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Guerra equivocada

Para Sergio Aguayo en su lucha contra el crimen organizado.
Hace casi una década, a principios del sexenio de Felipe Calderón, el gobierno lanzó una guerra contra el crimen organizado. Aquella fue una guerra equivocada. El frente de la batalla sí altera el resultado de la guerra. Antes de iniciar el ataque contra los líderes de los cárteles, había que enfrentar las redes de protección política que amparan y benefician al negocio criminal. En lugares como Italia y Colombia, la lucha contra la delincuencia comenzó por procesar a los guaruras políticos de los delincuentes.

De acuerdo con datos de Víctor Manuel Sánchez, del CIDE, entre 1991 y 2014 las autoridades italianas destituyeron en 258 ocasiones a gobiernos municipales infiltrados por la mafia. La lucha italiana contra el crimen organizado también implicó la persecución judicial de senadores, viceministros y un ministro de Gobierno. En Colombia, también con datos de Víctor Manuel Sánchez, entre 2006 y 2014 se encarceló a 31 senadores, 29 congresistas, 3 gobernadores, 10 alcaldes y 23 concejales por mantener vínculos con organizaciones criminales. En Colombia e Italia, todavía hay puentes que conectan al universo de la mafia con la vida política, pero al menos hay un visible esfuerzo de la autoridad por derrumbar esas peligrosas vías de contaminación. En México, si se juzga por el número de consignaciones penales, los vínculos entre políticos y delincuentes son un pequeño conjunto de casos excepcionales.

La semana pasada, en una Corte federal de San Antonio, Texas, el testigo Rodrigo Uribe Tapia señaló que la banda de los Zetas entregó cerca de cuatro millones de dólares en efectivo a dos cercanos colaboradores del ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira. Aquí no estamos hablando de un caso frívolo de corrupción "normal" donde se infla el precio de una obra pública a cambio de una casa de fin de semana. Lo que se discute en la Corte texana es la colaboración de un gobierno estatal con la banda criminal más brutal y sanguinaria en la historia moderna de México. Mientras en Estados Unidos, Moreira se encuentra envuelto en testimonios de la Corte en un caso por delincuencia organizada, en México su blindaje de impunidad le permite demandar por daño moral al periodista y académico Sergio Aguayo. Curiosamente, el colaborador de Reforma y profesor del Colmex se encuentra realizando un trabajo de investigación sobre la presunta desaparición de 300 personas en Allende, Coahuila, en marzo de 2011.

Esta semana, el gobierno federal inició un lento proceso jurídico denominado como acción de inconstitucionalidad para frenar las improvisadas medidas de impunidad que impulsaron los gobernadores salientes de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz. Esta es una buena señal por parte del presidente Peña Nieto, sin embargo es una acción aún muy limitada si se busca castigar a las redes de delincuencia organizada que utilizaron a sus respectivos gobiernos estatales como base de operaciones de su empresa criminal. México no podrá ser un país seguro mientras no se asuma a la corrupción como el enemigo público número uno. Mientras no se ataque esta debilidad estructural de nuestras instituciones, mientras no demos la batalla correcta, nuestra patria tendrá refugio para las mafias comunes y los traficantes salvajes.

En la época medieval y algunos siglos después se acuñó el concepto de cacería de brujas para definir a la persecución misógina y supersticiosa de mujeres acusadas de ejercer el oficio de la hechicería. México no necesita una cacería de brujas, pero a nuestro país le urge una noción empírica de la justicia: dar a cada quien lo que le corresponde según sus actos y omisiones.

Publicado por Reforma
17-07-2016