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Economía orwelliana

Durante 20 años trabajé para una empresa de consultoría que apoya las decisiones de negocios de las principales compañías e instituciones del mundo. En esa empresa me enseñaron que la principal virtud de un buen consultor es ver los problemas de negocios desde la perspectiva del cliente. Este consejo resultó invaluable; me enseño que la empatía es una de las principales virtudes de cualquier profesional que desea tener éxito. Lamentablemente, la empatía parece escasear en el sector público, y en especial en las áreas que gobiernan la relación entre los causantes de impuestos y el Estado.

La semana pasada decidí cambiar de auto. La camioneta que manejaba tenía varios años de uso muy intenso y empezaba a manifestar los achaques de un auto viejo.

No soy aficionado a los autos; para mí son objetos funcionales sin mucho chiste. Consecuentemente, vi la tarea de comprar un vehículo nuevo como una actividad tediosa pero necesaria, que convenía realizar en el menor tiempo y costo posibles. Por ello, resignado, decidí dedicar parte de una tarde a esta tarea.

Seleccionar y comprometer la compra de un nuevo vehículo tomó poco más de dos horas. En ese tiempo investigué precios, revisé las características y presentaciones de varios vehículos, obtuve información sobre el costo de mantenimiento y la seguridad del vehículo que me interesaba, hice una prueba de manejo, negocié el precio de venta del auto usado que estaba vendiendo, negocié el precio de la unidad que compraba, seleccioné el color y los accesorios del vehículo y determiné la disponibilidad del modelo en cuestión.

Estaba feliz de haber logrado tanto en tan poco tiempo; pensaba que había concluido el proceso en tiempo récord, pero me equivoqué. La agencia donde compré el auto nuevo no falló; por el contrario, el trato que recibí fue amable y profesional. Todo lo relacionado con la agencia de autos cumplió expectativas. Pero ahí sólo empezaba el proceso de compra.

Mi contadora me recomendó que para fines fiscales lo mejor era comprar el auto a nombre de la pequeña empresa que dirijo. Esto desató un proceso lento, costoso y tedioso, del tipo que enfrentan todos los pequeños emprendedores que participan en la economía formal. Para adquirir el auto a nombre de la empresa tuve que cumplir siete trámites:

1. Mostrar que la empresa existe y está inscrita en el Registro Público de la Propiedad del DF. Este paso requirió cotejar el archivo electrónico del Acta con una copia original con los sellos de alta en el Registro Público del DF.

2. Mostrar que la empresa está registrada en el padrón de Hacienda, con su número de RFC correspondiente.

3. Presentar un recibo de teléfono para comprobar el domicilio legal de la empresa.

4. Probar que cuento con poder legal para adquirir el vehículo.

5. Presentar documentos personales que acreditaran mi identidad para cotejar con la información correspondiente al poder. Para dar este paso fue necesario presentar mi credencial del IFE, mi RFC personal, mi CURP y un recibo que comprobara mi domicilio particular.

6. Presentar la carta factura y documentos personales que acreditaran que tengo el derecho para dar de alta un vehículo en el Estado de Morelos y, por último, como para sacar placas en Morelos se debe comprobar que el auto está asegurado por daños a terceros.

7. Adquirir la póliza de seguros correspondiente, cumpliendo con los trámites de know your client que exige SHCP a los corredores de seguros.

Incumplir cualquiera de estos trámites habría significado demorar la compra de la unidad. Por ello, me dediqué a cumplir cada uno de estos pasos, como me lo pidió la persona que me vendió el auto. Pero este último trámite nos tomó por sorpresa; fue la gota que derramó el vaso.

He sido cliente del corredor que me vendió la póliza durante muchos años. Pero como ahora me estaba conociendo como "empresa", pidió la misma información que ya había dado a la agencia de autos para acreditar la existencia de la empresa y mis facultades para hacer transacciones a su nombre. Descargué la ira que había ido acumulando durante toda una semana en el promotor de seguros; le pido una disculpa.

Entiendo las razones que llevaron a la SHCP a establecer los controles arriba referidos, pero le sugiero que se haga dos preguntas. Primero, ¿están sirviendo de algo todos estos trámites para asegurar que las transacciones que se llevan a cabo en la economía son legítimas? Segundo, ¿cuando diseñaron los procedimientos arriba descritos, pensaron qué incentivos estaban estableciendo para participar en la economía formal? Ni Big Brother se hubiera imaginado algo similar.

Roberto Newell G. es Economista y Vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Las opiniones en esta columna son personales.