Artículo

El veto y el martillo

¿Tiene parientes de primer grado que sean dueños de empresas que tengan contratos activos con alguna dependencia de gobierno? Si Jesús Murillo Karam hubiera tenido que llenar y publicar su declaración de intereses hubiera tenido que responder afirmativamente a la pregunta que abre este texto. Mexicanos contra la Corrupción obtuvo copia de 43 contratos asignados a tres empresas constructoras propiedad de hijos, sobrinos y parientes políticos del ex procurador general de la República.

Venderle al gobierno no es ningún delito y tener familiares que lo hagan tampoco, pero este caso particular da elementos para alzar una ceja. En 2010, el trío de empresas familiares no tenía ni una sola obra pública en construcción. En 2013, las empresas vinculadas con Murillo Karam obtuvieron 21 obras por más de 1,800 millones de pesos. En 2014 fueron 15 obras que redundaron en ingresos por 1,900 millones de pesos. El contrato más grande, por 885 millones de pesos, se asignó de forma directa sin concurso.

Entre 2012 y 2015, las empresas de la familia Murillo tuvieron un incremento de ventas de 700%. Esta cifra es de asombro, si se considera que en esos años el sector nacional de la construcción creció en promedio menos de medio punto porcentual por año. El mejor año del periodo fue 2015, con un crecimiento anual de 2.5%. Una vez que Murillo Karam dejó el gobierno, las empresas familiares sufrieron un súbito periodo de vacas flacas: en 2016 no han ganado un solo contrato.

Con las anteriores normas para "combatir" la corrupción, Murillo Karam no hubiera podido ser investigado por tráfico de influencias; como procurador o secretario de Sedatu, él no tenía influencia directa sobre la asignación de esos contratos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Las leyes del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción reconocen que la influencia de una persona para traficar favores puede ocurrir desde otras áreas de gobierno ajenas a la dependencia que otorgó el contrato. Ahora un procurador podría ser investigado por la asignación directa de una obra en otra oficina de gobierno. Este es uno de los muchos avances de las normas que recién aprobó el Congreso en el combate a la corrupción.

Sin embargo, el tema de las versiones públicas de las declaraciones patrimonial y de intereses se quedó atorado. Si a principios del sexenio hubiera existido la obligación legal de transparentar las declaraciones de intereses, no sólo la historia de Murillo Karam hubiera sido distinta, sino la de todo el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Esta semana, el Presidente tomó una decisión inédita: vetar un artículo, el 32 de la Ley de Responsabilidades, que fue votado masivamente por la representación de su propio partido en el Congreso. Así el titular del Poder Ejecutivo rectifica el error del Poder Legislativo que obligaba a más de la mitad de la población mexicana a presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses. Desde Ban Ki-Moon, el secretario general de la ONU, que recibe cuotas del gobierno mexicano, hasta las decenas de millones de personas que reciben subsidios de las tarifas eléctricas de la CFE hubieran tenido que presentar su 3 de 3.

El presidente Peña salvó a México y se salvó a sí mismo del oso monumental de promulgar una barbaridad. Sin embargo, celebrar el veto presidencial al artículo 32 es como felicitar a alguien que ha dejado de golpearse la cabeza con un martillo. El verdadero mérito histórico hubiera sido ponerse del lado de las 634 mil personas que buscaban transformar el servicio público al exigir versiones públicas de las declaraciones de los servidores públicos de alto nivel. Combatir la corrupción implica reformar los usos y costumbres de la política mexicana. Nadie supuso que ese propósito fuera una carrera corta y con obstáculos menores.

Publicado por Reforma
26-06-2016