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No cumplo ¿y qué?

María Amparo Casar | @AmparoCasar
La idea de sistema hace referencia a un conjunto de elementos interdependientes que interactúan y operan en armonía con un mismo propósito. Lo hace con base en reglas o normas que regulan su funcionamiento. Si alguna parte falla, el sistema comienza a enfermarse.
Con este principio se creó en 1996 un sistema electoral robusto que por un tiempo fue perfeccionándose aunque a últimas fechas ha sufrido una sobrecarga y una politización tales que han acabado por hacerlo disfuncional. Muchos factores han contribuido a la disfuncionalidad: los enfrentamientos entre las dos principales autoridades electorales (INE y Tribunal) que no parecen trabajar para un mismo propósito, el exceso de funciones atribuidas al INE que más que en administrador del proceso electoral lo han convertido en regulador, censor, procurador, investigador e impartidor de justicia, la representación de los partidos en el Consejo General (¿en dónde se ha visto que el regulado sea parte del órgano central de los reguladores?) o la sobrerregulación.
Pero de entre todos los elementos que han militado en contra del prestigio y de la eficacia del sistema electoral a los que mayor responsabilidad les corresponde es a los partidos y sus candidatos. No solamente se han dedicado a crear cada vez más reglas haciendo imposible el funcionamiento del sistema sino que además, una vez formuladas, su deporte favorito ha sido darles la vuelta o violarlas abiertamente cobijados en la certeza de la impunidad.
No hay sistema que pueda operar en armonía cuando el propósito de todas sus partes es distinto y cuando sus reglas de funcionamiento no se respetan. Los partidos eluden sus obligaciones y violan las reglas, las autoridades no se ponen de acuerdo en la interpretación de las normas ni en las sanciones correspondientes, los gobiernos desvían recursos para apoyar a sus candidatos y todos invocan la politización de la justicia.
Una de las exigencias más significativas de todos los partidos, especialmente de los perdedores en cada contienda, ha sido la de la fiscalización.
Atendiendo a esta demanda, principalmente de los partidos de izquierda, los legisladores impusieron y el INE implementó un sistema muy sofisticado que depositó en la Unidad Técnica de Fiscalización. Se trata del Sistema Integral de Fiscalización mediante el cual se pretende dar seguimiento en tiempo real a las operaciones de ingresos y gastos de campaña de los candidatos de partidos nacionales y locales, alianzas y candidatos independientes. Todos ellos son sujetos obligados por ley y tienen el deber de registrar sus operaciones en línea y presentar los informes de campaña de los 880 millones de pesos de financiamiento provenientes del erario o sea, de nuestros impuestos. Es obvio que para que el sistema funcione los partidos y candidatos tienen que hacer su parte: cargar en la plataforma sus ingresos y egresos durante los dos meses que duran las campañas. Pues bien, habiendo transcurrido casi un mes de campañas, el cumplimiento de esta obligación que los mismos partidos se autoimpusieron no ha ocurrido.
Si contamos todos los cargos a elegir en las 14 entidades en las que habrá elecciones, el 82% de todos los candidatos simplemente no ha cumplido con esta obligación. O sea, de los tres mil 385 candidatos dos mil 776 no han presentado ningún reporte de gastos de campaña. Hay de dos: o las campañas no cuestan ni un centavo o los candidatos se abstienen de rendir cuentas a sabiendas de que la impunidad prevalecerá. Ningún partido se salva, pero sorprende que Morena, quien más ha impugnado la inequidad en las contiendas por falta de fiscalización, se encuentre por encima de la media de incumplimiento (86%) y que los independientes que, se supone, no cargan con los vicios de los partidos apenas la alcancen con justo el 82%. Los candidatos a gobernador son menos incumplidos, pero también violan los preceptos que harían posible la fiscalización de sus campañas: el 43% no informa.
En el reglamento de fiscalización se prevén sanciones. No están estipulados los montos de las multas, pero basados en la experiencia, éstas no alcanzan a inhibir prácticas ilegales.
Si el INE llegara a proponerlas y el Tribunal no llegara a decir que les parecen desproporcionadas como ha sido su costumbre últimamente, de todas formas los candidatos harían su análisis de costo-beneficio y habrían decidido que saltarse la rendición de cuentas acarrea mayores beneficios que costos.
Como suele ocurrir en este país y como bien expresó el consejero Murayama: “Los partidos políticos han diseñado un exigente modelo de fiscalización. Les honra. Pero no basta con disponer de leyes, hay que cumplirlas. Es preciso ir de las buenas normas a las buenas prácticas”.
El sistema no puede funcionar cuando las partes que lo conforman no operan en armonía, con un mismo propósito y con reglas previamente acordadas que regulan su funcionamiento.
La colusión de los partidos para boicotear la rendición de cuentas está más que probada. Si la pena máxima fuera la cancelación del registro de los candidatos, en las elecciones de 2016 nos quedaríamos, en el mejor de los casos, con el 18% de ellos. El resto quedaría impedido.
Publicado por Excélsior
11-05-2016