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Nada pasará. La confianza de la delincuencia

FOTO: LUIS CARBAYO /CUARTOSCURO.COM
Cuando un estudiante no cumple con sus obligaciones escolares y copia en el examen, sabe que hay una elevada probabilidad de ser reportado, reprobar y ser sancionado. Se trata de una situación claramente delimitada en la que existe una amenaza creíble de que habrá consecuencias o, mejor dicho, un castigo. Pero qué pasa cuando en un contexto más amplio y complejo, una persona comete un delito y sabe que no existe ni de lejos la posibilidad de ser denunciado ni sancionado, tal y como sí sucedería en la escuela.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) que publicó INEGI en 2018, al año previo hubo 33.6 millones de delitos, pero solamente se denunció el 6.8% (2.3 millones). Las razones del bajo nivel de denuncia no son ajenas al día a día de las personas: pérdida de tiempo, desconfianza, burocracia, maltrato de la autoridad y/o temor a extorsiones.
Más allá de esas alarmantes cifras que explican la consecuencia de un problema a partir de la percepción de las personas, y no sus causas, el mensaje parece inequívoco. El eslabón más débil de la cadena de justicia penal en México está en la etapa de procuración, en donde las víctimas prefieren no enfrentarse al riesgo de ver expuesta su integridad personal y patrimonial al denunciar un delito. En consecuencia, la delincuencia aprovecha el camino libre para circular en la impunidad.
Pero ¿qué ha hecho falta para contener ese problema después de ocho años de implementar (o al menos eso se reportó) un nuevo sistema de justicia penal y a tres años de su entrada en vigor? Porque si algo muestra hoy la creciente espiral delictiva que hay en el país, es que esos 11 años de esfuerzo no fueron una solución eficaz.
Ni la seguridad ni la justicia llegan a las personas por decreto. Para lograrlo, se requiere un esfuerzo mucho más importante que involucra, por una parte, la generación de evidencia documentada que refleje las necesidades reales de víctimas al activar el aparato estatal para proteger su persona y patrimonio, pero también urge voltear a atender, sin ocurrencias, la situación de los policías, defensores, peritos y ministerios públicos que hoy están rebasados por la carga de trabajo, mal capacitados (ya sea en el sistema de justicia penal o en materias vinculadas que hoy deben ser ejes transversales del servicio público como género, derechos humanos, inclusión, entre otras), sin material y equipo de trabajo suficiente, con bajos salarios y sin prestaciones laborales adecuadas.
El problema de procuración de justicia requiere pensar fuera de la caja. Con esta visión, en 2017 encabecé los esfuerzos para diagnosticar el problema a través de una auditoría social en Morelos, en la cual se analizaron 822 expedientes para delitos de robo y homicidio cometidos entre 2005 y 2015. A su vez, se realizó una evaluación a 280 operadores del sistema de procuración de justicia para entender cuáles son sus necesidades.
Es imperante atender la situación actual en donde los delincuentes pueden ser quienes más confianza tienen en el sistema de justicia mexicana, pues a diferencia de lo que sí ocurre en las escuelas, a ellos no les pasa nada.
Publicado por Milenio
15-08-2019