Artículo

Empresa Productiva del Estado

La experiencia muestra que los incentivos son extraordinariamente importantes. Cuando las señales económicas se alinean correctamente, sirven para estimular conductas que favorecen los intereses de todos los involucrados; cuando no, incentivan conductas perversas que conducen a resultados indeseables. Tiene sabiduría el dicho "que mariachi pagado toca mal son".

El tema de los incentivos está firmemente enraizado en la conducción cotidiana de las empresas: se estimula a las fuerzas de ventas con comisiones; los equipos de gestión de las empresas modernas reciben bonos atados al desempeño de los entes que dirigen, vaya, hasta la Participación de los Trabajadores en las Utilidades pretende alinear sus intereses con la salud económica de las empresas donde trabajan.

CFE y Pemex operaron durante décadas en entornos económicos que motivaron que su conducta se apartara del paradigma de conducta que normalmente exhiben sus pares en otros países. Como CFE y Pemex no se gobernaban solas, su conducta es atribuible a las condiciones institucionales que se establecieron para ellas.
En mi opinión, lo que más afectó la conducta de Pemex y CFE fue el estatus de monopolio que les otorgó la Constitución. Este arreglo causó que se deformara la estructura de costos de las dos empresas y contribuyó a atrofiar funciones operativas que son indispensables para participar con éxito en mercados competitivos. La condición de monopolio también propició la corrupción y debilitó los incentivos para corregir prácticas comerciales inadecuadas.

Las recientes reformas están diseñadas para resolver este problema, puesto que la presencia de competidores inducirá cambios en la conducta de las dos empresas. Pero si el único cambio propiciado por la reforma fuera permitir la entrada de competidores, se habría perdido una oportunidad de oro para corregir otra condición que también crea incentivos perversos.

El hecho de que Pemex y CFE sean propiedad del Estado causa problemas graves. Esto se debe atender respondiendo a la pregunta: ¿cuál es la función objetivo de cada una de ellas satisfacer? Si se establece una función objetivo muy compleja se crearán circunstancias que causarán que tarde o temprano la empresa se aparte de un sendero económico plausible y sostenible. Lo óptimo sería pedir a las empresas que centren su atención en la maximización del valor del patrimonio que les fue encomendado. Pero esa no es la única pregunta a resolver.

También es indispensable definir cómo debe ser la relación entre el Gobierno y las dos empresas. La mejor opción sería evitar que el Gobierno federal participe en la toma de decisión operativa de las empresas. Sería deseable que el Gobierno asuma un rol como representante del interés fiduciario de los accionistas (los ciudadanos del País), nombrando una cuota de Consejeros que posean los conocimientos requeridos para supervisar la gestión y manejo de las dos empresas y supervisando que las empresas cumplan los fines que establece la ley. Para que el gobierno institucional aporte estabilidad institucional, el Consejo debe estar compuesto de consejeros independientes que celosamente defiendan los intereses de los dueños y que aporten a la toma de decisión estratégica sin dejarse influir por intereses políticos y económicos de corto plazo del Gobierno y del equipo de gestión de Pemex.

El Consejo debe participar activamente en la identificación y nombramiento de ejecutivos clave, seleccionándolos con base en sus méritos profesionales y capacidad para conducir a empresas de gran tamaño con probidad y excelencia. Estos nombramientos deben ser totalmente ajenos del vaivén político del País.
La toma de decisión económica de las empresas debe estar centrada en la manutención y crecimiento del patrimonio de las empresas. Por ello, el presupuesto de operación e inversiones de las empresas debe ser aprobado por el Consejo de cada empresa, sin que tales decisiones sean influenciadas por cuestiones fiscales o políticas que sean ajenas al bienestar de largo plazo de las empresas.

Por ello, es indispensable disolver el vínculo entre las finanzas de las empresas y la situación fiscal del Gobierno federal. Esto significa que Pemex y CFE deben dar rendimientos adecuados, que cubran los costos de capital de los giros en que operan. También significa que cada empresa debe usar su propio patrimonio para hacer frente a resultados de operación malos o decisiones equivocadas.

En suma, la reforma estructural se quedará corta si no se aprovecha el momento para reformar la relación perversa que hay entre las dos empresas y el Gobierno federal. Es indispensable establecer reglas de gobierno institucional que garanticen que estas operen autónoma y profesionalmente, haciendo crecer el patrimonio de los accionistas.

Publicado por Reforma 
04-09-2014