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La PGR

La Procuraduría General de la República es el epicentro de la impunidad en México. Una institución dedicada a procurar la justicia se convirtió en una agencia para dispensar indultos y castigos, según los intereses del Presidente en turno. Desde esa oficina se planeó y ejecutó la persecución política en contra de Andrés Manuel López Obrador durante el sexenio de Vicente Fox. En el 2006, en plena campaña por la gubernatura de Jalisco, se filtró a la prensa que había una investigación de la PGR por vínculos con el narcotráfico contra Arturo Zamora, el entonces candidato del PRI. La acusación no se presentó formalmente, pero el golpe mediático ayudó al PAN a ganar la gubernatura. En 2011, en otra filtración a la prensa, un testigo protegido de la PGR acusó al candidato del PRI a la gubernatura de Guerrero, Manuel Añorve, de recibir financiamiento ilegal del crimen organizado. Una vez que Añorve perdió la elección, la acusación quedó en el olvido. Esa fue la PGR en tiempos del PAN.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, la PGR se ha caracterizado por su ineptitud pericial y su indolencia para perseguir la corrupción. La desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa es la investigación criminal más importante en los 206 años de vida de nuestro país. Dentro de esta averiguación pericial, la pieza de evidencia más relevante era una bolsa de plástico con restos humanos que se encontró en los linderos del río San Juan en Cocula, Guerrero. ¿Qué hizo la PGR con la prueba principal del caso criminal más importante en la historia de México? Le puso mal la fecha. Este error, en apariencia insignificante, puede cuestionar la validez de la evidencia ante un tribunal que se rige por las normas del debido proceso. En uno de esos actos de autosabotaje, tan propios de este gobierno, Tomás Zerón, el responsable de erosionar la credibilidad de la PGR en la investigación de Ayotzinapa, fue ascendido al cargo de secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.

La PGR también ha sido omisa en perseguir las redes cleptocráticas en distintos estados del país. En noviembre de 2014, la Auditoría Superior de la Federación presentó tres denuncias contra el gobierno de Veracruz que guardaron polvo durante casi dos años. Más que las reiteradas denuncias por corrupción, lo que reactivó estas investigaciones fue la abrumadora derrota del PRI en las elecciones del pasado 5 de junio. Hoy tenemos dos ex gobernadores prófugos y varios otros que aún gozan del privilegio supremo de la impunidad.

Por voluntad de Peña Nieto y beneplácito del Senado, Raúl Cervantes acaba de heredar una de las instituciones más disfuncionales del Estado mexicano. El nuevo procurador tiene la ambición de convertirse en el primer fiscal general autónomo en la historia de México. El mayor obstáculo que tiene Cervantes en su camino a la Fiscalía es haber sido nombrado por un Presidente que encuentra necesario aclarar que no tiene afanes cotidianos por joder al país. Si quiere superar ese daño reputacional, Cervantes deberá demostrar que es un hombre muy distinto a Enrique Peña Nieto. Su misión es doble: dar resultados en el corto plazo y hacer una profunda reingeniería de la investigación pericial en México.

Respetando el debido proceso, Cervantes tiene la oportunidad histórica de acabar con la impunidad de ex gobernadores de Chihuahua, Coahuila y Quintana Roo. Algunos de estos expedientes están más cerca del comportamiento del crimen organizado que de simples investigaciones por desvíos de fondos y facturas falsas. Además de perseguir a estos presuntos criminales es urgente crear un servicio civil de carrera ministerial, así como establecer sistemas y procedimientos que están más cercanos al trabajo de un ingeniero que a la labor de un policía. Ana Laura Magaloni tiene un buen mapa de ruta sobre este desafío. A mí por lo pronto se me acabó el espacio.

Publicado por Reforma
30-10-2016