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Moches y recortes

Por dos años consecutivos, la Secretaría de Hacienda le ha apostado a echarle más agua a los frijoles. En los presupuestos para los años 2015 y 2016, la SHCP ha calculado los precios del petróleo muy por encima de los que determinan los mercados globales de energía. Estos no fueron errores de cálculo, sino un caso recurrente de imprudencia y optimismo.

En octubre de 2014, se aprobó la Ley de Ingresos de 2015 con un precio por barril de 79 dólares. En aquel mes, el precio real de mercado fue de 75 dólares. No fue un error de cálculo, la información estaba disponible en el periódico de esa mañana. A pesar del declive en los mercados energéticos globales, el optimismo de Hacienda no menguó. Para el presupuesto de 2016, el barril se calculó en 50 dólares, pero en el mercado internacional se vendía alrededor de los 37 dólares en las semanas en que se negoció el presupuesto.

Luis Videgaray ha permitido dos presupuestos al hilo donde el petróleo se estima a un precio superior al que, en ese momento, marcan los mercados. Esta falta de cautela financiera no la había cometido ningún secretario de Hacienda en los últimos cuatro sexenios. Tradicionalmente, los antecesores en esa oficina habían preferido pecar de excesos de prudencia, antes que pagar la cruda de un recorte presupuestal. Hace menos de un mes el secretario Videgaray declaró:

"Independientemente de que suba o baje (el petróleo), habremos de cumplir con el Presupuesto de Egresos que ha sido aprobado". Unas semanas después, la realidad le ganó la partida al optimismo. El secretario Videgaray anunció recortes al gasto público por 132 mil millones de pesos.

El problema es que Hacienda hizo el recorte con las mismas patas con las que estimaron los precios del petróleo. Reforma reportó (19-II-2016) que el gasto oficial en publicidad en 2015 fue de 4 mil 357 millones de pesos. ¿También se va a recortar la autopromoción bananera del gobierno federal? Salvo las campañas de salud para prevenir el zika o el chikunguña el dinero en publicidad oficial es un desperdicio ofensivo. En México, ese obsceno despilfarro es una versión de la normalidad.

Otra enorme oportunidad de recortar el uso sin-vergüenza del gasto público es la partida de los "moches" donde los diputados se autoasignaron 10 mil millones de pesos para fortalecer la "infraestructura municipal y estatal". A razón de 20 millones de pesos al año por legislador, cada fracción parlamentaria decidirá el mejor destino de dichos recursos. Con esta partida, la Cámara de Diputados viola el principio de división de poderes, ya que ellos mismos son responsables de aprobar, ejercer y vigilar el gasto público.

El fondo de los moches es una forma de legalizar la corrupción y de domesticar con maíz a los partidos de oposición. Al auto-aprobar los recursos para el maiceo, los diputados cometieron errores no sólo de substancia, sino también de respeto a las formas jurídicas. Esta partida para costales de maíz no estaba incluida en el Proyecto de Decreto de Presupuesto que el Ejecutivo envió al Congreso. Los diputados rebasaron sus facultades constitucionales al crear esta bolsa para su propio beneficio. En el debate presupuestal, los diputados pueden mover dinero entre un ramo y otro, disminuir asignaciones, pero la ley no les otorga facultades para crear nuevos rubros de gasto. Precisamente eso hicieron con el fondo de moches.

Un grupo de organizaciones como el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, México Evalúa y el IMCO, apoyados por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, hemos interpuesto un amparo contra el desaseo jurídico que imperó al crear el fondo de los moches. Si el amparo procede ya no habrá partida para el maíz y se ayudará a la Secretaría de Hacienda a mejorar su tino con las tijeras.

Publicado por Reforma
21-02-2106