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Necesitamos Instituciones fuertes (2)

La principal debilidad actual de México es la falta de instituciones fuertes para contrarrestar la influencia excesiva de los principales grupos de poder económico y político del País. México transitó de un sistema político que concentraba las principales funciones de autoridad y regulación económica en la Presidencia, a un sistema político que eliminó la autoridad omnímoda de la Presidencia pero sin establecer la red de instituciones requeridas para gobernar el funcionamiento de los mercados de bienes y servicios.

Los grupos de poder aprovecharon este vacío de autoridad para proyectar su poderío.  Muchas de las cuestiones que anteriormente se resolvían en Los Pinos actualmente no tienen dueño.  Ha pasado más de una década desde que el País adoptó la estructura política actual, pero en el marco institucional aún hay grandes lagunas jurídicas sin llenar que son aprovechadas sistemáticamente por los principales grupos de poder. 

Ninguno de los organismos reguladores funciona óptimamente, pero en algunos casos las debilidades institucionales son tan grandes que ponen en peligro el funcionamiento de los mercados que supervisan.  Dos casos notorios los tenemos en COFETEL y la CRE, pero todos los organismos reguladores tienen debilidades jurídicas y técnicas que urge resolver.

En el Senado actualmente se debate un paquete de reformas que modificara algunos aspectos de cómo operan estas instituciones.  Celebro y comparto la preocupación de los Senadores que lideran esta iniciativa. 

Si estuviera en su lugar pondría especial atención en cuatro cuestiones críticas:

1. Que la misión de cada institución sea clara y objetiva.
2. Que los organismos cuenten con las facultades requeridas para cumplir                                       su misión
3. Que los organismos tengan autonomía jurídica, económica y política para actuar con independencia y objetividad en los casos que resuelven
4. Que se les dote de los recursos económicos para que puedan atraer y retener personal profesional de clase mundial.

Cada una de estas cuestiones debe de ser evaluada detenidamente para asegurar que hay congruencia entre lo que se espera de cada institución y las facultades e instrumentos con tienen para cumplir sus funciones.

El punto de partida de este análisis debe ser una evaluación detallada de la misión institucional.  Entre más sencilla y concreta, mejor.  Por ejemplo, la página electrónica de COFETEL comunica la siguiente misión: “Que todos los mexicanos tengan acceso a servicios integrales de telecomunicaciones, prestados en un ambiente de sana competencia y donde prevalezcan condiciones propicias para el desarrollo de mayor infraestructura,  la eficiente prestación de los servicios y la introducción de nuevas tecnologías.” 

Yo no encuentro nada que objetar en los contenidos de esta definición.  Pero, la misión descrita no es ni sencilla, ni concreta y puede causar confusión en la prelación de objetivos.  Si todo en el sector estuviera funcionando bien, esto quizá no fuera importante, pero bajo las condiciones actuales, tratar de cumplir tantos objetivos simultáneamente puede causar que no se logre la misión mas importante.  (Por cierto, no la traigo con COFETEL;  la misión de la CRE es aún más compleja y difusa.)

También conviene repasar si las instituciones reguladoras tienen las facultades y herramientas que requieren para cumplir sus misiones respectivas.  Todo apunta a que la situación actual es sub-óptima.  Por ejemplo, la CRE debe asegurar que los precios en los mercados que regula sean competitivos, pero está imposibilitada de cumplir esta misión puesto que no cuenta con facultades para determinar los precios de los refinados y la electricidad.       

Los organismos también deben contar con autonomía jurídica, económica y política.  Para maximizar el impacto de sus funciones y minimizar el riesgo de captura es indispensable que sean autónomas cuando interpretan las leyes que les corresponden.  Esto solo lo pueden lograr si los nombramientos clave y los presupuestos de operación de cada institución están fuera del ciclo político.  El riesgo de captura y politización nunca se eliminará por completo, pero la autonomía institucional es la mejor salvaguarda disponible.

Resta una cuestión más.  Para que cada institución pueda cumplir su misión es indispensable que cuente con personal profesional altamente calificado y adecuadamente compensado.  El impacto económico de las decisiones que toman estos funcionarios es enorme.  Por ello, tanto para atraer al mejor talento disponible como para retener a los profesionales más valiosos es indispensable que la estructura de remuneración sea razonablemente competitiva. 

Actualmente, la principal debilidad de la economía es sus instituciones reguladoras.  Urge aprovechar la oportunidad que ofrece la reforma del Estado que se negocia para perfeccionar su diseño.

Roberto Newell G. es Economista y Vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.  Las opiniones en esta columna son personales.