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El gas de Herodes

El destino de la reforma energética no se juega en las negociaciones en el Congreso de la Unión, sino en los acuerdos del cabildo de Agua Prieta. Este municipio de Sonora ha puesto una piedra que puede socavar la reforma más ambiciosa del sexenio. Esta población, cuna de la revolución mexicana, puede ser la tumba de la reforma energética. En el artículo 40 de la Ley de Ingresos Municipal de 2014, el cabildo Agua Prieta determinó el cobro de 9,500 salarios mínimos vigentes para otorgar la autorización de conectarse a la red de gas natural. Para que este combustible pueda cruzar el territorio municipal la alcabala de Agua Prieta deberá recibir cerca de 640 mil pesos anuales.

Una de las formas para medir el éxito de la reforma energética será la cantidad de recursos que se inviertan para forjar un mercado diversificado de energía. La certidumbre jurídica y la claridad de las reglas será un factor determinante para atraer las inversiones que permitan el despegue de múltiples empresas que conformen un sector energético plural y diversificado. Las ocurrencias tributarias de autoridades estatales y municipales sobre la renta de los hidrocarburos sólo servirán para aumentar los costos de los proyectos e incrementar el grado de incertidumbre a la inversión.

El desarrollo de una red nacional de gasoductos es uno de los factores clave no sólo para detonar el crecimiento de las empresas de energía, sino para la sobrevivencia de todo el sector industrial. Estos impuestos locales no sólo se le pueden achacar exclusivamente a las autoridades municipales. De acuerdo a la Constitución federal son los congresos estatales quienes tienen la facultad exclusiva de aprobar las leyes de ingresos de los ayuntamientos. En el caso de Agua Prieta, el Congreso de Sonora dio por buena la propuesta enviada por el cabildo. Las comunidades donde se explotan y producen los hidrocarburos tienen legítimo derecho a recibir algún tipo de beneficio por la actividad económica que ocurre en su territorio. Sin embargo, estos incentivos deben estar alineados desde una perspectiva regional y nacional.

El proyecto de Los Ramones, desarrollado por Pemex, es la inversión más importante en infraestructura de gasoductos en cerca de 40 años. En sus dos fases, este ducto tiene una extensión superior a los 850 kilómetros y cruza los territorios de los estados de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato. No tengo idea de cuántos municipios serán surcados por el trazo de la tubería. Sin embargo, los costos y proyecciones de la inversión se complicarán hasta el absurdo si cada ayuntamiento involucrado tiene facultad de modificar, anualmente, los costos por derechos de paso y conexión. ¿Qué le ocurriría a la carretera México-Acapulco si el cruce de cada frontera municipal implicara el cobro de una caseta de peaje?

En América del Norte, el gas natural es hoy el combustible más eficiente, barato y menos contaminante para generar electricidad. El cobro de estos derechos municipales no sólo afecta a las industrias, sino también a cualquier consumidor de energía eléctrica. México tiene un rezago de varios sexenios en inversión de infraestructura de gasoductos.
El Ejecutivo federal debe considerar la viabilidad de una controversia constitucional contra los congresos estatales y los ayuntamientos que promuevan estas alcabalas energéticas. De lo contrario, cada empresa que construya un tramo de gasoducto se vería en la necesidad de ampararse contra los cobros municipales. Los ayuntamientos también necesitan mayor claridad sobre los ingresos que deben y no deben esperar de un hipotético boom energético.

El ingenio municipal para inventar cargos y tributos sería materia literaria para Jorge Ibargüengoitia y su Ley de Herodes. El problema es que la realidad mexicana tiene mucho combustible para rebasar la ficción del novelista.

Publicado por Reforma 

08-06-2014