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¿Las auditorías estorban o ayudan al desempeño del Gobierno?

Hace seis años tuve el honor y gusto de encabezar la Unidad de Auditoría Gubernamental en la Secretaría de la Función Pública (SFP). El encargo que recibí era doble: convertir la unidad en líder de todo el sistema de auditores federales y utilizar la auditoría como herramienta de combate a la corrupción.
La unidad había perdido liderazgo y relevancia. La auditoría pública se había convertido en un ejercicio rutinario, sistemático y engorroso que agregaba poco valor al ejercicio de Gobierno. El sistema realizaba en conjunto más de 5,000 auditorías al año y se levantaban alrededor de 30,000 observaciones en todo el Gobierno cada año, pero poco o nada cambiaba.

Lo que sí crecía año con año era el número de servidores públicos sancionados. De 2007 a 2012 se impusieron 10,781 sanciones administrativas. Pero de éstas, la gran mayoría (más de 90%) fueron por cuestiones menores y sólo 5% de esas sanciones tenían como motivo actos de corrupción.

En vez de ser una herramienta de vigilancia y control, el sistema de fiscalización parecía diseñado para crear muchos expedientes, dificultar e interrumpir el ejercicio de gobierno y facilitar el trabajo de los auditores, pero sin hacer relevantes sus auditorías.

Los servidores públicos federales están sometidos a miles de normas federales y a 6,858 obligaciones que se derivan del artículo 8° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. Esta combinación hace imposible ejercer la función pública sin violar alguna norma y convierte la tarea de fiscalización en asunto de niños. Así, nuestros auditores, algunos de ellos muy capaces, se acostumbraron a realizar auditorías de escritorio (aquellas que sólo contrastan actos con normas en un escritorio, sin ir más allá) que poco o nada impactaban en el Gobierno y mucho afectaban el ánimo de los servidores públicos.

Después de la reestructura de la Unidad y del rediseño del Sistema de Auditoría, el número de auditorías se redujo a poco menos de 3,500 por año. Los resultados fueron auditorías más enfocadas, completas, complejas y notables, más recursos revisados, más expedientes relevantes de responsabilidad, es decir, mayor impacto.

Parecía un logro importante; sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación no lo consideró así. El Auditor del gobierno federal (nuestra Unidad) fue auditado. Parece juego de palabras, pero no lo es.
Después de unas cuantas semanas de auditoría, la observación más relevante fue que habíamos bajado la cobertura. Poco importó el impacto, el punto era hacer muchas auditorías y levantar muchas observaciones. Para el auditor que nos visitó, lo importante era la cantidad.

Así, las observaciones de auditoría se perpetuaban como cuotas que debe alcanzar el sistema y los expedientes de responsabilidades se mantenían como trofeos para presumir en conferencias de prensa. Este mismo esquema se repite en todos los estados del país con los mismos resultados: poco control y vigilancia, pero muchos expedientes. De nada sirve un funcionario público que debe atender miles de normas y cumplir con casi 7,000 obligaciones, ni un auditor que sólo debe encontrar errores y juntar expedientes por cualquier causa.

El sistema de responsabilidades administrativas requiere claridad y equilibrio. Los servidores públicos deben tener claridad sobre sus obligaciones y directrices de comportamiento y las autoridades de fiscalización deben contar con hipótesis jurídicas concretas que les permitan sancionar su incumplimiento. La iniciativa ciudadana conocida como Ley 3de3 establece un nuevo régimen de responsabilidades administrativas. Se trata de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y una de sus funciones esenciales es la de crear el equilibrio antes señalado.

En el artículo 4° de la Ley se establecen 11 directrices concretas de comportamiento de los servidores públicos. En el artículo 10° se establecen 18 obligaciones de todos los servidores públicos y en los artículos 13° al 28° se establecen 10 tipos administrativos graves llamados actos de corrupción.
Así, la propuesta de Ley crea cuatro cosas:

  1. Claridad para los servidores públicos de todo el país y todos los órdenes de gobierno.
  2. Seguridad en el ejercicio de sus funciones.
  3. Parámetros claros de vigilancia y control para las autoridades fiscalizadoras y sancionadoras.
  4. Una referencia completa para la sociedad en la evaluación democrática de cada servidor público.

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Publicado por CNN Expansión
07-03-2016