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Deudas políticas

La clase política parece pensar que se puede seguir posponiendo la segunda generación de reformas indefinidamente sin consecuencia alguna para ellos.  No podían estar más equivocados.  La gran mayoría de los mexicanos sabe perfectamente bien que la economía del País no carbura como debiera por que los políticos no logran ponerse de acuerdo ni en lo más básico (v.gr. la creación de una policía única de alta calidad, el funcionamiento del mercado laboral o la necesidad de contar con instituciones que sean capaces de regular las conductas rapaces de ciertos grupos de interés).  En estas condiciones, mantener el status quo es una conducta suicida puesto que los mexicanos también saben que lo que motiva a la mayoría de los políticos es su deseo   por ocupar cargos públicos altos que les confiera poder y los premie con prebendas y recompensas económicas.

Si no se hacen los cambios que los ciudadanos reclaman,  tarde o temprano, la mayoría de los votantes respaldará a algún político que los motive con el argumento de que llegó el momento de dar la espalda a los tres partidos políticos principales, y sus aliados.  Los tres partidos principales serán los perdedores más grandes.  Esto ya ha sucedido en otros partidos.  Así llegaron al poder los gobiernos actuales de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú, y varios otros que afortunadamente ya no gobiernan.  La lección que nos dan estos casos es que la manera más eficaz que tienen los ciudadanos para expresar su frustración con la conducta del conjunto de instituciones políticas, es enviando a todos a sus casas. 

¿Por qué están tan frustrados los mexicanos? Pues, por una razón muy sencilla: por que piensan que los políticos (de todos los partidos) son culpables de que sus familias no puedan acceder a un nivel de vida más alto.  Perciben en su vida personal lo que las cifras duras confirman: que sus ingresos han estado estancados desde hace años; que es muy difícil conseguir un empleo en la economía formal; que mientras tanto, la violencia se ha multiplicado, la impunidad se ha generalizado y el miedo los acompaña dondequiera que vayan.

¿Qué nos dicen las cifras?  Confirman que la economía informal se ha extendido.  Muestran que la productividad laboral está estancada en niveles bajos desde la década de los ochenta.  Indican que lo que ha generado el poco crecimiento económico que la economía ha tenido ha sido la acumulación de más activos y el empleo de más personas mal remuneradas.  El ingreso de las familias es más alto hoy que antes, porque la transición demográfica ha permitido que en la mayoría de las familias haya dos o más personas en edad de trabajo.  Pero, mientras la productividad laboral siga estancada, el tiempo de estas personas no rendirá como rendiría si esta estuviera creciendo, como en casi todo el mundo.

Cada año que pasa sin que se hagan las reformas de segunda generación cuesta mucho.  La gran mayoría de los economistas coinciden que la economía podría crecer a un ritmo de más seis por ciento anual promedio; en vez, crece a un ritmo de poco más de tres por ciento al año.  Tres puntos de crecimiento anual adicionales causarían que el ingreso promedio de los mexicanos se duplique en doce años. A ese ritmo,  saldríamos de pobres antes de que se agote el bono demográfico y crearíamos oportunidades para la mayoría de los mexicanos en edad de trabajo.

Pero, para que esto suceda, la clase política debe cumplir su razón de ser, que es resolver problemas y remover obstáculos al crecimiento.  Esta responsabilidad es de ellos exclusivamente.  Si México vuelve a crecer a ritmos altos sostenidos, será porque los políticos cumplieron su responsabilidad.  Si logran los acuerdos necesarios los ciudadanos los reconocerán en elecciones próximas como ha sucedido en España, Chile y Brasil.  Si no, llegará el momento en que los ciudadanos los repudiarán, remitiéndolos al basurero de la historia, como sucedió a COPEI y AD en Venezuela y al Partido Radical en Argentina.

Los tres partidos principales son acreedores de grandes deudas políticas:  Al PAN corresponde la responsabilidad del fracaso de la reforma eléctrica de los noventa y de que el costo del rescate bancario fuera tan alto.  Hoy son cómplices de que se demore la modernización de la educación pública.  El PRI y el PRD deben responder por el fracaso de las reformas fiscal, laboral y energética.  El fracaso de la reforma del Estado es responsabilidad exclusiva del partido tricolor.  Es hora que empiecen a saldar deudas.

Roberto Newell G. es Economista y Vicepresidente del Consejo del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.  Las opiniones en esta columna son personales.