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Ley 3 de 3

Si la iniciativa 3 de 3 consigue las firmas de 120 mil ciudadanos y el Congreso la convierte en Ley, México tendría una buena vacuna para prevenir escándalos de casas, contratistas y conflictos de interés. Sin embargo, el proyecto va mucho más allá de la obligatoriedad de hacer públicas las declaraciones patrimoniales, de intereses y los comprobantes fiscales de funcionarios, legisladores y servidores públicos. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, ese es su nombre técnico, representa un brusco movimiento de tapete al Estado de Impunidad.

Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, lo puso en términos llanos y revolucionarios: aprobar un sólido sistema nacional anticorrupción implica una transformación profunda de nuestra democracia. Defender la legalidad y hacerle manicure a los personajes políticos de uña larga implica un cambio de régimen. En México, la corrupción es un pecado, no un delito. Los delitos y faltas administrativas implican un castigo de las autoridades terrenales, en cambio los pecados y sus consecuencias son potestad de tribunales que no están en este mundo.

Hoy en las leyes mexicanas, la palabra corrupción sólo existe en el contexto de corrupción de menores. Uno de los problemas que más agravios causa a los ciudadanos, y más nubes negras atrae sobre el futuro de la democracia, simplemente no aparece en el texto de nuestras normas. Las leyes de nuestro país están escritas para un planeta donde la corrupción no existe.

Por primera vez en la historia jurídica de México, la Ley 3 de 3 sanciona comportamientos que no eran considerados una conducta ilegal. Por ejemplo, un presidente municipal compra un predio rural con maizales y vacas. Posteriormente, el ayuntamiento que gobierna mete pavimento y usa recursos para gestionar inversiones en electricidad, agua y drenaje. El antiguo páramo campestre es ahora un suburbio con enorme potencial para el desarrollo inmobiliario. En otros países esta conducta se conoce y tipifica como uso de información privilegiada. En nuestras leyes de responsabilidad de los servidores públicos, el uso de información confidencial no está regulado por lo cual no hay conducta que sancionar. La Ley 3 de 3 considera el uso de información confidencial como un acto de corrupción (Artículo 26) y establece con claridad la regulación del conflicto de interés, antes y después del ejercicio del cargo (Artículos 4, 10 y 11).

Néstor Moreno era director de Operaciones de la CFE en el sexenio pasado. Después de un proceso de asignar un contrato sin concurso, el proveedor de la entonces empresa paraestatal le dio al señor Moreno un yate y un Ferrari (Reforma, 30-IX-2010). El barco y el auto no estaban a nombre del funcionario, por lo cual no se pudo acreditar el soborno. Nuestras leyes actuales permiten esconder el patrimonio bajo la figura de un prestanombres. La Ley 3 de 3 considera el uso y goce de bienes como parte del enriquecimiento (Artículo 22) y sanciona la mentira y el ocultamiento de información patrimonial.

En materia de impuestos, el SAT tiene a su servicio un robusto sistema tecnológico que le permite acceder a información sobre nuestras transacciones bancarias, pagos con tarjeta e inclusive viajes al extranjero. Sin embargo, las instituciones que, en teoría, se encargan de combatir la corrupción no tienen ni las mismas facultades de investigación, ni el acceso a modernas herramientas tecnológicas. Si las autoridades que luchan contra la corrupción tuvieran entrada a las bases de datos que utilizan el SAT y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el problema de la impunidad sería más excepción y menos regla. La Ley 3 de 3 incluye estas facultades en su Artículo 53.

En la lucha contra la corrupción no hay panaceas, balas de plata, ni soluciones que se implementen de un día para otro. Sin embargo, con 3 minutos y tu firma, puedes ayudar a dar un paso importante en la dirección del cambio.

Publicado por Reforma
06-03-2016
Conoce más sobre la Iniciativa ciudadana de Ley 3de3 aquí.