Artículo

La carreta delante de los bueyes

Al momento no está claro cuántos recursos se destinarán al sistema anticorrupción. Antes de que éste fuera creado formalmente, había ya un gasto anticorrupción compuesto por la suma del presupuesto dedicado a la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por los Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia adscrita a la PGR, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Tribunal de Justicia Administrativa. En total, a estas instituciones se les asignaron en 2016 casi cinco mil 891 millones de pesos. Si a ello sumamos el presupuesto del Instituto de Transparencia, pilar de cualquier sistema de la rendición de cuentas, llegamos a seis mil 829 millones de pesos. Éstas son las instituciones que, junto con un representante del Consejo de la Judicatura, conforman el Comité Coordinador del SNA.

En el proyecto de presupuesto 2017 resaltan dos aspectos. El primero es que en términos reales a la SFP se le recorta el presupuesto en 6% y a la Unidad de la PGR encargada de combatir la corrupción en 2%. El segundo es que se omitieron las previsiones para las dos nuevas instituciones del SNA: la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana.

Tal y como afirma el subsecretario Galindo, esta omisión puede ser subsanada a través del Ramo 23 (previsiones salariales) que contempla 500 millones de pesos para nuevas plazas. Por su parte, los diputados dicen que pedirán  dos mil 275 millones de pesos más para operar el SNA. Además habrá que prever los recursos que se destinen a las entidades federativas, pues la idea es crear un Sistema Nacional Anticorrupción y no solamente un sistema federal.

Esto suena a la danza de los millones, pero no puede evaluarse si son muchos o pocos los miles de millones que se piensan destinar al combate a la corrupción. Si juzgamos por el gasto pasado, los recursos han sido muy mal empleados, por no decir que se han tirado a la basura.

Entre 2004 y 2014 el presupuesto anticorrupción pasó de tres mil a seis mil 150 millones y México cayó del lugar 64 al 103 en el Índice de Percepción de la Corrupción. O sea, el gasto se duplicó y la corrupción creció. Esta cifra indica claramente que la solución de los problemas no está en función, o al menos no sólo en función, de los recursos que se destinan a su solución.

Lo que debe quedar claro es que las instituciones no operan de manera eficiente —y cuando decimos de manera, decimos que cumplan con sus propósitos al menor costo posible— por asignarles mayor o menor presupuesto. Nada más falaz que a mayor dinero mayor eficacia.

México está lleno de instituciones y de programas a los que se les sigue dando mucho dinero para encontrar al paso del tiempo que el problema que se quiere resolver sigue ahí o, peor aún, que se ha agravado. Es el caso de la pobreza, de la seguridad pública, de los partidos o de la propaganda gubernamental. Se gastan enormes sumas de dinero para resolver o mejorar estos problemas y la pobreza se mantiene igual, la inseguridad crece, los partidos caen en el desprestigio y la impopularidad del gobierno llega a límites nunca antes vistos.

En la construcción del SNA debería aprenderse de estos casos y primero plantear qué se necesita para combatir efectivamente un fenómeno tan extendido y tan complejo como la corrupción.
En la discusión presupuestal se están poniendo los bueyes delante de la carreta. El mayor gasto público no redunda en un mejor desempeño. Sólo si hay claridad en lo que quiere lograrse se puede diseñar un presupuesto. El tema tiene muchas aristas y la cadena de combate a la corrupción requiere de expertos en cultura de la legalidad, en mecanismos de prevención, en legislación y técnica jurídica, en inteligencia financiera, en delitos fiscales, en investigación judicial, en litigio estratégico, en impartición de justicia. Todo esto cuesta y el costo puede justificarse por los dividendos que puede producir.

El gasto en corrupción es un gasto que puede redundar en mayor inversión para detonar el crecimiento, en mejorar la productividad, en disminuir la desigualdad, en emparejar las oportunidades y en represtigiar la democracia. Este gasto más que ningún otro tiene que ser transparente, estrictamente necesario y alineado a los propósitos buscados. Tiene que ser eficiente. Siempre, pero, sobre todo en momentos de austeridad fiscal y, sobre todo, en materia de combate a la corrupción es necesario asegurarse de la rentabilidad del gasto público.

Publicado por Excélsior
12-10-2016