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Debilidades institucionales

Hace algún tiempo se hablaba de que México era un estado fallido. Después se ha hablado de un México débil y más recientemente de un México fragmentado y sin rumbo. No está claro con qué adjetivo se debe calificar al país, pero hay un conjunto de hechos que resultan incomprensibles cuando se piensa que la economía mexicana ocupa el número 15 de entre las economías en el mundo.
De hecho, es solamente en tamaño de la economía en el que México ocupa un lugar superior en la tabla de los países que miden organizaciones nacionales e internacionales: el Foro Económico Mundial, el Doing Business, el World Justice Project, el Latinobarómetro, la Encuesta Mundial de Valores o el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional.

En todos estos estudios, México se coloca por debajo de la media tabla y en muchos casos queda calificado a la par de las economías más pobres y las democracias menos consolidadas.
En procuración de justicia ocupamos el lugar 79 de 102 países, somos el segundo país con más altos niveles de impunidad, en corrupción estamos en el lugar 95 de 168, en derechos de propiedad en el 84 de 138. En desigualdad calificamos en el número 34 de 35 países de la OCDE. Si nos medimos con los países de América Latina la situación no es mejor. En aprecio a la democracia somos el décimo segundo lugar y en violación a los derechos humanos en el primero de 35 naciones (CIDH).

Sí, sin duda es de celebrar que México haya avanzado seis posiciones (del lugar 57 al 51) en el Índice de Competitividad Global o nueve posiciones en el desarrollo del mercado financiero, pero cuando uno mira los indicadores que miden la fortaleza o solidez institucionales, laborales o económicos nos quedamos igual o descendimos.

Las variables del pilar “Instituciones” del más reciente reporte del Foro Económico Mundial indican un deterioro en los derechos de propiedad, el pago de sobornos, en la toma de decisiones del gobierno, en la independencia judicial, la confianza en la policía y en el malgasto de los recursos públicos. Por cierto, también baja el comportamiento ético de las empresas privadas. Basta con decir que la suma de estos indicadores nos coloca en el lugar 116 de 138 países y que retrocedimos siete posiciones desde el año pasado. Nuestras instituciones nos colocan a la par de Hungría, Serbia, El Congo y Nigeria.

Aunque muchos de estos índices se construyen a partir de percepciones o de paneles de expertos que son encuestados, una mirada a hechos recientes confirma que México está muy por debajo de lo que uno esperaría de la décimo quinta economía del mundo. Van, a manera de ejemplo, los siguientes.
A dos años de la tragedia de Ayotzinapa las investigaciones se encuentran prácticamente en el mismo punto que al inicio. El único hecho en claro es que no se sabe si los 43 normalistas están vivos o muertos y, en este caso, quiénes fueron los responsables. La capacidad de investigación ha sido sumamente reducida.

A más de tres meses de la matanza de Nochixtlán (19 de junio) con motivo de desbloquear las carreteras de Oaxaca y en la que participaron 800 policías estatales y federales seguimos sin saber quién hizo los primeros disparos y si los policías dispararon en defensa propia o hubo un uso desproporcionado de la fuerza pública. En todo caso lo que denota este incidente es que las fuerzas del orden no son capaces de llevar a cabo un legítimo desalojo sin que haya bajas de parte de la población o incluso de los delincuentes.

En 2014 cerró en Guerrero la planta de Coca Cola ante la quema de cuatro de sus camiones y amenazas del crimen organizado. No hubo autoridad que resguardara sus instalaciones que procuraban empleos a muchos trabajadores.
Hace unos días los autobuses de pasajeros de Morelia tuvieron que parar las corridas por no poder garantizar la seguridad de los pasajeros.

Los trenes que circulan por el país son descarrilados y las mercancías que transportan robadas a plena luz del día sin que haya autoridad que detenga a los cuatreros y mucho menos que repare el daño.
Los gasoductos siguen siendo ordeñados a la vista de todos y el estado ha sido incapaz de controlar este robo en despoblado.

La CNTE paraliza la educación en diversos estados y la Reforma Educativa se encuentra en vilo en Chiapas. En lugar de aplicar la ley, el gobierno retira demandas, libera presos y ofrece dinero para desactivar a sus integrantes.
El Wall Street Journal publica que en la venta de televisores una red de corrupción de la SCT cobró entre 12 y 18 dólares extras en cada una de las unidades y que no dio tiempo de licitar. La nota no ha surtido ningún efecto.

Si el Estado no tiene capacidad de investigar, ni de hacer respetar el derecho de tránsito de la población y de las mercancías, de garantizar los derechos humanos, de defender los derechos de propiedad de los empresarios, de procurar la justicia o de atrapar a las redes de corrupción que hacen fraude en la compra pública, quizá sí nos estemos acercando a ser un Estado fallido o, al menos, seamos simplemente un Estado débil, incapaz de cumplir con las obligaciones que le manda la Constitución y que son su razón de ser.

Publicado por Excélsior
05-10-2016