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La reforma faltante

En un evento público reciente, un reportero le preguntó al Dr. Ernesto Zedillo que cuáles eran las reformas que faltan al País. El ex Presidente contestó: "A México nos hacen falta tres cosas para desarrollarnos a plenitud: Estado de derecho, Estado de derecho y Estado de derecho".

Las reformas constitucionales que se aprobaron el año pasado despejaron varios obstáculos que impedían el crecimiento económico. Todavía queda mucho por hacer para que esos cambios se conviertan en realidad, pero si las leyes secundarias se alinean con las intenciones de los cambios constitucionales, la mayoría de los retos a vencer serán de orden práctico, excepto por uno que nuestros políticos y juristas no acaban de entender y atender, y que es el talón de Aquiles de México: la ausencia de un Estado de derecho eficaz y confiable.

La debilidad del Estado de derecho mexicano es notoria y ubicua. Se manifiesta todos los días en los miles de actos pequeños de corrupción en que participa la población para evitar multas y facilitar trámites. Estos pagos son parte de nuestra vida cotidiana desde hace siglos y la población ya está tan acostumbrada a ellos que no llaman la atención. Para sacudir a los mexicanos, las faltas tienen que ser enormes, del tipo que en cualquier otro país causarían la remoción de funcionarios y el encarcelamiento de culpables. En esta categoría caben el "moche" que pagan los gobiernos locales a los legisladores para que les asignen recursos fiscales; las trampas que hacen los maestros de escuela para obtener mejores calificaciones en la prueba Enlace, o el colapso total del orden público en Michoacán o Guerrero. En México, a diferencia del resto del mundo, ni estos casos tienen consecuencias legales.

El problema de todo lo anterior es que la existencia del Estado sólo se justifica en la medida en que este muestre que es capaz de cumplir su parte del contrato social con los ciudadanos. En ese pacto, los ciudadanos hemos acordado no tomar la ley en nuestras manos, a cambio de la promesa que hace el Estado de velar por nuestra seguridad y propiedades.

Si el Estado sistemáticamente incumple su parte de este acuerdo, acaba cavando su propia tumba. Cuando los ciudadanos llegan a la conclusión de que la red de protección del Estado no sirve, se debilita fatalmente el argumento a favor del monopolio del uso de la fuerza por el Estado invitando a los ciudadanos a actuar por su propia cuenta. En vastas regiones del País la población ya llegó a esta conclusión. Cada día que pase sin que el Estado recupere su papel como el garante del orden nos acerca más al colapso total del Estado y a que se generalicen las condiciones que tienen en vilo a Michoacán.

El Estado no puede actuar selectivamente. Tiene la obligación práctica de librar la batalla en todos los frentes, puesto que la tolerancia e impunidad invitan a otros a comportarse ilegalmente. Por ello, la meta a alcanzar debe ser cero tolerancia a actos ilegales. En la práctica, este objetivo es inalcanzable, pero si el Estado tolera la ilegalidad debilita la credibilidad y legitimidad de su papel como el garante de la ley.

Por ello es indispensable revisar la prioridad que da el Gobierno federal y los gobiernos locales a la ejecución de las diversas estrategias para restablecer el imperio de la ley. La evidencia empírica disponible apunta a que la mayoría de los gobiernos estatales y municipales y el gobierno federal subestiman la importancia que tiene contar con sistemas de procuración de justicia que sean confiables y eficaces. Por ello, en muchas partes del País la ausencia del Estado de derecho ha causado que las personas se hayan armado para proteger sus negocios y propiedades. Lamentablemente, otras están pagando cuotas de protección a mafias que las extorsionan. Todo esto se refleja en los costos de operación de las empresas y debilita la competitividad de su oferta y el atractivo de las regiones en que operan.

La incertidumbre sobre la calidad de los títulos de propiedad y contratos que se signan en México también es alta. Esto significa que los riesgos que se asumen cuando se hacen negocios en el País son más altos de lo normal, lesionando la competitividad de la oferta de las empresas mexicanas vía costos de capital más altos.

La suma de todo lo anterior es una economía más frágil y poco competitiva. Por todo lo anterior, me sumo a la propuesta del Dr. Zedillo. La reforma estructural que más urge al País es fortalecer el Estado de derecho.

Roberto Newell G. es Economista y Vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Las opiniones expresadas en esta columna son personales.

Publicado por Periódico Reforma

30-01-2014