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Iniciativa ciudadana contra la corrupción

El 27 de mayo de 2015 se publicó la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. Con ello, se cumplió apenas con el primer paso para tener un marco normativo adecuado que permita corregir las fallas e insuficiencias legales que impiden prevenir, investigar, perseguir y castigar los actos de corrupción y las redes de servidores públicos o de éstos con los privados que hacen posible obtener un provecho personal derivado del ejercicio de las atribuciones y del uso de los recursos otorgados a los servidores públicos.

Como toda reforma constitucional, la de combate a la corrupción requiere leyes secundarias que la hagan viable y, posteriormente, de la construcción de instituciones con la capacidad y recursos suficientes para lograr sus objetivos. La tarea es formidable, pero viable y alcanzable. Dos ejemplos son suficientes para demostrarlo: las leyes electorales y la construcción del IFE para dar certeza, legalidad e independencia a los procesos electorales y la ley de transparencia junto con el establecimiento del INAI para hacer posible el derecho a la información.

Toca ahora el turno a la corrupción, uno de los principales problemas públicos del país que atenta contra el Estado de derecho, contra el desarrollo económico, contra la igualdad y contra la credibilidad en las instituciones democráticas. La reforma dio un año a los legisladores para emitir las leyes que la hagan viable: la Ley General de Responsabilidades Administrativas y aquella que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción. El plazo está a unos meses de vencerse y en sus recientes plenarias todos los grupos parlamentarios han colocado como prioridad el combate a la corrupción.

Para muchas organizaciones sociales y estudiosos de la realidad política mexicana, el combate a la corrupción también es una prioridad y así lo han demostrado a través de exhibir y documentar el fenómeno: su extensión, sus formas de operación, sus participantes, sus costos y, sobre todo, su impunidad.
Consistentes con esta prioridad y compromiso, el día de ayer un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, acompañado de un grupo de expertos, hicimos pública la iniciativa ciudadana de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para, de inmediato, ponernos a recabar las más de 100 mil firmas que se requieren para presentarla ante el Congreso.

La iniciativa establece “las bases normativas que permitan, en el ámbito administrativo, prevenir, combatir y castigar la corrupción con eficacia”. Es imposible comunicar en este espacio la complejidad de la iniciativa, pero sí es posible afirmar que con ella se eliminan muchas de las imprecisiones y lagunas que permiten, o incluso alientan, los actos de corrupción, las redes que se conforman para cometerlos y la impunidad que prevalece ante ellos.

Además de establecer las competencias de la Federación y de las entidades federativas, define las conductas que dan lugar a responsabilidades administrativas, a faltas administrativas graves y a actos de corrupción. O sea, los comportamientos ilícitos y, por tanto, sancionables. Estas conductas incluyen tanto la “transgresión de los mandatos para la adecuada gestión de los asuntos públicos” como “la apropiación indebida de beneficios”.

Con el fin de evitar confusiones o interpretaciones siempre en beneficio del transgresor, la iniciativa brinda el gran servicio de presentar una tipología precisa de las conductas que pueden definirse como actos de corrupción, así como las personas, acciones y condiciones que configuran ese comportamiento. Junto con esta tipología se precisa también un catálogo de sanciones y resarcimiento del daño. Adicionalmente, y gracias a lo estipulado en la reforma constitucional, la iniciativa incluye conductas de sujetos privados —junto con un capítulo dedicado a la integridad de las empresas—, cuando éstos dañen los bienes jurídicos propios de la función pública.

Incluye también los procedimientos de investigación y sanción cuidando los aspectos del debido proceso, la protección de los denunciantes, los instrumentos para la indagación y los medios de impugnación de las resoluciones.
Para concluir, se presenta un capítulo que contempla la rendición de cuentas a través de la instauración de un Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados y un sistema público de registro y seguimiento de la declaración de intereses y de la declaración patrimonial de los servidores públicos con el fin de, cuando sea necesario, poder constatar la veracidad de éstas y la evolución del patrimonio de los sujetos bajo investigación.

La iniciativa ciudadana tiene dos vías para prosperar: que algún partido o partidos la hagan suya o que sea dictaminada como tal. Lo que es claro es que las organizaciones y ciudadanos que la apoyamos hemos dado, en los hechos, un paso más en el compromiso no sólo de denunciar y quejarnos de los altos niveles de corrupción e impunidad que prevalecen en el país, sino de ponernos manos a la obra a través de propuestas concretas.

Publicado por Excélsior
03-02-2016