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Justicia y política

El equilibrio entre justicia y política es uno de los asuntos más complicados. En los sistemas autoritarios, el dilema justicia-política no existe. La justicia está subordinada a la política. En los sistemas democráticos, al menos en teoría, sucede precisamente lo contrario: la política está supeditada a la justicia.
En México, como en la mayoría de los países de América Latina, se transitó exitosamente a la democracia electoral, pero no a la justicia. Ni a la distributiva que brinda oportunidades relativamente iguales a sus ciudadanos ni tampoco a la justicia a secas.

Así como la transición a la democracia no trajo aparejada una mejor distribución de la riqueza y de las oportunidades, tampoco acarreó la disminución de privilegios para las élites políticas y económicas, que son las que pueden comprar la justicia como si fuera un artículo comerciable o simplemente eludirla. En ambos casos, se pierde el principio de la justicia que es, en su definición más básica, la igualdad de todos ante la ley y, como consecuencia, ante los juzgadores encargados de decidir si se ha transgredido el orden jurídico y de imponer la pena correspondiente.

Los políticos en México y América Latina han dado muestra, una y otra vez, de su poder para eludir la justicia. Lo hacen por diferentes vías. La primera es la de sobornar a los jueces. No es la más favorecida porque, en la mayor parte de los casos, los delitos cometidos por ellos no llegan siquiera a perseguirse ya no se diga a someterse a los tribunales. Además, buena parte de la élite política goza del llamado fuero que, en la práctica, se traduce en inmunidad judicial. La segunda es la secrecía, a través de la cual pueden esconder buena parte de los actos ilícitos cometidos a través de intrincados circuitos que constituyen redes de corrupción de difícil detección. La tercera es la de cambiar las leyes establecidas en circunstancias en que ven peligrar su poder. La cuarta es la muy socorrida denuncia de la politización de la justicia.

Brasil es un caso que ilustra bien las cuatro vías, aunque ejemplos en otros países sobran. Tanto Dilma Rousseff como Lula da Silva tienen acusaciones de haber interferido con la justicia. Lo mismo ocurre con la averiguación que se abrió contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, en relación con varios asuntos, como la venta de dólares a futuro o el presunto encubrimiento del ataque terrorista iraní de 1994 contra la Asociación Mutualista Israelita Argentina.

La secrecía con que actúan los gobiernos para decidir asuntos pequeños o grandes es, a pesar del avance en las leyes de transparencia, una de las armas preferidas para esconder actos ilícitos, sobre todo en lo que toca a derechos humanos y a la desviación de recursos públicos. A ella recurrieron Dilma y su antecesor Lula. La corrupción ha perseguido a los gobiernos del PT. Además de los escándalos por la obra pública ligada a las Olimpiadas, ahora se acusa a su Presidenta por la violación a las leyes fiscales para maquillar el déficit presupuestal.

Cambiar las leyes y aun la Constitución es otro mecanismo muy frecuente. Alberto Fujimori disolvió el Congreso y gobernó con las leyes que él decidió. Hugo Chávez cambió la Constitución para mantenerse indefinidamente en el poder e hizo aprobar una “ley habilitante” que le otorgaba inmensos poderes al margen del Congreso. Ahora Rousseff pretendía hacer una reforma que le permitiera convocar a elecciones anticipadas, con el fin de que los electores y no los legisladores decidieran su permanencia en el poder. Total, legislar a modo o ad hominem y organizar grandes movilizaciones políticas con el fin de presionar y legitimar.

Si Rousseff tuviese un gobierno con mayoría en el Congreso, seguramente nada de esto estaría sucediendo. Sus diputados habrían impedido el juicio político y elimpeachment no habría llegado al Senado para separar a la Presidenta del cargo mientras durara el juicio. De ahí la importancia de los pesos y contrapesos que da la pluralidad, aun cuando la oposición no esté actuando precisamente por motivos de ética y justicia (sobre el vicepresidente del país y el de la Cámara de Diputados también penden cargos de corrupción) sino por razones políticas y de ambición.
No se puede ser ingenuo: la política no es ni nunca será ajena a la justicia, pero hay grados. Algunos llaman a la pretensión de destituir a Rousseff un golpe blanco, otros, un golpe institucional. Sus partidarios lo llaman politización de la justicia.

Estas caracterizaciones pueden ser precisas o no, pero si los crímenes de los que se le acusa a la mandataria brasileña son ciertos, deberá ser destituida y pagar con la pérdida del cargo, multas millonarias o prisión. Esto independientemente de que haya habido una concertación o incluso una conspiración para destituirla. Sin delitos, la conspiración no hubiese prosperado. Un evento traumático sin duda, pero aleccionador en términos de corrupción e impunidad.

México no se diferencia de Brasil en la corrupción de muchas de sus autoridades, pero todavía falta ver la sujeción de los políticos a la justicia, politizada o no.
Publicado en Excélsior
20-04-2016