En los últimos años, se han dado pasos importantes para mejorar la calidad educativa en México. Entre estos, destacan la creación de un sistema de asignación de plazas y promociones basado en el mérito docente, la depuración de la nómina educativa federal y la publicación de nuevos planes y programas de estudio. Algunos de estos logros, incluyendo las evaluaciones que buscan que los mejores maestros sean quienes entran y avanzan en el servicio profesional docente, comenzaron como exigencias de la sociedad civil.

Sin embargo, nuestro país todavía arrastra rezagos inaceptables, de los cuales el más grave es el bajo logro de aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes mexicanos. Según los resultados de la prueba PLANEA 2017, de los alumnos de tercero de secundaria 34% se ubican en el nivel más bajo de logro educativo en lenguaje y 65% en matemáticas. Entre los alumnos del tercer grado de bachillerato, estos porcentajes ascienden a 34% y 66%, respectivamente. Es decir, casi 7 de cada 10 jóvenes que egresan de secundaria no tienen siquiera los conocimientos mínimos esperados, por lo que continuar su carrera educativa se vuelve sumamente difícil.

Los retos pendientes en educación son numerosos y complejos. Las reformas legales de los últimos años han puesto a andar procesos de cambio que pueden ser trascendentales, pero su implementación no ha estado a la altura de sus promesas. Entre los pendientes están el consolidar la legitimidad de la evaluación docente a partir de un uso más sistemático, oportuno y mejor difundido de sus resultados para mejorar la formación inicial y continua de los maestros; transparentar y depurar las nóminas educativas estatales; asegurar presupuestos para la operación cotidiana de todas las escuelas; y robustecer las capacidades técnicas y operativas de las secretarías estatales de educación. Debido a esto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) propone  los siguientes pasos urgentes para los tres niveles de gobierno.

Federal

  1. Establecer un plan de largo plazo de evaluación del aprendizaje de los alumnos con un diseño anual y censal, con transparencia en sus resultados y cuyo diseño, implementación y ajuste se encuentre en manos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
  2. Garantizar el presupuesto necesario y el apoyo operativo para que el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), en cumplimieto con la ley, se vuelva una herramienta que permita tomar decisiones de política educativa basadas en evidencia y reaccionar a las necesidades particulares de cada escuela.
  3. Aplicar cabalmente la Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD) y sus consecuencias jurídicas. La LSPD es una herramienta para exigir lo justo a los maestros, pero también debe cumplir su papel de garantizar y proteger los derechos de los docentes.
  4. Vincular la falta de transparencia en el sector educativo con consecuencias jurídicas y presupuestales para los gobiernos estatales que incumplan con sus responsabilidades.
  5. Asegurar para cada escuela del país un presupuesto para su operación diaria y el mantenimiento cotidiano de su infraestructura, que elimine la necesidad de las cuotas proporcionadas por los padres de familia, directores y maestros.
  6. Asignar los recursos suficientes para el pleno funcionamiento de una estrategia de tutorías que atienda a todos los maestros de nuevo ingreso y aquellos con resultados insuficientes en sus evaluaciones.
  7. Instaurar un plan nacional de orientación profesional, basado en competencias y habilidades, que tome en cuenta las particularidades de los subsistemas de la educación secundaria, media superior y técnica.
  8. Transitar a un modelo público y obligatorio de revisión de la calidad y pertinencia de los planes de estudio en educación media superior y superior, con respeto a la autonomía de las instituciones públicas.
  9. Crear un sistema integral, homologado y de acceso público de información de seguimiento de egresados de la educación técnica y superior, que permita establecer indicadores de calidad y empleabilidad de los programas de estudio y de las instituciones.
  10. Establecer mecanismos de vinculación con el sector productivo que promuevan una mayor pertinencia de la oferta de educación técnica, para que responda a las necesidades particulares de cada región del país.

Estatal

  1. Realizar eventos públicos de asignación de plazas, promociones y reconocimientos a los docentes, directores y supervisores, asegurando que toda la información de estos eventos sea pública y accesible para los ciudadanos.
  2. Establecer sistemas efectivos de comunicación con las comunidades escolares, que permitan presentar y dar seguimientos a comentarios, quejas o denuncias respecto del servicio educativo, así como el procesamiento de documentos y trámites escolares.
  3. Consolidar los sistemas estatales de información educativa, para que operen de manera oportuna y centralicen los procesos de recolección de información de manera que reduzcan la carga administrativa de los maestros, directores y supervisores.
  4. Depurar y transparentar las nóminas educativas estatales, con la intención de alcanzar por lo menos los estándares de transparencia de la nómina federal.

Municipal

  1. Asumir la responsabilidad del ayuntamiento para su participación directa en el mantenimiento y la provisión de equipo básico a las escuelas públicas estatales y municipales.
  2. Instalar cada ciclo escolar Consejos Municipales de Participación Social que operen efectivamente, con una estructura de participación que otorgue mayores facultades a las comunidades escolares, a los ciudadanos y a la sociedad civil.

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