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El desayuno de mis palabras

El pasado 22 de febrero fui invitado a un foro en el Senado de la República para discutir los contenidos de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Llegué al evento con el ánimo cargado de frustración. Desde hacía 9 meses se había aprobado la reforma constitucional que forjó los cimientos del SNA, pero el trabajo legislativo para discutir las leyes secundarias estaba estancado. La Comisión Anticorrupción no se había reunido ni una sola ocasión desde noviembre de 2015.

Para darle vida y forma a la reforma constitucional es necesario redactar y aprobar un ambicioso catálogo de leyes nuevas y cambios a normas ya existentes: 1) Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, 2) Ley General de Responsabilidades, 3) Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, 4) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 5) Ley de Fiscalización Superior y 6) Código Penal. A esta lista de pendientes legislativos, algunos expertos le añaden la normatividad específica de la fiscalía especializada en delitos de corrupción.

Al inicio del periodo ordinario de sesiones, a principios de febrero, el presidente de la República hubiera podido presentar una iniciativa preferente para avanzar el SNA. La facultad constitucional de la iniciativa preferente permite al titular del Ejecutivo presentar un proyecto de ley que debe ser discutido, aprobado o rechazado por la Cámara de origen en un plazo de 30 días naturales. En caso de ser aprobado, la otra Cámara tendrá un plazo idéntico para discutirlo y votarlo. Enrique Peña Nieto dejó pasar la coyuntura histórica para abrir y avanzar la agenda legislativa contra la corrupción.

En esas circunstancias de tiempos y oportunidades perdidas, inicié mi participación en el Senado con la definición del verbo procrastinar: "postergación o posposición. La acción o el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse sustituyéndolas por otras más irrelevantes o agradables". La descripción semántica era una forma de manifestar la frustración contra la inmovilidad y el aparente desdén sobre esta reforma estructural. Hoy me arrepiento de la intención de aquellas palabras.

El antónimo de la procrastinación es el apresuramiento. Es una lástima que hayan pasado tres estaciones del año y se haya avanzado poco. Preocupa que los plazos establecidos en la Constitución se brinquen como un bache en el asfalto. Sin embargo, es mucho más grave y peligroso que en la intención de apurar la agenda se apruebe un voluminoso cuerpo legislativo que no cambie mucho las cosas. Ojalá se pudiera llegar al 28 de mayo, fecha marcada en la Constitución, con leyes bien redactadas y votadas por nuestros representantes en el Congreso, pero como dice José Alfredo Jiménez: no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar.

Los cientos de miles de ciudadan@s que apoyamos la Ley 3 de 3 firmamos a favor de un proyecto de legislación específica, pero también manifestamos de una forma cívica y respetuosa que estamos hasta la madre de la corrupción. Para enfrentar la crisis nacional de impunidad, desde la Casa Blanca de las Lomas hasta los Porkys de Veracruz, necesitamos lo que no tenemos: un Sistema Nacional Anticorrupción. Cada una de las leyes del sistema ayuda a frenar el uso del poder político para acaudalar fortunas, privilegios y faltas graves sin castigo alguno. El movimiento que forjó e impulsó la Ley 3 de 3 debe ampliar sus horizontes y asumir el reto que la corrupción se tiene que enfrentar desde el SNA. Armados con la ardiente paciencia del poeta Rimbaud, no podemos procrastinar pero tampoco caer en los tropiezos inherentes a la premura. Combatir la corrupción es cambiar el corazón del sistema político. Vámonos con calma que la República trae prisa.

Publicado por Reforma
03-04-2016