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El Senado debe aprobar Ley 3de3

Estamos a pocos días de que concluya el periodo legislativo ordinario y el Senado aún no ha aprobado las dos leyes secundarias que definirán cómo funcionará el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). A pesar del hecho que la abrumadora mayoría de los mexicanos percibe que la corrupción gubernamental es uno de los principales problemas nacionales a corregir, el PRI y el PVEM parecen haber decido asumir el costo político asociado con el estatus quo, instrumentando tácticas dilatorias para bloquear la discusión y aprobación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como la Ley 3de3.

La Ley 3de3 es una iniciativa ciudadana. Cuenta con el respaldo formal de más de 600 mil ciudadanos, excediendo por mucho, el piso establecido para este tipo de iniciativa legislativa. La propuesta de Ley fue redactada por un grupo experto multidisplinario que trabajó durante varios meses preparando el texto actualmente bajo consideración. La iniciativa de Ley dota al SNA con dientes y corrige los principales defectos de las leyes actuales.

Uno de las principales ventajas de la 3de3 es que se trata de una Ley General. Esto significa que las normas que en ella se establecen deben ser observadas en todo el País y los gobiernos en todos los niveles: federal, estatal y municipal. Al ser una Ley General, la 3de3 obliga a los gobiernos estatales y locales a homologar sus normas con lo dispuesto en la Ley General, asegurando con ello que se cuente con reglas uniformes para combatir las redes de corrupción que operan en el País.
Otra de las grandes virtudes de la 3de3 es que en su texto se definen 10 tipos de conductas corruptas, eliminando con ello el hueco que tienen las leyes actuales. Cada una de estas conductas (soborno, peculado, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de justicia, colusión, utilización de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción) están definida en la Ley, donde se aclara en qué consisten y quiénes serán considerados responsables en el caso de que se incurra en cualquiera de ellas. Estas definiciones corrigen una de las principales deficiencias del marco normativo actual.

Los procesos de investigación que se proponen en la iniciativa están basados en las mejores prácticas internacionales para combatir la corrupción y la colusión económica. Para mejorar la eficacia de estos procesos en la propuesta se dota a la autoridad investigadora con facultades para proteger a los denunciantes, testigos y terceros coadyuvantes; se establecen incentivos económicos para recompensar a las personas que denuncien casos de corrupción; dota a los investigadores con facultades para intervenir las comunicaciones de las personas bajo investigación y para acceder a su información financiera y fiscal. La propuesta de ley faculta a la autoridad para hacer embargos precautorios y para suspender provisionalmente a funcionarios públicos que estén siendo investigados. Además, permite a la autoridad que audite y coteje las declaraciones de los servidores públicos sobre su situación patrimonial y fiscal y sus posibles conflictos de interés.

Para evitar que las autoridades investigadoras abusen las facultades que les confiere la Ley, la iniciativa propone un sistema de pesos y contra-pesos diseñados para proteger los derechos de las personas que están siendo investigadas. La figura clave en este diseño son los Tribunales Administrativos Especializados que oirán y resolverán los casos de conductas corruptas. Para evitar que los tribunales incurran en conductas incorrectas, la iniciativa establece un catálogo de sanciones que califica la gravedad de la violación, el daño económico causado y el beneficio ilegítimo obtenido por las personas implicadas. En ese catálogo se establecen las sanciones correspondientes, incluyendo las medidas requeridas para reparar el daño causado. Los fallos de los Tribunales podrán ser apelados en instancias superiores. Los individuos que enfrentan procesos administrativos por conductas corruptas no perderán ninguno de sus derechos y en caso de abusos de autoridad podrán ampararse ante las autoridades correspondientes.

Por todo lo anterior, creo que la Ley 3de3 tiene los atributos que esperaría uno encontrar en una Ley moderna diseñada para combatir la corrupción con mayor eficacia y eficiencia, evitando crear circunstancias que puedan resultar en decisiones caprichosas por parte de las autoridades. La iniciativa de Ley que fue presentada para ser considerada por el Senado resuelve varias de las limitaciones que tienen las leyes actuales, pero sin perjudicar los derechos de las personas y los funcionarios.

El Senado debe aprobar la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Publicado por Reforma
28-04-2016