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Necesitamos instituciones fuertes (1)

El primer lustro de los noventa despertó gran optimismo en México.  Estábamos dando los pasos requeridos para modernizar la economía y hacerla crecer más velozmente.  Se renegoció la deuda internacional en condiciones bastante favorables para el País; se puso en marcha la privatización de un gran número de empresas paraestatales que eran un lastre para la economía.  El gobierno federal también reconoció que era indispensable que México se incorporara a la economía global.  Para ello se puso en marcha un proceso que inició con la incorporación al Acuerdo General de Comercio y Aranceles (GATT por sus siglas en inglés) y culminó con la negociación del TLC con nuestros dos vecinos del norte. 

También se llevaron a cabo varios proyectos complementarios de gran importancia: Se inició la descentralización del gasto federal a los estados y municipios y se redefinieron los vínculos entre los sindicatos y el gobierno federal y las estructuras corporativas que se utilizaban para controlar al sector privado.  El objetivo de estas medidas era eliminar la subordinación de los gobiernos locales y estatales al gobierno federal y propiciar que fueran las fuerzas del mercado las que asignaran los recursos en la economía. 

Faltó imaginación, tiempo y capital político para completar todas las tareas pendientes.  Por ejemplos, muchos analistas querían aprovechar la inercia de cambio para llevar a cabo una reforma profunda del sector energético del País.  Se discutió la posibilidad de privatizar varias de las funciones del sector eléctrico y de PEMEX.  Estos proyectos no prosperaron; pero en su lugar se pusieron en marcha ambiciosos proyectos de modernización de PEMEX y CFE que rindieron frutos económicos significativos. 
Algo parecido sucedió en el caso de la propiedad comunal en el campo.  La reforma que se instrumentó en el sector fue insuficiente, pero mucho peor hubiera sido no hacer nada. 

Estos cambios y otros tantos que se hicieron durante ese periodo apuntaban en la dirección correcta.  El País daba pasos agigantados hacia la modernidad.  ¿Qué pasó?  ¿Qué fue lo que interrumpió el momento de cambio modernizador?

Yo atribuyo la pérdida de momento a tres circunstancias, dos de las cuales no estaban bajo el control del gobierno federal.  El primer golpe al proceso de modernización fue la crisis político-económica de 1994.  Esta columna no es el espacio apropiado para repasar cómo las convulsiones políticas que acompañaron a la sucesión presidencial contribuyeron a la crisis cambiaria y bancaria de ese año.  Pero retrospectivamente es obvio que la crisis político-económica de ese año minó la fuerza política de los grupos modernizadores dentro y fuera del PRI y daño la legitimidad política de la modernización económica. 

El siguiente descalabro de la modernización fue el resultado de la combinación de efectos económicos que derivaron de la recesión económica de EUA de principios de este siglo y la adhesión de China a la OMC.  Entre 1994 y 2002, la situación comercial de México era excepcionalmente favorable.  La nuestra era la única economía en vías de desarrollo que tenía acceso privilegiado a los mercados americanos.  Pero esto cambió cuando la recesión debilitó el crecimiento de las exportaciones mexicanas; la puntilla fue la incorporación formal de China a la economía global.

Pero el tercer golpe a la modernización de la economía no fue culpa ni de la fortuna ni de la conducta de políticos malosos.  El gobierno federal no invirtió lo suficiente en la creación de instituciones reguladoras y jurídicas de la calidad y tamaño requerido para gobernar los recién liberados mercados de factores, productos y servicios.  Por ejemplo, se transformó el mercado de las telecomunicaciones creando opciones para que sin incorporaran competidores, pero sin asegurar que SCT, COFETEL y el sistema judicial contaran con las herramientas administrativas y judiciales requeridas para resolver los conflictos que la apertura induciría.  El sector de telecomunicaciones no fue la excepción, lo mismo sucedió en el mercado de energía, en el laboral, vaya, hasta en el mercado político. 

La situación actual refleja esta circunstancia.  Como no se construyeron instituciones regulatorias de la calidad necesaria para canalizar el cambio y resolver conflictos, muchos mercados operan sin que los contrapesos institucionales requeridos para evitar abusos y regular las conductas de ciertos competidores.  Dimos grandes pasos en la dirección correcta, pero sin invertir lo suficiente en la construcción de instituciones para sustentar y conducir las nuevas estructuras de la economía del País. 

Roberto Newell G. es Economista y Vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C..  Las opiniones en esta columna son personales.