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La nueva, vieja, Constitución

Cualquiera que haya leído la Constitución encontrará que, además de carecer de lo que  los juristas llaman “sistematicidad” (coherencia interna) y de ser, técnicamente, descuidada es, también, un texto extenso, desordenado, complicado de leer y difícil de entender. Supongo que de premisas como estas partieron los investigadores del IIJ. Se trata de un ambicioso proyecto que parte de una idea muy sencilla: simplificar, agilizar y hacer más comprensible la Constitución. El proyecto resulta tanto más pertinente cuando se sabe que el 93% de los mexicanos conocemos poco o nada la Constitución (según datos de la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, IIJ-UNAM 2011).

Los investigadores del IIJ no modifican el contenido sustantivo de las normas constitucionales, independientemente de si se juzgan inconvenientes o erróneos. Lo que ofrecen es un ejercicio de racionalidad: una nueva redacción, la desaparición de duplicidades, la eliminación de errores por descuido, una nueva manera de agrupar sus artículos y un adelgazamiento de la Constitución.
Las primeras cuatro propuestas se explican por sí mismas, pero el ejercicio de adelgazar la Constitución es menos obvio.

Lo primero es reducir la necesidad de cambiar la Constitución de manera constante. No se trata de caer en el inmovilismo de las normas e impedir las innovaciones, sino de encontrar la manera de hacer compatibles las necesidades del cambio con la permanencia de los principios constitucionales. De encontrar un mecanismo que permita articular el texto constitucional con una ley “que pueda ser revisada y actualizada con la frecuencia que requieran las circunstancias políticas, en el marco de las decisiones básicas ya recogidas en la Ley Fundamental.”

Para hacerlo, los investigadores del IIJ se valieron de un instrumento utilizado en el derecho comparado que es el de la creación de lo que se conoce como una Ley de Desarrollo Constitucional, y que en otros países se conoce como Leyes Orgánicas o Leyes Constitucionales). En cualquiera de sus denominaciones, se trata de leyes que desarrollan el contenido de las normas constitucionales.

Conscientes de que nuestra Constitución peca de contener programas de gobierno y políticas públicas en lugar de sólo “lineamientos constitucionales esenciales que hacen posibles unos y otras”, la propuesta es limpiar la Constitución de la mayoría de las disposiciones reglamentarias que no hacen sino engrosarla, complicarla y, sobre todo, que obligan a cambiarla constantemente, pues estas disposiciones requieren de actualización casi permanente. El mejor testimonio de ello son las 652 reformas que se han registrado de 1917 a la fecha.

Vayan como botón de muestra algunos ejemplos citados por los propios autores del estudio. La Constitución debe establecer que la Cámara de Diputados se compone de diputados de mayoría relativa y representación proporcional, pero no tiene porque contener la fórmula de designación de estos últimos. Está bien que la Constitución estipule cuáles serán los organismos constitucionales autónomos, su objeto y facultades, pero no tiene por que contener la regulación de la composición, nombramiento, sustitución, incompatibilidades y responsabilidades de sus integrantes. Es apropiado que la Constitución establezca las garantías del proceso penal y que mencione y defina los derechos de las personas acusadas o víctimas de un delito, así como los principios más importantes de la materia, pero es absurdo que el Artículo 20 se haya convertido en un Código de Procedimientos Penales.

Felicidades, pues, al IIJ, que inicia, de la mejor manera posible, la ya muy próxima conmemoración de  la Constitución de 1917, procurando “un mejor conocimiento y manejo de la Constitución”, con la esperanza de que ello redunde en “una cultura constitucional más sólida y estable”. El estudio académico que, además de hacer comprensible la Constitución, la reduce casi en una cuarta parte puede consultarse en http://www2.juridicas.unam.mx/constitucion-reordenada-consolidada/reorde.... Ojalá los legisladores que acaban de estrenarse en la Cámara de Diputados y los miembros del Senado, que ya llevan tres años ejerciendo sus cargos, volteen a ver este nuevo modelo de Constitución y que, incluso, lo mejoren.

De adoptarse tendríamos una “nueva vieja” Constitución. Ahora bien, si el Instituto de Investigaciones Jurídicas quiere ir más allá, tendrá que idear pronto otro proyecto, no sólo para extender la cultura constitucional, sino para hacer prosperar la práctica de la legalidad, que es lo que verdaderamente hace falta a México.

Publicado por Excélsior
16-09-2015