En los últimos tres años el combate a la corrupción y a la impunidad se convirtieron en el centro de la discusión pública nacional. La sociedad civil organizada fue el actor principal para conseguir que estos temas dejarán de ser discusiones periféricas en distintos sectores, y se convirtieran en la causa de la debilidad del Estado y sus funciones básicas.

Esto se logró a través de tres ejes estratégicos: la denuncia permanente de casos concretos, el análisis de información, y la creación de alternativas de política pública. Distintas organizaciones de la sociedad civil se han especializado en estas tareas y han hecho cada vez más difícil esconder casos, manipular información relevante o proponer soluciones inviables o inútiles.

Organizaciones de la Sociedad Civil hemos trabajo en estos ejes, a través de estudios de casos concretos como el del tren México-Toluca, el análisis de información como en el Índice de Riesgos de Corrupción en Contrataciones Públicas o el Semáforo Anticorrupción, y en la generación de alternativas como la creación de la Ley 3 de 3 o la Ley Modelo para los Sistemas Locales Anticorrupción. El camino aún es largo y las tareas pendientes son muchas, es por eso que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realiza las siguientes propuestas para diferentes niveles de gobierno.

Las propuestas están basadas, en parte, en el documento Control efectivo de la corrupción. 11 temas para avanzar hacia un México íntegro, planteadas por varias OSC.

Federal

  1. Reformar el Artículo 102 constitucional para crear una Fiscalía General autónoma, eficaz e independiente.
  2. Establecer mecanismos abiertos, competidos, transparentes y basados en perfiles técnicos para completar la integración de los órganos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
  3. Completar y fortalecer el SNA, incluyendo la Plataforma Digital Nacional, para que se convierta en el centro de inteligencia contra la corrupción
  4. Consolidar la integración del sistema de registro y verificación de información de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos en la Plataforma Digital Nacional.
  5. Crear leyes generales en materia de adquisiciones y obra pública que establezcan principios, procesos, criterios y funciones homogéneas para todo el país.
  6. Desarrollar una plataforma digital nacional de contrataciones públicas que sea de uso obligatorio, tanto para la federación como para los estados, desde la planeación, licitación, ejecución y auditoría. La plataforma debe ser completamente transaccional y transparente.
  7. Utilizar evidencia y análisis automatizado para enfocar los esfuerzos estratégicos de auditoría y control, y con esto crear mejores análisis de riesgos de corrupción, desde la prevención, detección, investigación y hasta la sanción.
  8. Conformar el Instituto Nacional de Política de Contrataciones Públicas, encargado de la planeación a mediano y largo plazo, así como de generar políticas que ayuden a usar de mejor manera los recursos y que promuevan alternativas con el uso de la tecnología.
  9. Diseñar políticas anticorrupción basadas en evidencia y el análisis automatizado de datos que permitan enfocar los esfuerzos de auditoría y control de manera estratégica. Interconectar a las Fiscalías Anticorrupción a las bases de datos de la nueva Plataforma de Contrataciones Públicas, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
  10. Consolidar una nueva cultura de integridad corporativa que ponga en el centro hacer negocios de manera limpia y responsable.

Estatal

  1. Crear mecanismos abiertos, competidos, transparentes y basados en perfiles técnicos para completar la integración de los órganos de los Sistemas Estatales Anticorrupción.
  2. Promover la reforma a las procuradurías estatales que garantice la plena autonomía en sus funciones.
  3. Crear leyes generales en materia de adquisiciones y obra pública, que establezcan principios, procesos, criterios y funciones homogéneas para todo el país.
  4. Obligar a los estados a contar con plataformas de contrataciones públicas digitales, que cumplan con los mismos criterios que la plataforma nacional.
  5. Consolidar una nueva cultura de integridad corporativa que ponga en el centro hacer negocios de manera limpia y responsable en todos los estados.

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