor tradición en la rendición de cuentas del dinero público, ¿qué historias ocurrirán por nuestros lares?

Publicado por Periódico Reforma 05-01-2014