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Dos oportunidades

En la columna de la semana pasada mencioné que en Estados Unidos se están librando cuatro debates cuyos desenlaces tendrán fuerte impacto sobre el bienestar de los mexicanos. Abordé ya el primero de ellos: la situación fiscal de EU y cómo esa discusión determinará las condiciones económicas de la nación vecina y qué podemos hacer al respecto. Ahora tocaré dos temas que están estrechamente vinculados entre sí, y que son determinantes de las condiciones de violencia que imperan en el País.

Entre México y EU hay un flujo circular de contrabando sumamente dañino y desestabilizador. Las mafias del narcotráfico que operan desde México introducen drogas al mercado americano, utilizan los recursos que obtienen de ese comercio para adquirir armas que después introducen ilegalmente al País.

Estos dos negocios ilegales deben su existencia a condiciones que son particulares a EU. Las leyes de EU reflejan el conservadurismo de las iglesias protestantes de EU; tratan de controlar los efectos dañinos de las drogas prohibiendo su distribución y consumo, tal como lo hicieran anteriormente en el caso del alcohol, con resultados parecidos. Paradójicamente, los mismos grupos conservadores que respaldan la prohibición de las drogas respaldan leyes excepcionalmente liberales relacionadas con el comercio de armas. Las leyes americanas permiten la compra-venta de todo tipo de armas, incluyendo muchas que nada tienen que ver con la seguridad individual o la cacería. Afortunadamente hoy, por razones totalmente ajenas a México, se está cuestionando la eficacia de los dos marcos normativos.

En noviembre pasado, los votantes de dos Estados autorizaron el consumo recreativo de la marihuana. Esa decisión marca el principio del final de la prohibición. Los resultados de esas elecciones reflejan una creciente tolerancia hacia el uso recreativo de las drogas. La liberalización de la marihuana, y algún día, de otras drogas recreativas, reducirá las rentas económicas del contrabando de drogas. El cambio en cuestión restará recursos a las mafias y debilitará su capacidad para comprar armas y corromper el sistema de justicia nacional.

A México le conviene acelerar este proceso de cambio. Por ello, el Gobierno federal debe involucrarse en este debate recordando a los legisladores americanos que uno de los beneficios que derivará de la legalización del consumo de drogas es reducir el crimen y las muertes relacionadas con el comercio ilegal en los dos países. Este también es un momento oportuno para que se inicie un debate serio en México sobre la legalización de la marihuana en México. Pretender ser más papistas que el Papa no tiene sentido en el contexto actual; por el contrario, lo sensato será asumir una posición alineada con lo que está ocurriendo en EU, pero procurando provocar una reacción política negativa de los grupos más refractarios al cambio.

Simultáneamente, en EU ha iniciado un debate sobre la necesidad de regular el mercado de armas. Lo que detonó esta discusión es la reciente masacre de niños de primaria en una escuela de Nueva Jersey. Este evento y varios más hicieron impostergable introducir un régimen de controles más estricto para regular la venta de armas automáticas, del tipo que han usado los criminales responsables de las tragedias que ha sufrido la población americana.

Poca duda cabe de que EU requiere instrumentar más y mejores controles de este tipo de armas. Como están las cosas, cualquier persona que no estén buscando las autoridades por haber participado en un crimen puede legalmente adquirir cuantas armas quiera, sin tener que librar ningún control o explicar para qué servirán estos instrumentos. El comercio liberal de armas ha permitido que los cárteles estén armados hasta los dientes. Las mafias del narcotráfico aprovechan las reglas laxas de EU para comprar armas e introducirlas a México usando los mismos conductos que aprovechan para introducir drogas a EU.

El debate sobre qué controles introducir ya inició. A los políticos americanos no les importa el daño que hace el tráfico de armas a México. Pero lo que quizá motive un marco legal más restrictivo es evitar más tragedias como las de New Town. Nuestro Gobierno debe buscar la manera de insertarse en este debate con el fin de asegurar que las reformas que se instrumenten pongan obstáculos a la carrera armamentista de las mafias. Si nuestros representantes en EU se mantienen al margen de este debate, es muy probable que los controles que finalmente se instrumenten no tomen en cuenta la violencia que estas armas provocan en México.

Para que quede claro: El Gobierno mexicano tiene la obligación de asumir una posición proactiva en los dos debates. Este no es un momento para actuar pasivamente.

Roberto Newell G. es Economista y Vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Las opiniones en esta columna son personales.