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La aduana de Chilpancingo

La Autopista del Sol es el escenario de un conflicto que determinará no sólo el rumbo de la educación pública, sino la unidad de esa comunidad nacional a la que llamamos México. Las movilizaciones magisteriales en Chilpancingo demuestran que la parte más sencilla de la reforma educativa era meter a Elba Esther Gordillo a la cárcel. El desafío mayúsculo será cambiar los incentivos profesionales de cientos de miles de maestros.

Las rutinas crean hábitos y los hábitos engendran derechos. Los profesores de Guerrero tienen la percepción de que la reforma educativa viola sus derechos adquiridos a lo largo de innumerables quincenas y varias generaciones. Los pedagogos del bloqueo carretero tienen toda la razón. No sólo eso. Además, la reforma educativa rompe un acuerdo tácito entre el gremio magisterial y el Estado de mexicano, donde se garantizaba la estabilidad política a cambio de sacrificar la calidad educativa. En el orden de prioridades de este pacto intangible estaba la gobernabilidad, las condiciones salariales de los maestros, el trueque de apoyos electorales y al final de la fila venían las necesidades l@s niñ@s mexican@s.

Romper este pacto implica enfrentar protestas, bloqueos y cierto grado de inestabilidad. Nadie puede esperar que México se transforme desde la comodidad de un sofá. Todo cambio profundo conlleva sobresaltos. Esta revolución no será de terciopelo. A los maestros guerrerenses les movieron el suelo bajo sus pies. El primer compromiso del Pacto por México les representa una amenaza directa a sus usos y costumbres. La protesta pendenciera es el modus operandi para defender su modus vivendi. Sin embargo, la violación del derecho ajeno no puede ser una forma aceptable de manifestar desacuerdos.

Los maestros en Guerrero y Oaxaca quieren operar bajo un marco jurídico distinto a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. El territorio nacional termina donde se acaba la jurisdicción geográfica de las leyes nacionales. El empeño conservador de los miembros de la CNTE es también un esfuerzo por fundar repúblicas autónomas con soberanía para rechazar las deliberaciones del Congreso de la Unión. El problema rebasa el ámbito de la política educativa para convertirse en un desafío a la cohesión constitucional de nuestra República.

En 1963, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, envió a la Guardia Nacional a Alabama para poner fin a las prácticas de segregación racial que aplicaban el gobierno y la universidad del estado. Un siglo antes, entre 1861 y 1865, EU quedó fracturado por una guerra civil entre los estados sureños que aspiraban a preservar la esclavitud y las entidades del norte que buscaban abolir esta abominación. Los dos episodios históricos son muy distintos en sus niveles de violencia y brutalidad, pero sí hay una narrativa común. Kennedy buscaba hacer efectiva una sentencia de la Suprema Corte a lo largo de todo el territorio, a pesar de la abierta rebeldía de autoridades e importantes sectores de la sociedad. Abraham Lincoln quería preservar la continuidad de la Unión Americana y proscribir los derechos de propiedad sobre miembros de la especie humana.

Lo que no se mide no se mejora, dicta uno de los clichés más gastados de nuestro tiempo. Yo agregaría que, en política pública, lo que no se mide simplemente no te importa. Dejar que los maestros logren su contrarreforma es enviarles un mensaje muy cruel a los niños de Guerrero y Oaxaca: su futuro no nos importa.

Me niego a usar metáforas bélicas para describir el desafío que implica ejecutar la reforma educativa. Lo que sucede en Guerrero y Oaxaca no tiene por qué ser una batalla. La intervención de la policía federal no tiene por qué ser un acto de represión. El uso del monopolio legal de la fuerza, si se aplica conforme a derecho, no tiene por qué conllevar violaciones a las garantías individuales. El destino de México pasa por la aduana de Chilpancingo.

Twitter: @jepardinas