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Leyes o manifestaciones

El gobierno federal y el partido en el gobierno tienen una gran oportunidad frente a sí mismos y frente a la nación para hacer creíble que la lucha contra la corrupción y la impunidad va en serio. La verdad es que han dejado pasar circunstancias y coyunturas preciosas para mostrar ese compromiso.

Como partidos de la coalición gobernante el PRI y el PVEM tienen un semillero de presuntos actos de corrupción y personajes señalados por conductas punibles con respecto a los cuales no han actuado.Desde Arturo Escobar, quien fue removido de su puesto como subsecretario de Gobernación —pero que ha sido protegido de la justicia—, hasta el gobernador de Veracruz, quien da la nota en la prensa, prácticamente, todos los días. Como gobierno, ignoraron los reclamos para poner en manos de una comisión o un fiscal especial independiente el caso de La Casa Blanca, el tren concesionado a los chinos o el asunto Capufe.
Pienso que en una democracia es inadmisible que esto suceda. Pero si este gobierno y su partido no quieren proceder en la práctica contra los suyos —y tampoco contra los ajenos— al menos podrían comprometerse con las dos leyes secundarias que deberán ser aprobadas antes del 28 de mayo, porque ese día expira el plazo que se dieron los legisladores para reglamentar la reforma constitucional en materia anticorrupción, que todos reconocimos y aplaudimos en su momento, y en la cual hubo interlocución y sensibilidad por parte de los partidos y del gobierno para escuchar los puntos de vista de la sociedad civil.
La reforma requiere de dos leyes generales: la que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta última debe definir tanto la distribución de competencias entre los órdenes de gobierno, así como las conductas que constituyen faltas administrativas graves en las que pueden incurrir los servidores públicos y las personas físicas, las sanciones que a ellas corresponden y los procesos para prevenirlas, denunciarlas, investigarlas, procesarlas y castigarlas.
Cada partido ha elaborado una iniciativa, algunos más, hasta sumar una decena de ellas. Desde la trinchera de la sociedad civil y haciendo uso del derecho a presentar ante el Congreso iniciativas de ley —previa congregación de 120 mil firmas— un conjunto de individuos y organizaciones, como Causa en Común, Transparencia Mexicana, México Evalúa, Imco, Mexicanos contra la Corrupción, CIDE y el IIJ, también elaboramos una iniciativa de Ley General de Responsabilidades Administrativas, que ya se conoce popularmente como Ley 3 de 3, aunque lo cierto es que va mucho más allá de exigir que los funcionarios públicos hagan pública sus declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y fiscal.
Este proyecto de ley no tendrá el estatus de iniciativa legal hasta que el INE coteje y valide las, aproximadamente, 120 mil firmas que son obligatorias y que, por cierto, obtuvimos en poco más de un mes. Sin embargo, no hay obstáculo legal alguno que impida que los legisladores tomen en cuenta e incorporen en sus dictámenes su contenido porque desde el 2 de febrero puede ser consultada en la página http://ley3de3.mx/ con tan sólo dar un clic. Es de suponer que el presidente de la Comisión y muchos legisladores más ya lo habrán hecho, ya que dicha iniciativa ha tenido, hasta el momento, más 32 mil descargas.
Vale la pena hacerlo. En comparación con el resto de las iniciativas, la Ley 3 de 3 parte de la concepción de que la lucha contra la corrupción no puede llevarse a cabo únicamente “considerando conductas individuales, sino también comportamientos a través de redes integradas por servidores públicos por sí mismos o con particulares” (Manifiesto sobre el SNA). Otro de sus planteamientos es que se requiere una política pública integrada y coherente para identificar, prevenir, investigar y sancionar las conductas delictivas. También expone que deben proveerse las herramientas necesarias para cumplir el cometido de combatir las causas de la corrupción en México: desde la definición de las formalidades y garantías en el procedimiento de investigación pasando por la protección de denunciantes y testigos hasta los medios de control de las decisiones de la autoridad, la participación ciudadana y el resarcimiento de los daños.
Según la información recabada para este artículo, el dictamen de las iniciativas de ley está a la vuelta de la esquina. Es posible que, incluso, se vote antes de que el INE determine que las firmas alcanzadas por los ciudadanos son las suficientes. No obstante, la iniciativa de Ley 3 de 3 estará presente en el debate porque es un trabajo serio que va al corazón de la lucha anticorrupción. Además, está elaborada por especialistas sin ningún conflicto de interés, cuyo objetivo es contribuir a disminuir la corrupción que daña al crecimiento económico, profundiza la desigualdad y deslegitima la democracia.
Las opciones están claras: O los políticos comienzan a combatir en el ámbito jurídico y en la práctica la corrupción o quizá mejor prefieran esperar a que más de 3 millones de personas salgan a la calle a exigir, como en Brasil, la caída de sus gobernantes.

Publicado en Excélsior 
19-06-2016