Artículo

Luces y sombras

El avance de la transparencia del gobierno en nuestro país es una historia que mezcla luces y sombras. Si nos comparamos con el México del siglo XX, los progresos son notables. La cifra exacta de muertos en el terremoto de 1985 fue clasificada como secreto de Estado. El salario del presidente de la República fue información confidencial hasta el sexenio de Ernesto Zedillo. Las reservas de dólares del Banco de México se hacían públicas con la periodicidad que impone el de vez en cuando. Un gobernador estatal no tenía idea del tamaño del presupuesto de su entidad para el año entrante. Hoy, el gobierno no trataría de maquillar los decesos de un terremoto. Tenemos claros los salarios y bonos del primer mandatario. Las reservas del Banco Central se difunden semanalmente y los gobernadores tienen bastante certidumbre sobre las transferencias federales. Éstos son los argumentos para ver el vaso medio lleno.
Sin embargo, en los tres niveles de gobierno todavía hace falta avanzar mucho en la transparencia de las finanzas públicas. Hay subsidios federales que se entregan sin saber a quién. La mayoría de los estados no tiene un padrón completo de los maestros de escuelas públicas. La situación de los sistemas de pensiones estatales se guarda en un archivo con doble llave y los municipios se gobiernan en un régimen de opacidad.
En este contexto de claros y obscuros, resultan una buena noticia algunas de las exigencias de transparencia que se han incorporado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Por ejemplo, en el artículo 6 se establece que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deberá informar sobre los subsidios otorgados a los consumidores, según las distintas tarifas eléctricas. En el artículo 8 se sostiene que las entidades federativas, los municipios y delegaciones informarán trimestralmente sobre el ejercicio de los recursos federales. El presupuesto también contiene una provisión para prevenir el jineteo de la lana federal que los estados y el Distrito Federal deben transferir a los municipios y delegaciones. En el artículo 9 se afirma que a más tardar el 31 de enero se deben difundir “en medios asequibles a la población” los montos que le tocan a cada municipio y delegación, así como los calendarios de pago.
En la letra impresa todas estas obligaciones de transparencia suenan muy bien. El problema es que estas exigencias contenidas en el PEF pueden quedar como meros llamados a misa: mucho ruido de campanas pero ningún creyente cruza el umbral de la iglesia. La transparencia es una religión con muchos fieles pero pocos devotos. En las normas y los discursos, la transparencia es un principio muy venerado, pero en la práctica, la mayoría de nuestras autoridades se hace como que la Virgen le habla.
¿Quién verifica que todas las entidades y municipios entreguen los informes trimestrales sobre el gasto federalizado que cita el decreto de presupuesto? ¿Qué criterios mínimos de información presupuestal deben contener esos reportes? ¿Qué sucede si un estado no cumple con las provisiones antijineteo de las transferencias municipales? Las respuestas a estas preguntas no quedan aclaradas en el texto del presupuesto.
Este documento clave de las finanzas gubernamentales es aprobado anualmente por la Cámara de Diputados para explicar cómo se gastará el dinero público en el siguiente año fiscal. Cada año cambia el número de artículos que contiene y se modifica la redacción de los mismos. No hay ninguna garantía de que los preceptos de transparencia que aparecieron en 2011 continúen en el texto presupuestal del 2012.  Sería ideal que estas obligaciones de transparencia del Decreto de Presupuesto fueran incluidas en leyes más estables que no se modifican cada año. Así tendríamos un presupuesto menos normativo y más abocado a informar sobre la planeación del gasto de gobierno. De esta forma, el documento que aprueban los diputados se parecería más a una hoja de estados financieros y menos al reglamento de tránsito