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Justicia laboral del siglo XX en el siglo XXI

El 29 de abril de 1886 el periódico Philadelphia Telegram publicaba "El elemento laboral ha sido picado por una especie de tarántula universal y se ha vuelto loco de remate: piensa precisamente en estos momentos en iniciar una huelga por el logro del sistema de ocho horas"[1].

Hoy, a 120 años de ese y otros reclamos como el derecho a descansar o a recibir un salario, los cuales reconfiguraron el paradigma laboral en el mundo, las manifestaciones se siguen escuchando y continúan pugnando por una mejor justicia laboral. México no ha sido la excepción y basta con elegir un día de la semana al azar para transitar por Reforma, Bucareli u otra avenida principal y escuchar alguna demanda de este tipo.

¿Será que los mexicanos nunca han visto satisfechas esas demandas que datan desde lo que para muchos fue una dictadura del orden y progreso o los cambios hasta ahora realizados han sido insuficientes para atender una rampante demanda de justicia?

Sin abordar el alcance de sus contenidos, no hay duda de que el país ha tenido cambios en materia laboral. Basta con citar la Constitución de 1917, la Ley Federal del Trabajo de 1931 que se aplicaría en todas las entidades, una ley burocrática en 1963 o bien, las reformas de 1970 y 2012. Todos ellos, cambios que buscaban crear o adecuar las normas a nuevas realidades de la relación entre patrones y trabajadores. Sin embargo, el contexto de los últimos años también ha mostrado un México de grandes retos para cerrar la brecha entre lo que esas leyes contienen y la realidad que los factores de la producción viven todos los días. La consecuencia es que la justicia laboral sigue siendo incompleta, no está al alcance de todos y, ante ello, es evidente que no bastará con legislar para que la ciudadanía tenga acceso a una verdadera justicia laboral.

Para atender esos retos será necesario abordar diversos enfoques que permitan soluciones integrales y no esperar que con la entrada en vigor de un texto legal el ciudadano tenga acceso automático a la justicia laboral. Ese proceso ya inició en noviembre de 2014 cuando el Ejecutivo Federal, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM convocaron a representantes de gobierno, academia y organizaciones de la sociedad civil a las jornadas de los Diálogos por la Justicia Cotidiana para atender, entre otros temas, un diagnóstico integral y propuestas de solución encaminadas a mejorar la calidad de la justicia laboral.

Después de meses de análisis plural en el que participaron representantes de los sectores involucrados, se determinaron dos grandes líneas de acción para lograr una justicia laboral de calidad. El primero se refiere a la dimensión legal y se propusieron de manera enunciativa, más no limitativa, reformas a:

  • Ley Federal del Trabajo
  • Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado
  • Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
  • Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
  • Código Penal Federal
  • Ley de Amparo
  • Reglamentos internos
  • Armonización de las legislaciones locales

La segunda dimensión se centró en propuestas específicas de política pública para lograr la eficacia en el establecimiento de mecanismos que:

  • Hagan eficiente la disposición de recursos económicos
  • Incentiven el aprovechamiento de la conciliación
  • Promuevan políticas claras y la celebración de convenios de colaboración
  • Transparenten los procesos de notificación
  • Establezcan comités de conciliación y lineamientos correspondientes al interior de las dependencias
  • Mejoren las capacidades institucionales
  • Contribuyan con un sistema de indicadores para evaluar la funcionalidad y calidad de la impartición de la justicia laboral

Ambas dimensiones de solución, tanto legal como de política pública, son explicadas a detalle en el sitio justiciacotidiana.mx y muestran una visión sistémica que no se concentra solamente en realizar cambios legales en papel, ni a partir de visiones individualistas, sino que considera los principales elementos que intervienen en la impartición de justicia laboral, como son los recursos normativos, operativos, presupuestales, institucionales y humanos.

Esas propuestas ya están en papel y se ha dado el primer paso para perfilar su funcionamiento. El pasado 28 de abril el Ejecutivo Federal anunció entre otras iniciativas una que buscará modernizar las condiciones de impartición de justicia laboral y transferir su responsabilidad a los poderes judiciales. En dicho anuncio hay un mensaje muy importante, ya que refleja que el tema está en la agenda pública, aunque claro, el trámite de la iniciativa apenas iniciará y probablemente habrá interesantes discusiones entre los grupos de interés.

Estamos ante un momento histórico en el que se busca combatir los lastres de una justicia laboral diseñada en el siglo XX que no responde a las necesidades del siglo XXI. El esfuerzo requerirá de un sistema que funcione de manera ininterrumpida a partir de reformas, metodologías de evaluación, armonización de leyes federales y estatales, articulación de cambios institucionales y la sensibilización de servidores públicos, abogados, trabajadores y patrones. Será a partir de esas condiciones como las manifestaciones de exigencia de justicia laboral, patrones y trabajadores tendrán acceso a un verdadero estado de derecho en materia laboral.

[1] http://www.colegiodeabogadosdelaspalmas.com/2010/noticia.php?id=181&tipo=1
Publicado por Animal Político
02-05-2016