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Dos presidentes y un error

Dicen que el “hubiera” es el verbo favorito de los asnos bípedos. Una vez hecha esta aclaración, me concedo la licencia para las siguientes conjeturas: ¿Cómo hubiera cambiado la historia del sexenio de Felipe Calderón si la decisión de enfrentar al crimen organizado se hubiera tomado con base en un acuerdo político con gobernadores y líderes de oposición? ¿Qué hubiera sido distinto si la guerra contra el narco se hubiera planteado como la lucha del Estado mexicano por fortalecer y garantizar el cumplimiento de la legalidad?

Las especulaciones y los hubieras serían perfectamente ociosos de no ser porque Enrique Peña Nieto está a punto de repetir el error de su antecesor: tomar la decisión más trascendente de su sexenio, en materia de seguridad pública, sin un sólido acuerdo político y social. La creación de una Gendarmería Nacional fue una de las propuestas más reiteradas del ayer candidato del PRI y hoy presidente de la República. Esta promesa de campaña se transformó en componente sustantivo del Pacto por México, firmado por el gobierno y los principales partidos políticos. En el compromiso 76 del Pacto se establece que durante el primer semestre de 2013 se presentarán las reformas legales para la creación de este nuevo cuerpo policial. Al leer el Pacto, se infiere que el Poder Legislativo tendría un papel importante en el nacimiento de la nueva corporación policial, al ser necesario redactar y enmendar algunas leyes federales. Sin embargo, el gobierno envía señales de que el parto de la Gendarmería se hará por medio de un decreto y no una reforma legal, con lo cual se prescinde del debate público y la participación del Congreso.

El presidente Peña está en todo su derecho de ejercer sus facultades para tomar decisiones ejecutivas en el ámbito de la seguridad pública. La Constitución se lo permite, al igual que a Felipe Calderón cuando se determinó llevar a cabo la movilización de fuerzas castrenses para la persecución de criminales. El desafío es no repetir el error de la guerra de Calderón con la Gendarmería de Peña Nieto.

La nueva corporación policial tendría un perfil y estructura militar, pero sujetos a un mando civil. En una primera etapa sus integrantes vendrían de las filas de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo sería la relación entre el Ejército y la Gendarmería? ¿Desaparecería la PFP? ¿Para qué tener dos fuerzas policiales con mando civil bajo el gobierno federal? ¿Se recortaría el actual presupuesto de la Marina y el Ejército para sufragar las necesidades financieras de la nueva corporación? ¿Cómo sería la relación entre la Gendarmería y las policías en estados y ayuntamientos?

Hay dos maneras de responder a estas dudas: en lo obscurito o ante la opinión pública. En las reformas a la educación y telecomunicaciones, el gobierno de Peña Nieto ha actuado con un disciplinado sigilo. La discreción absoluta es una virtud cardinal cuando se operan cambios que pisan callos del tamaño de un volcán. En esta reforma no se afectan los intereses de Elba Esther Gordillo, Telmex o el duopolio de televisión. La arquitectura fundacional de los cuerpos federales de policía no debe ocurrir a espaldas de la sociedad que pretenden proteger y servir.

Durante seis años, Felipe Calderón buscó una serie de justificaciones para darle coherencia y legitimidad colectiva a su lucha contra el crimen: recuperar el territorio, evitar que la droga llegue a tus hijos, abatir y encarcelar a los criminales más buscados de México. Con el cambio de gobierno pasamos de una serie de narrativas equivocadas a una narrativa ausente.

A cuatro meses de iniciado el sexenio, el presidente Peña Nieto no atina a definir su aportación en el empeño por construir un México más seguro. La variante narrativa más importante que puede aportar el nuevo gobierno es que una solución de fondo a la crisis de violencia e inseguridad requiere de la activa participación de la sociedad. A la hora de construir instituciones, lo más fácil no siempre es lo más duradero.

Twitter: @jepardinas