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La Fiscalía y el fiscal

La reforma de 2014 estableció que la Procuraduría se transformaría en Fiscalía General de la Nación con carácter de órgano constitucional autónomo. Tuvo un problema de origen. Al haber sido parte de una reforma político-electoral muy amplia en la que se negociaron diversos temas, el “toma y daca” impidió una reflexión profunda y cuidadosa sobre una de las instituciones claves de cualquier Estado de derecho. Sí, se concedió la autonomía, pero no se reparó en que, por sí sola, ésta no es garantía ni de independencia ni de profesionalismo ni, mucho menos, de eficacia.

La futura Fiscalía enfrenta de entrada dos problemas graves. Primero, a diferencia de un órgano como el IFAI que partió de cero porque el derecho y la función de la transparencia prácticamente no existían, se decidió que tanto los recursos humanos como los presupuestales de la PGR pasarían en automático a la nueva Fiscalía. Ésta heredará pues toda la estructura, deficiencias y corruptelas de la actual PGR, haciendo mucho más difícil la monumental tarea de procurar justicia en el país. Para el futuro se dejaron la Ley Orgánica que deberá regirla y el nuevo diseño institucional. Segundo, se previó en un transitorio que la persona que ocupara el cargo de procurador, al momento en que se expidieran las leyes secundarias y se hiciera la declaratoria de entrada en vigor, se convertiría en fiscal por un periodo de nueve años.

Desde el año 2000, en que se hizo obligatoria la aprobación del procurador por parte del Senado, México ha tenido ocho procuradores, o sea, cada uno ha durado dos años en promedio. Todos prometieron la reforma estructural de la institución. Todos fracasaron. La PGR, la policía de investigación, los ministerios públicos y los peritos son cuerpos que no concitan ni el respeto ni el aprecio ni la confianza de los ciudadanos. México ocupa el segundo peor lugar en el Índice Global de Impunidad de la UDLAP. El nivel de impunidad en el país alcanza el 97% de los delitos cometidos. Caer en manos de los ministerios públicos equivale, en el mejor de los casos, a la resignación de que no pase nada y, en el peor, a la extorsión. Las cifras hablan por sí mismas.

Hay organismos como el Banco de México que lograron un cambio radical. Esta ya casi centenaria institución no se desmanteló cuando adquirió su autonomía en 1994. En este caso, la autonomía significó que ninguna autoridad pudiera exigirle la concesión de crédito; que se garantizara el control ininterrumpido del banco central sobre el monto del dinero en circulación. Pero si alguna institución tenía un verdadero servicio civil de carrera con grandes capacidades técnicas era precisamente el Banco. No en balde siempre se habló de la burocracia Hacienda-Banco de México. Tal no es, ni remotamente, el caso de la PGR, que ha mostrado a lo largo de su historia no sólo estar al servicio del Poder Ejecutivo, sino una proverbial incapacidad para cumplir con la tarea de investigar y perseguir los delitos del orden federal: politización e ineficacia han sido el sello de la PGR.
Por eso lo que más importa en estos momentos no es quién ocupe el cargo, sino la redefinición del diseño institucional y de sus funciones junto con la creación de un servicio civil de carrera y la consecuente profesionalización de su personal. Así como en el caso del Banco de México, en el que se logró que “ninguna autoridad pudiera exigirle la concesión de crédito”, en el caso de la nueva Fiscalía se requiere que “ninguna autoridad pueda exigirle la concesión de impunidad”. Sin este ingrediente la autonomía será una quimera.

La tarea de revolucionar la estructura y forma de operación de la Procuraduría/Fiscalía se vuelve aún más complicada cuando se piensa que ésta tiene que correr en paralelo a seguir investigando y persiguiendo los delitos del orden federal. Quizá sería ideal partir de cero, pero esto es prácticamente imposible.

A las dificultades reseñadas hay que agregar que la legitimidad del recién nombrado procurador ha sido cuestionada por su militancia partidista y porque el nombramiento partió del Ejecutivo. No importa que la mayoría del Senado lo haya aprobado. No hay manera de evitar que no se le perciba como un empleado del Presidente y producto de alguna componenda política inconfesable. El doctor Raúl Cervantes ya es procurador y se convertirá en fiscal, salvo que algo inusitado ocurra.

Esta percepción sólo podrá ser combatida y cambiada por dos vías. La legitimidad por desempeño que encierra el dicho de “hacer el bien sin mirar a quién” y el proyecto de reestructuración y elaboración de la Ley Orgánica de la Fiscalía con el que se comprometa. La duración en el encargo tiene dos signos positivos. Primero, quien llegue a la Presidencia en 2018 no tendrá un fiscal a modo. Segundo, la Fiscalía contará con el tiempo necesario para plantear una reestructuración y elaborar una política de Estado en materia de procuración y administración de justicia. Desde luego que esto será positivo si el proyecto es bueno y producto del consenso profesional y no del consenso político. De otra forma lo que cabe esperar es un nuevo fracaso.

Publicado por Excélsior

 02-11-2016