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Gobierno Abierto ¿en serio?

FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Hace siete años, un grupo de ocho naciones, entre ellas México, formaron la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés). Hoy son 79 países los que asumen compromisos puntuales para atender necesidades públicas de cara a la ciudadanía, con apego a cuatro principios:
• Participación ciudadana
• Transparencia
• Rendición de cuentas
• Innovación tecnológica
Desde una perspectiva de inclusión social e impacto gubernamental, OGP es una buena idea que busca atender los principales pendientes que tiene el país para legitimar el quehacer del gobierno. Asimismo,es importante resaltar uno de los aspectos más innovadores de la Alianza: su método de operación. OGP funciona a partir de un esquema tripartita en el que participan con voz y voto el Gobierno Federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y un núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil. Esto les permite dialogar, deliberar, dar seguimiento y comunicarlos Planes de Acción que se elaboren para cumplir compromisos adquiridos. Este nivel de interacción no tuvo precedentes en el país.
Pero más allá de las buenas ideas, el reto de implementar esta iniciativa para que no quede en el cajón de los recuerdos ha motivado cuestionamientos como: ¿realmente representa a toda la sociedad civil?, ¿no servirá solo para vestir bien aquello que los gobiernos no hacen?, o ¿no será que solamente se trata de cumplir con la cuota de participación ciudadana, sin lograr resultados útiles? Todos son cuestionamientos legítimos si se atiende a las razones por las que la sociedad civil mexicana ha fortalecido su actividad y propósito como intermediario entre la población y el gobierno.
En mi opinión, la coyuntura política actual con el nuevo gobierno federal y la participación de México en la Alianza son complementos perfectos: buscan mitigar la corrupción, la opacidad en el gasto y la falta de acceso a justicia en sus diferentes dimensiones. Esto con el objetivo de mejorar la competitividad y crear las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo del país. En este sentido, cabe destacar que los principales beneficiarios de replicar la iniciativa y las políticas de OGP son los tres niveles de gobierno: estados, municipios y la Federación, incluyendo a los poderes legislativo y judicial.
Actualmente México trabaja en su Cuarto Plan de Acción, pero más allá de los compromisos nacionales y la estrategia a seguir, se requiere de voluntad política para cumplir los compromisos y evitar que los promotores de las buenas ideas no queden expuestos a los míticos pegasus o a caprichos de incumplimiento, tal y como se vio en el sexenio pasado.
Publicado por Milenio
15-05-2019