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El gasolinazo y reforma energética

Una de las mayores ventajas de llegar a mi edad es el haber sido testigo de varias situaciones útiles para evaluar la situación que estamos viviendo con motivo del gasolinazo.
Una de las condiciones indispensables para introducir la competencia al mercado de gasolina era eliminar las distorsiones que subsisten en ese mercado.
Mientras el precio de venta de la gasolina estuviera por debajo de los costos de importar y distribuir gasolina, ningún competidor potencial estaría interesado en invertir para vender gasolina al detalle y la apertura se frustraría. Por ello, eliminar este vestigio del viejo monopolio petrolero era una tarea ineludible. Los precios se tenían que llevar al nivel que corresponde a un mercado abierto, en competencia.

Esta no es la primera vez que el Gobierno de México ha enfrentado un reto similar. Cuando se liberalizaron las telecomunicaciones, el Gobierno enfrentó una situación parecida: el precio del servicio local estaba muy por debajo del costo de proveer el servicio. Consecuentemente, no había incentivos económicos para que la red local creciera y los mexicanos tardábamos años (o pagábamos una fortuna) para obtener una línea telefónica. Urgía al País corregir el precio distorsionado del servicio telefónico local.

Pero el Gobierno enfrentaba un dilema cruel: si eliminaba la distorsión de precios de golpe, incurriría la ira de los consumidores que se beneficiaban de esas distorsiones, mientras que si no lo hacía, demoraría la apertura del sector de telecomunicaciones indefinidamente.
La decisión que el Gobierno tomó fue parecida a la que varios analistas hubieran querido que se instrumentara en esta ocasión: se estableció un calendario multi-anual de ajustes para gradualmente ir corrigiendo el precio del servicio local.

Esta mecánica posiblemente hubiera funcionado si no se hubiera topado con la terca realidad. Poco después de iniciado el proceso de ajuste la economía nacional entró en crisis y el Gobierno congeló los precios regulados -incluyendo el de la telefonía local- para controlar la inercia inflacionaria. Esta decisión demoró la apertura del sector de telecomunicaciones, alargando de facto el monopolio de Telmex en la telefonía local. La empresa aprovechó ese periodo para consolidar su posición dominante y no fue sino hasta muchos años después que Telmex tuvo que enfrentar auténtica competencia.

Si bien es cierto que la situación macroeconómica no parece ser tan precaria hoy como lo era en 1995, también lo es que las aguas económicas en las que navega actualmente el Estado mexicano son suficientemente turbulentas para no andarse por las ramas instrumentando programas graduales de ajuste como si las condiciones económicas fueran amables y se avizorara un periodo largo para hacer cambios a la estructura del sector energético y a las finanzas públicas.

Posiblemente hubiera sido deseable instrumentar el ajuste de precios a la gasolinas en un momento político-económico previo, más favorable, apoyándose en una mecánica gradual y suave, aunque ésta fuera más costosa e incierta. Pero estamos donde estamos: las condiciones fiscales actuales son suficientemente precarias como para que el Gobierno se quiera dar el lujo de consentir a ciertos segmentos los consumidores poniendo en riesgo la estabilidad económica del País y el bienestar de los mexicanos más vulnerables. Tampoco hubiera sido juicioso demorar aún más la apertura del sector energético, prolongando el monopolio de facto de Pemex en la venta de gasolina.

No cabe duda que es lamentable que en corto plazo los consumidores tengan que pagar más por el transporte y por los bienes que son intensivos en logística de transporte y distribución, pero hubiera sido peor poner en riesgo la estabilidad económica del País.
La primer responsabilidad del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es garantizar la solvencia de las finanzas públicas y del País. Para ello, es necesario asegurar que los precios de los bienes regulados se manejen responsablemente, libres de favoritismos políticos y distorsiones clientelares. Los que acusan a los funcionarios de SHCP de ser políticamente insensibles tácitamente los están invitando a usar las variables económicos para fines políticos. Eso se llama populismo. Si en SHCP hay funcionarios que quieren participar en la política, que se vayan a trabajar a Gobernación o al Congreso.

Lo que los mexicanos debemos exigir es que en SHCP se tomen decisiones técnicas que aseguren que la economía esta sana y que las condiciones económicas incentivan la inversión y la generación de empleos.
Por favor, que por ningún motivo en SHCP se vuelva a la costumbre de meter mano en la economía persiguiendo fines políticos de corto plazo. Ya tenemos problemas suficientes con el demagogo del país vecino sin sumar más complicaciones a la lista de retos económicos a resolver.

Publicado por Reforma
12-01-2017