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¿El fin de los virreyes?

La reforma hacendaria presentada por el Ejecutivo federal puede resultar incompleta, pero no representa un cambio menor. El paquete legislativo representa una cirugía mayor a las finanzas públicas: la reescritura de dos artículos constitucionales (4 y 123), la creación de cuatro nuevas leyes, la abrogación de dos más y la modificación de 15 ordenamientos legales. Por el tamaño de la porción y los ingredientes de la receta, el platillo de la reforma hacendaria ha generado severas indigestiones en diversos sectores de la economía. Sin embargo, la propuesta incorpora cambios que pueden resultar muy positivos para la eficiencia del gasto público.

La iniciativa representa un reconocimiento del fracaso contundente de la descentralización presupuestal de fines del siglo pasado. En teoría, la transferencia de responsabilidades de gasto a los gobiernos estatales era una forma de fortalecer el federalismo. En la práctica, la descentralización del gasto se convirtió en el pilar financiero del feuderalismo, ese sistema político donde ser gobernador estatal implicaba ejercer las facultades de un virrey. La visión del federalismo fiscal como un medio para impulsar gobiernos eficientes y responsables chocó contra el muro de la realidad mexicana. No es lo mismo defender la teoría federalista con Hamilton, Madison y Jay, que la praxis mexicana con Humberto Moreira, Andrés Granier y Juan Sabines.

Una de las preguntas más incómodas de la vida pública de México era: ¿cuántos maestros trabajan en las escuelas públicas del país? La interrogante recibió respuestas titubeantes y tartamudas de sucesivos secretarios de Educación. La imposibilidad de dar una respuesta precisa no era culpa de los funcionarios federales sino de los virreinatos estatales. Gracias a la descentralización educativa, los gobernadores eran los principales responsables de saber cuántos maestros hay en México. En el estudio La caja negra del gasto público (2010), el IMCO encontró que los gobiernos estatales tenían cuatro categorías distintas para clasificar, en su presupuesto, las nóminas de los maestros: unas entidades la incluían en el capítulo de servicios personales, para otros el rubro entraba en la parte de transferencias federales, otras entidades mezclaban las categorías anteriores. En otros casos era imposible saber. Con esta confusión contable, las transferencias para pagar las nóminas magisteriales crecieron bajo la sombra de la opacidad.

Entre 1998 y 2008, el número de niños en primarias y secundarias públicas creció en 5 por ciento. En ese mismo periodo, el número de profesores reconocidos por la SEP se incrementó en 11 por ciento. Sin embargo, los dineros para pagarle a esos maestros en el FAEB (Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal) se elevó en un 51 por ciento. Los fondos para cubrir los costos laborales de los maestros crecieron 10 veces más rápido que el aumento de infantes en la plantilla escolar. La falta de transferencia sobre el número exacto de profesores era un negocio para las cúpulas sindicales, pero probablemente también para algunos gobernadores.

Sin embargo, en otras entidades, el pago de la nómina era un fardo monumental para las finanzas estatales. En al menos siete estados, un dirigente del SNTE era secretario o subsecretario de Educación. Esto implica que a la hora de las negociaciones salariales, el sindicato está sentado en ambos lados de la mesa.

La reforma hacendaria propone que el gobierno federal recupere la responsabilidad del pago de toda la nómina magisterial. Esta medida tiene el potencial de mejorar la transparencia y rendición de cuentas sobre uno de los rubros más grandes del presupuesto, que representa cerca de un 7 por ciento del gasto público total. No son cacahuates. Ahora, los gobernadores estatales recibirán recursos adicionales derivados de los potenciales aumentos de impuestos. Ojalá que estas nuevas transferencias se inviertan con mayor transparencia y rendición de cuentas de como se ejerció la nómina magisterial en los últimos 15 años.

 

Twitter: @jepardinas