Artículo

Licencia para delinquir

Jalisco podría enseñarnos el camino para cerrar una ventana de oportunidad a la corrupción y la impunidad en el sector público.
Los jaliscienses están siendo atinadamente ambiciosos. Saben que el fuero en materia federal no les compete, pero también que el artículo 116 de la Constitución no les impide legislar sobre el fuero en materia de los delitos del orden común. El planteamiento es claro. Para actos constitutivos de delitos de competencia estatal a los servidores públicos de Jalisco se les terminará la fiesta de la impunidad pues, de ser aprobada la reforma, desaparecerían los juicios de procedencia.

El juicio de procedencia es conocido comúnmente como desafuero y se refiere a la facultad de la Cámara de Diputados para conocer y resolver las “acusaciones de los ciudadanos, los particulares con derecho o el Ministerio Público en contra de los servidores públicos… para ponerlos a disposición de una autoridad judicial a fin de que ésta los juzgue por delitos cometidos durante el desempeño de su encargo”. Al emitir la declaración de procedencia lo que se expresa es que existen elementos para suponer responsabilidad, que corresponde proceder contra el inculpado, que éste queda destituido de su encargo y que se pone a disposición de los tribunales competentes.

El fuero entró a la legislación mexicana en 1822 (Decreto de Inviolabilidad) y disponía que no podía “intentarse acción alguna en contra de los diputados por sus opiniones y dictámenes emitidos en el ejercicio de sus funciones”. Poco a poco fue desvirtuándose para convertirlo en un subterfugio mediante el cual se dotó de impunidad absoluta a una parte de los funcionarios públicos al impedir que fuesen perseguidos por la justicia a menos que previamente lo autorizara la Cámara de Diputados.

Durante la larga etapa de la hegemonía y después la dominancia del PRI era imposible para la oposición lograr la mayoría para que prosperara un juicio de procedencia y desaforar a un servidor público. Pero cuando la pluralidad llegó y el partido del Presidente dejó de contar con mayorías aplastantes, a la oposición le gustó también disfrutar de este privilegio. Las cosas siguieron igual y hasta el momento no ha habido fuerza política alguna que haya tomado la bandera de acotar el fuero a sus propósitos originales. Esto a pesar de que a ello se comprometieron en el Pacto por México de diciembre de 2012. La conclusión no puede ser otra que todos, absolutamente todos los partidos, quieren tener licencia para delinquir y dejarse abierta la puerta para desobedecer la ley sin temor a las consecuencias. Es obvio que el fuero no debería existir para ciertos delitos y, sobre todo, para cuando estos se cometan en flagrancia.

En la Cámara de Diputados hay más de 300 solicitudes de juicios de procedencia que se encuentran congeladas, lo que demuestra el poco interés de someter a los servidores públicos a sanciones probablemente merecidas. Los casos rara vez inician por ya no hablar de completar el engorroso trámite. En toda la historia de México sólo pueden documentarse un puñado de juicios de procedencia. De 1980 a la fecha registramos sólo cinco: el del senador Jorge Díaz Serrano (1983), el de René Bejarano (2004), el de López Obrador (2005), el de Julio César Godoy (2010) y el más reciente, el de la diputada local del PAN Lucero Sánchez (2016).

El paso que está dando el Congreso de Jalisco no es poca cosa. Según la reforma, serían mil 598 servidores públicos los que dejarían de ser inmunes en caso de cometer un delito del fuero común: desde el gobernador hasta los síndicos y concejales de los ayuntamientos. Estos delitos incluyen robo, lesiones, homicidios doloso y culposo, delitos patrimoniales, sexuales, extorsión, privación de la libertad, entre otros. Son delitos, algunos más y otros menos, que constantemente hemos leído que cometen los servidores públicos y que casi siempre quedan impunes.

La iniciativa de Peña Nieto de promover dos acciones de inconstitucionalidad en contra de los “paquetes de impunidad” de los gobernadores de Veracruz y Quintana Roo, pertenecientes a su propio partido, es de celebrarse. Es una magnífica señal en la dirección correcta. Bien podría ir acompañada de, siguiendo el ejemplo de Jalisco, una reforma constitucional para disminuir el número de funcionarios que gozan de la inmunidad que les da el fuero, para redefinirlo y acotarlo y para simplificar su procedimiento. Sería otra muestra del compromiso de los grupos parlamentarios y del Presidente en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Publicado por Excélsior
13-07-2016