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Informalidad, ¿problema laboral?

 

Informalidad, ¿problema laboral?
Foto: La primera plana

Un aspecto que me gusta mucho de la política del gobierno actual es que ha reconocido un problema grave en la informalidad económica. Santiago Levy probó que las empresas formales son más productivas, aunque hay un efecto de huevo-gallina: probablemente las empresas menos productivas se vuelven informales porque no pueden cubrir todos los costos de cumplir con la ley del Estado Mexicano. En este proceso, optan mejor por cumplir con la ley del monte: acaban pagando cuota a un estado alternativo que es el que les permite existir.

Esto implica que las soluciones de la política pública a la informalidad económica, que están muy orientadas a formalizar trabajadores, quizás necesitan un cambio de foco. Primero necesitamos formalizar empresarios. La decisión del empresario de ser informal es muy anterior a la decisión del trabajador de entrar a trabajar a una empresa informal. La decisión del trabajador es de tipo residual; lo hace porque le conviene, pero también porque no le queda de otra.

En el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) hicimos un análisis por estado de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, buscando individuos cuya posición en el trabajo fuera empleador o jefe, con remuneraciones mayores a 100 pesos por hora, que no tuvieran seguridad social pública ni un seguro médico privado. Creemos que este número es una buena aproximación a la cuenta de individuos de alto valor económico, que organizan producción , no se aseguran en el IMSS porque le están escondiendo trabajadores, y tampoco tienen un seguro privado porque no pueden hacer uso fiscal de la póliza, ya que la mayor parte de sus ingresos no son declarados.

Nuestro cálculo arroja a 145 mil personas. Ese es el número de gente que hay que meter al aro de la legalidad: 145 mil patrones en todo México que muy probablemente le organizan la vida a un poco más de 30 millones de trabajadores informales.

La ENOE nos permite hacer un análisis por estado. No es sorprendente que la mayoría de estos individuos están en el DF (12.4). Es de aplaudirse la iniciativa del gobierno local de limpiar el espacio público, por ejemplo en el metro, de este tipo de prácticas.

También es importante pensar que estas prácticas de comercio informal ocurren con la anuencia de la autoridad. De facto, lo que ocurre es un alquiler del espacio público: los informales no llegan solos a sus lugares de trabajo. Le están pagando derecho de piso a alguien, y por supuesto, protección. En muchos casos, hasta uniformes tienen. ¿No es sorprendente que la charola en la que venden dulces, cigarros y chocolates en los altos tiene un orden homogéneo en cada semáforo? Hay una corporación atrás de cada gordita de nata, del carrito de productos oaxaqueños, del tamalero con jingle pregrabado, de cada camote que se vende en la autopista México-Puebla junto al letrero de “prohibido el comercio informal en la zona federal”.

La política pública debe enfocarse a evitar que este tipo de arreglos ocurran. Los servidores públicos involucrados algunas veces son obvios, otras veces no tanto, pero deben ser castigados. La regularización de estos 145 mil empresarios a nivel nacional debería ser la primera prioridad de la SHCP.

Publicado por Capital de México