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La reforma del CONEVAL ¿para qué?

A partir de la aprobación de la #ReformaPolítica, el artículo 26 constitucional se modificó y, a través de su apartado C, otorga el carácter de órgano constitucional autónomo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Esta modificación implica que el actual Coneval deje de formar parte del Ejecutivo Federal y tenga nuevas, y tal vez, más extensas atribuciones. Eso dependerá de la legislación secundaria en la materia.

En el marco de estas modificaciones, el día de ayer representantes de las siguientes instituciones se dieron cita para discutir las implicaciones sobre la autonomía del Coneval: Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Centro CLEAR para América Latina, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), la Red de Profesionales y Expertos en Gestión para Resultados en el Desarrollo de México, México Evalúa, GESOC, CIEP, CIDAC, Fundación IDEA, FUNDAR, IMCO y Transparencia Mexicana. Las siguientes líneas tienen como propósito rescatar los puntos generales, que en mi opinión personal, fueron las preocupaciones más discutidas durante el foro y que están más relacionadas con el tema de evaluación.

El riesgo de caer en un #IFESocial

La principal preocupación de los especialistas acerca del periodo de transición del Consejo es la asignación de sus nuevos consejeros. En el régimen actual, el órgano de gobierno del Coneval está integrado por seis investigadores académicos elegidos, a través de una convocatoria pública, por la Comisión Nacional de Desarrollo Social.[1]El nuevo Coneval, en contraste, contará con un presidente y seis consejeros, nombrados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados.[2]

Los actuales consejeros están por concluir sus funciones dado que fueron elegidos para el periodo de 2010 a 2014; mediados de abril es la fecha fatal para la entrada de los nuevos consejeros. La necesidad de cambio es inmediata. Sin embargo, en el nuevo régimen aún no hay reglas para el nombramiento, y peor aún, no puede determinarse cuáles serán las atribuciones y estructura del nuevo Coneval, sin antes tener un proceso de asignación de su órgano de gobierno. Al parecer, como apunta el Dr. Guillermo Cejudo del CIDE, “la autonomía del Coneval quedó como un punto ciego de la Reforma Política”, lo que conlleva un vacío legal para su entrada en funciones.Otro de los puntos comentados fue que el afán por buscar la autonomía constitucional puede poner en riesgo la autonomía técnica que durante los últimos años ha caracterizado a este organismo. Ha sido gracias al perfil académico de sus consejeros, cuerpo colegiado que tuvo como antecedente el primer Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en 2001, que el Coneval se ha desempeñado como una instancia objetiva e imparcial. Los expertos señalan que hay dos características que le dan fortaleza al actual Comité Directivo: el conocimiento especializado y la libertad de tomar decisiones sin estar vinculados a una carrera política o a una lógica partidista.

Hay, por tanto, una rendija por la que el nombramiento de los consejeros se puede convertir en una herramienta partidista, tipo IFE. Si este fuera el caso se daría paso a la discrecionalidad y a la toma de decisiones en función de personas y sus afinidades, más no necesariamente de perfiles preestablecidos. Incluso, en palabras del Mtro. Rodolfo de la Torre, del PNUD, podría darse un escenario de parálisis, donde haya asientos sin consejeros porque la Cámara no concluya con el proceso de asignación. Ante esta coyuntura entonces, ¿se debe acudir al régimen actual para nombrar a los nuevos consejeros? O ¿tomar una decisión sin criterios claros? En opinión de los especialistas sería un error tomar alguna decisión sin reglas claras. Tal como apuntó Alejandro González, director general de Gesoc: será necesario tener “primero criterios, después nombramientos”.

¿Para qué queremos reformas en materia de evaluación?

Parte de las opiniones de los asistentes al foro giraron en torno a la falta de una argumentación suficiente que diera respaldo a la decisión del Legislativo durante la Reforma Política. Es decir, ¿Por qué tanta insistencia por dar autonomía al Coneval? Más que modificar la naturaleza del Consejo, al parecer no se hicieron las preguntas correctas. Los representantes de las ONG participantes advirtieron que el foco debería estar en construir un sistema de evaluación más amplio. Con la reforma no sólo cambia la naturaleza del Consejo sino que necesariamente se deberán modificar otros instrumentos normativos, tales como la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), elementos que sin duda inciden en la futura política de evaluación.

Es un hecho que se ha ido perfeccionando la labor de evaluación. Mucho se ha logrado gracias al liderazgo del Coneval, pero también a su labor conjunta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP). Estas tres instituciones han creado rutinas institucionales y una nueva cultura entre los responsables de la evaluación y operación de los programas. Eso no significa, por supuesto, que en México contemos con un Sistema de Evaluación perfectamente alineado y eficiente. Hay mucho potencial para mejorar. Desafortunadamente, en el proceso de discusión de la Reforma Política elementos como la vinculación de la evaluación con la planeación y la toma decisiones presupuestaria, o la responsabilidad de diferentes actores implicados en el tema, brillaron por su ausencia.

Lo que sigue deberá ser identificar aquello que ha funcionado y los obstáculos del régimen actual. Si bien en el foro se enlistaron las ventajas que ha traído la labor del Consejo, es un hecho que hay varias asignaturas pendientes para consolidar una verdadera política de evaluación. Aquí algunas ideas para el Legislativo: ¿cuál será el nuevo rol del Coneval? ¿Cuál será su relación y los mecanismos para coordinarse con las entidades y dependencias federales pero también con las entidades federativas y los municipios? ¿Qué aspectos susceptibles de mejora son prioritarios para un mejor funcionamiento del Consejo? ¿Cuál será su vinculación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), instancia que también realiza ejercicios evaluativos?

La utilidad de las evaluaciones

Esta transformación pone en la agenda un tema indispensable: el uso de las evaluaciones. Una evaluación no culmina cuando se publican sus resultados, más bien ahí comienza su valor público. Es a partir de lo que establezcan las recomendaciones de evaluación que se puede mejorar la operación de los programas; se abre la oportunidad para ajustar su diseño y sus instrumentos, y es factible valorar su impacto social.

Ahora que se está modificando el diseño institucional en la materia, es un buen momento para pensar cómo utilizar las evaluaciones. Con la entrada de un “Nuevo Coneval” podríamos aspirar a que finalmente se tomen en cuenta los resultados de las evaluaciones en las asignaciones de presupuesto, que aunque no es el único objetivo de evaluar es uno que hoy no necesariamente se está cumpliendo. Esta aspiración supone también la necesidad de adaptar el marco normativo para darle nuevas atribuciones al Consejo sobre las recomendaciones que emita. Hoy el artículo 26 Constitucional establece que el Consejo estará a cargo “de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley”. Las preguntas pendientes son: ¿Qué peso tendrán estas recomendaciones y qué previsiones existirán para hacer que las evaluaciones sean un instrumento útil de incidencia en las políticas públicas?

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[1]              La Comisión Nacional de Desarrollo Social está integrada por los 32 titulares de las dependencias responsables del desarrollo social de los gobiernos de las entidades federativas; por los presidentes de las comisiones de Desarrollo Social de las Cámaras de Diputados y de Senadores; por un representante de cada una de las asociaciones nacionales de autoridades municipales, y por los titulares de las secretarías de Desarrollo Social; Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y Medio Ambiente y Recursos Naturales.
[2]              Artículo 26, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Publicado por Animal Político
20-03-2014