La mayoría de las ciudades mexicanas siguen el modelo de desarrollo urbano predominante en los Estados Unidos, enfocado al automóvil particular. Las regulaciones en torno al desarrollo urbano y la movilidad de las ciudades han privilegiado el espacio destinado al coche, y lo han superpuesto incluso sobre otras necesidades básicas de la población, como la vivienda. Un ejemplo es la Ciudad de México (CDMX), en donde 42% de la superficie construida está destinada para estacionamiento, mientras que solo 32% para vivienda.

En los últimos años se han hecho esfuerzos, sobre todo por parte de la sociedad civil, para revertir esta tendencia y avanzar hacia ciudades más compactas, continuas y completas (compacidad urbana). En 2016 se publicó en la gaceta del Senado la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Esta incorpora conceptos como el derecho a la ciudad, la movilidad, la mezcla de usos de suelo y la sustentabilidad ambiental, así como mecanismos clave en la construcción de ciudades más habitables. Otro ejemplo es que en 2017 la CDMX eliminó el requerimiento de un número mínimo de cajones de estacionamiento para las nuevas construcciones e impuso límites máximos.

A pesar de estos logros, algunos habitantes prefieren la infraestructura para el automóvil, en parte debido a las carencias y fallas recurrentes del transporte público y otros modos de transporte. Por ello, los tomadores de decisiones prefieren seguir implementando políticas públicas a favor del automóvil que parecen ser políticamente rentables en el corto plazo, en vez de trabajar por un sistema de movilidad integrado y sustentable. Debido a esto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realiza las siguientes propuestas para los tres niveles de gobierno.

Algunas de estas recomendaciones se basan en la agenda que promueve la iniciativa ciudadana #YoMeMuevo.

Federal

  1. Generar incentivos para que los estados aceleren el proceso de armonización de sus leyes a la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
  2. Desarrollar una Metodología de Evaluación Territorial para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ordene la ubicación de los proyectos de infraestructura financiados con recursos federales.
  3. Vigilar que el Instituto Nacional del Suelo Sustentable incida sobre el ordenamiento de los terrenos disponibles (privados y públicos) y evite la especulación de precios.
  4. Establecer una política de cero-tolerancia a los nuevos asentamientos irregulares en las zonas de riesgo o de alto valor ecológico.
  5. Alinear el otorgamiento de créditos hipotecarios de instituciones financieras públicas y privadas en función del apego a los programas de desarrollo urbano y mapas de riesgo.
  6. Unificar las bases de datos del Registro Público de la Propiedad y catastros con el Registro Agrario Nacional (RAN) para evitar conflictos de régimen jurídico y de propiedad.
  7. Incluir una vertiente de movilidad, conectividad y seguridad vial dentro del Programa de Infraestructura de la Sedatu.
  8. Desarrollar una política nacional de vivienda asequible orientada al transporte y que incluya un marco normativo para esquemas como la vivienda en renta.
  9. Financiar planes y proyectos de gestión del uso de automóvil en ciudades.
  10. Priorizar el uso de recursos federales para proyectos de infraestructura de transporte público y no motorizado que mejoren la calidad, seguridad y cobertura, y reducir lo más posible el gasto en infraestructura para el auto privado.

Estatal

  1. Colaborar con el Gobierno federal para unificar las bases de datos del Registro Público de la Propiedad y catastros con el  Registro Agrario Nacional (RAN).
  2. Priorizar el uso de recursos estatales para proyectos de infraestructura de transporte público y no motorizado que mejoren la calidad, seguridad y cobertura, y reducir lo más posible el gasto en infraestructura para el auto privado.
  3. Ordenar al transporte público concesionado y transitar de esquemas hombre-camión a empresas profesionalizadas y modernas, bajo un esquema de financiamiento mixto.
  4. Modificar concesiones de transporte para que puedan ser revocadas ante resultados deficientes en evaluaciones de desempeño (por ejemplo, fallas en el servicio).
  5. Incentivar la renovación de las unidades de transporte público para introducir tecnologías menos contaminantes.
  6. Impulsar una integración operacional, física y territorial de las zonas metropolitanas.
  7. Promover una ley de coordinación metropolitana, para aquellas zonas en las que sea procedente, la cual permita un mejor entramado y coordinación interinstitucional.
  8. Impulsar la revisión de los programas de desarrollo urbano para limitar el crecimiento de la mancha urbana, promover el crecimiento intraurbano, incrementar la mezcla de usos de suelo compatibles y promover las plantas bajas activas.
  9. Promover la vivienda diversa y plural en los desarrollos inmobiliarios mediante mecanismos eficientes regulatorios, fiscales y de financiamiento.

Impulsar una regulación eficiente para los servicios de uso compartido del automóvil (tipo carpool, carshare y servicios peer-to-peer o P2P)

Municipal

  1. Impulsar una mayor capacidad de gestión de los Institutos Municipales de Planeación (Implanes) para que se coordinen con las instituciones municipales y estatales.
  2. Integrar los programas de ordenamiento ecológico y los de desarrollo urbano en un solo instrumento.
  3. Alinear el otorgamiento de permisos de construcción en función del apego a los programas de desarrollo urbano y mapas de riesgo.
  4. Publicar la información de las decisiones de las asambleas ejidales, así como los procesos de decisión colectiva para evitar esquemas clientelares al interior de los ejidos.
  5. Ampliar y mejorar la calidad de la red de transporte público, buscando la integración de modos y la disminución de los tiempos de viaje.
  6. Desincentivar el uso del automóvil a través de cuotas por ingreso a vialidades y zonas conflictivas, como lo aprobó recientemente Buenos Aires.  
  7. Crear una política de estacionamientos que tope el número de estacionamientos a las nuevas construcciones y cobrar en caso de que se pasen los máximos.
  8. Incentivar el uso de tecnologías más limpias (vehículos híbridos, eléctricos y motores a gas), por ejemplo, a través de un esquema de tenencia verde.
  9. Usar el predial para promover el desarrollo de terrenos baldíos intraurbanos y predios subutilizados.
  10. Promover mayores densidades para usos de vivienda, comerciales y de oficinas en zonas cercanas al transporte público.

Estudios relacionados

El peso de los estacionamientos
Índice de Competitividad Urbana 2016