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Gobierno descolorido

Esta semana, dos medios (Urban, DF, 9/6 y Financiero, 9/5) publicaron notas en las que citan un estudio realizado por un diputado local del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, en el que se estima el costo para los habitantes del Distrito Federal de las casi 18 mil manifestaciones que se han llevado a cabo en la capital durante los años de 2009 a 2012.El diputado llegó a la conclusión de que las manifestaciones han costado 5.8 billones de pesos a los habitantes de la capital. La cifra en cuestión es escandalosa: equivale a 2.9 veces el PIB anual de la Ciudad de México; o algo así como 230 mil pesos al año por cada habitante del DF.

Desconozco el detalle del análisis que realizó el diputado; de su estudio sólo se publicaron los resultados, pero de lo que sí estoy seguro es de que sus cálculos están errados, como por dos órdenes de magnitud. (Creerles a sus cifras equivaldría a pensar que el PIB per cápita de los capitalinos se duplicaría con sólo suprimir las manifestaciones; bueno fuera.)

Tengo mayor confianza en los cálculos quick and dirty de Imco. Uno de sus investigadores estima que las manifestaciones recientes están costando cuando menos 100 millones de pesos al día a los habitantes de la ciudad, o sea, algo así como 2 por ciento de los ingresos diarios de la capital. A primera vista, esa cifra no parecería ser alarmante, pero lo es, puesto que la mayor parte de esta carga la están asumiendo los dueños y empleados de los negocios ubicados en la zona centro de la ciudad. Para ellos, las pérdidas diarias son enormes.

El diputado en cuestión no sabe hacer cuentas, pero no se equivoca cuando exige al Jefe de Gobierno que asuma su responsabilidad como gobernante, actuando en defensa de los intereses de las personas afectadas.

Las fallas de conducta del Gobierno del Distrito Federal son muy graves. La razón de ser de cualquier gobierno, incluyendo el de la capital, es cumplir cinco obligaciones básicas: establecer y mantener un sistema de justicia para todos; asegurar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos; promover el bienestar general; proveer una defensa común contra enemigos externos e internos y proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos.

Con su pasividad ante la conducta de la CNTE, el Gobierno del DF está incumpliendo cada una de las obligaciones del párrafo anterior. Esto lo saben y entienden los habitantes del Distrito Federal; también lo saben los comisionados de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y hasta el mismo Jefe de Gobierno, que antes de convertirse en político fue un brillante alumno de Derecho Constitucional.

La conducta reciente del Jefe de Gobierno delata que cree que la única alternativa a la situación actual es un enfrentamiento violento que causaría muchas muertes. Creo que se equivoca en su evaluación de los riesgos inherentes a la situación actual y que menosprecia la calidad de las fuerzas del orden que están a su disposición.

Hasta la fecha, la policía antimotines ha dado cátedra de civilidad, prudencia y autocontrol. Policías mal entrenados habrían perdido control hace mucho ante las agresiones, insultos y ataques que han sufrido durante las últimas semanas. Los hechos muestran que el DF cuenta con una policía antimotines de gran calidad. La falla no está en ellos, sino en el Gobierno, que no quiere o no sabe cómo aprovechar sus capacidades para dispersar las manifestaciones, pero sin incurrir en violencia excesiva represiva.

Lo más preocupante de todo esto es que la timidez del Gobierno capitalino puede causar que los habitantes de la ciudad lleguen a la conclusión de que deben tomar las cosas en sus propias manos. Ya ha habido muchos enfrentamientos que podrían haber pasado a mayores sino hubiera sido por la intervención de la policía. Las mismas razones que causaron que los habitantes de varias zonas rurales del País crearan cuerpos de autodefensa pueden motivar conductas equivalentes en la Ciudad de México.

En México, como en todos los países civilizados, hay un contrato social entre los ciudadanos y el Gobierno que confiere al Estado el monopolio del uso de la fuerza. Pero este mismo acuerdo obliga al Estado a cumplir su parte: proteger el bienestar de los ciudadanos. Cuando el Gobierno incumple, está invitando a los ciudadanos a buscar otros medios para garantizar su seguridad.

Más vale una vez colorado que mil veces descoloridos. El Gobierno del DF debe asumir su responsabilidad.

 

 

Roberto Newell G. es Economista y Vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.

 

Las opiniones en esta columna son personales.