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La carroza y la calabaza

Se ha convenido un aparato normativo potente para combatir la corrupción y en esa medida expreso mi aceptación al contenido de las leyes aprobadas para conformar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Rechazo, sin embargo, la utilización política que se ha querido hacer de quienes apoyamos la reforma poniéndonos a veces como partidarios de un bando y en otras del contrario. El único partido que tomamos los que participamos en la hechura y discusión de las reformas fue el de la causa contra la corrupción.

Es un triunfo legal de gran calado. No más, pero tampoco menos. Me preocupa más el “no más” que el “tampoco menos”. La carroza se puede convertir en calabaza si no se construyen rápidamente las instituciones y las capacidades humanas para operarlo y se acompaña de la voluntad para utilizar los instrumentos que se han otorgado a las distintas instancias encargadas de prevenir, investigar y castigar los actos y redes de corrupción que carcomen al sistema político mexicano y con él a la economía. Es una tarea viable. Se hizo en 1996 con el IFE original y en 2002 con el IFAI.

Al final, los legisladores tuvieron el mal tino de abrir el absurdo frente de que todo aquel que tenga una transacción económica con el Estado esté obligado a presentar y hacer públicas su declaración patrimonial, de intereses y de impuestos. Cualquiera que haya sido la intencionalidad política, esta norma fracasará no sólo por inoperante sino porque además será combatida con éxito por una de tres vías: el veto presidencial (ojalá), la acción de inconstitucionalidad o el amparo de particulares. Los legisladores quedarán exhibidos en su malicia o en su incompetencia.

Si se quiere acabar con la complicidad corrupta entre los sectores público y privado existen maneras más inteligentes de hacerlo: revelar la antigüedad de las empresas, hacer públicas las sociedades accionarias o publicitar los estados financieros de las empresas para verificar su capacidad.

A pesar de la intención mayoritaria de descalificar las siete leyes porque las versiones públicas de la declaración patrimonial no serán las que muchos hubieran deseado, las ganancias netas del SNA superan esta supuesta deficiencia. Bien visto, tenemos 585 funcionarios designados o electos que han hecho sus declaraciones en la plataforma 3de3 y no han servido para presentar denuncia alguna, para señalar indicios de enriquecimiento ilícito o identificar cualquier otro delito.

Las ganancias, como digo, son netas. Desde la concepción de un sistema integral que permitirá diseñar una política de Estado hasta la inclusión del Comité Ciudadano y su Presidente como cabeza del Comité Coordinador del SNA. Desde las facultades a la Auditoría Superior para fiscalizar recursos públicos federales o participaciones federales a los estados hasta las que le permiten presentar denuncias y querellas penales y, también, denuncias de juicio político a la Cámara de Diputados. Desde la tipificación precisa de los delitos y faltas administrativas asociadas con penas y tiempos de prescripción mayores que pueden inhibir y castigar los actos de corrupción hasta la inclusión de los particulares como sujetos de sanciones. Desde la “ley anti-moches” hasta una plataforma digital que contiene la lista de servidores públicos y particulares sancionados y un sistema de información pública de contrataciones.

El SNA no ha causado mayor emoción por muchos motivos. Primero porque la discusión se ha concentrado en que sólo parte de las declaraciones patrimoniales serán públicas. Segundo porque no se ha sabido comunicar el potencial de la reforma. Tercero porque los mexicanos, con razón, tenemos una “fatiga reformista”. Nunca, otra vez con razón, hemos sido muy creyentes de las leyes. En eso, el Presidente, aunque no quiera aceptarse, tiene algo de razón. La corrupción tiene una dosis de cultural si entendemos la cultura como el conjunto de valores, actitudes y comportamientos de los individuos que componen una sociedad. Para muestra un botón: el 60% de los mexicanos pensamos que se vale desobedecer las leyes si las consideramos injustas.

A esta incredulidad sustentada en la realidad se añade el poco o nulo compromiso mostrado por el gobierno federal para investigar, denunciar y castigar los más visibles actos de corrupción en su gobierno y en los estatales controlados por su partido: César Duarte, Javier Duarte o Roberto Borge.

La lectura positiva del SNA no es triunfalismo. El optimismo legal tiene asidero para cualquiera que se moleste en leer las leyes. Para el optimismo real que es el que cuenta al final habrá que esperar. Viene lo más difícil: la implementación de las reformas. Del dicho al hecho las reformas suelen perder su valor, su potencialidad o su efectividad. Corresponderá a todas las instancias involucradas, incluida la ciudadanía, que la norma se convierta en realidad. Las organizaciones de la sociedad civil estamos claras: ganamos la partida legal, no el campeonato anticorrupción.

Publicado por Excélsior
22-06-2016